Diego Sánchez de la Cruz analiza la nueva aberración impositiva planteada por Ximo Puig (PSOE Comunidad Valenciana) en contra de Madrid, en otro intento de tapar su funesta gestión económica.
Artículo de Libre Mercado:
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig | Cordon Press
Ximo Puig vuelve a la carga. El presidente autonómico valenciano vuelve a proponer que se aplique algún tipo de castigo fiscal a Madrid y, esta vez, en vez de abordar la cuestión por la vía de la armonización, lo hace exigiendo un tributo especial que se cobraría a la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso, "para compensar el efecto capitalidad" y generar un "reequilibrio" económico que resarza a otras comunidades que, según Puig, sufren las consecuencias del "dumping fiscal" de Madrid.
La propuesta de Puig tiene un dudoso encaje legal, puesto que choca frontalmente con principios elementales de nuestro modelo constitucional, nuestro esquema territorial y nuestro sistema de financiación y recaudación autonómica. Pero, más allá de esta cuestión, hay muchos otros fundamentos por los cuales se debe rechazar la propuesta del gobernante socialista valenciano.
Para empezar, si Puig considera que la capitalidad otorga ventajas económicas, entonces debería tomar medidas dentro de la Comunidad Valenciana. Por un lado, debería aplicar un impuesto a las capitales de las tres provincias de su región: Alicante, Castellón y Valencia. De esta forma, lograría un "reequilibrio provincial". Por otro lado, tendría que aplicar otro impuesto sobre Valencia, por ser la capital autonómica. De esa manera, se conseguiría el "reequilibrio regional". Evidentemente, esto es absurdo, pero simplemente se trata de trasladar al plano valenciano la misma lógica que está empleando Puig en clave interautonómica.
En segundo lugar, el gobierno valenciano debería identificar cuál es la base imponible sobre la cual se debe cobrar "efecto capitalidad", puesto que de lo contrario no quedaría clara cuál es la base imponible que se pretende gravar. Y he aquí un problema mayúsculo: el propio Ximo Puig encargó al IVIE valenciano que elaborase un informe sobre el modelo económico y fiscal de Madrid y dicho documento reconoce que el despegue de la región que gobierna Díaz Ayuso es reciente y, por tanto, no está ligado a una capitalidad que Madrid ostenta desde hace siglos. De modo que parece imposible determinar cuál es la realidad que se pretende gravar, lo que a su vez hace que la idea de cobrar un impuesto a la capitalidad carezca de sentido alguno.
Otra cuestión que también debería preguntarse Puig es hasta qué punto la capitalidad solo estaría otorgando ventajas a Madrid. ¿Acaso las grandes capitales no tienen más problemas de movilidad, de contaminación o de seguridad? Además, en los informes que ha realizado la OCDE se puede ver que Madrid es una de las capitales que menos ventaja tiene en relación con la renta media de su país, y dicha "brecha" solo ha crecido con fuerza en las últimas décadas, en las que las reformas liberales de Madrid y la parálisis burocrática de muchas otras comunidades han generado una creciente diferencia en materia de crecimiento.
El cuarto punto que parece ignorar Puig es que Madrid es la "vaca lechera" del sistema de financiación. Más del 70% de la "hucha común" que financia los servicios básicos proviene de las aportaciones que hace la comunidad de la Villa y Corte. Por tanto, si se llegase a aprobar el sinsentido de cobrar a Madrid un impuesto de estas características, lo coherente sería reducir de forma equivalente la aportación que hace la comunidad gobernada por Díaz Ayuso a las cuentas del sistema autonómico.
Y, no lo olvidemos, aunque en ocasiones se intenta afirmar que la capitalidad otorga a Madrid la ventaja de contar con más empleo público, con todo lo que eso supone en términos de estabilidad laboral o de prima salarial respecto al sector privado, lo cierto es que, desde la creación del Estado Autonómico hasta hoy, en Madrid se ha reducido del 19% al 15% el peso de los servicios públicos sobre el VAB regional, mientras que en toda España ha ocurrido lo contrario y dicho indicador ha crecido del 14% al 18%. No solo eso, sino que el número de empleados públicos sobre el total de trabajadores es un 10% menor en Madrid que en toda España. En Madrid lo que hay es menos Estado y más Mercado.
De modo que la propuesta de Puig no es más que un sinsentido que merece ser total y absolutamente descartado. Haría bien el socialista valenciano en emular el modelo liberal madrileño en vez de continuar subiendo impuestos y aumentando la burocracia. De esa forma, no tendría que financiar el decadente desempeño de su autonomía a base de castigar el éxito liberal de Madrid.
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