Canadá obligará a eliminar una ley por cada nueva ley aprobada

La sobrerregulación es uno de los males endémicos de las sociedades actuales, y en particular España, es un caso notorio, con la actual hiperinflación legislativa que padece, que implica que se emitan más de un millón de folios de regulaciones y leyes al año en las páginas del BOE.

Una auténtica locura que provoca elevadísimos costes regulatorios para las empresas, encarecimiento de los procesos productivos y productos, menor empleo, falta de transparencia, mayor dificultad para hacer negocios y emprender, inseguridad jurídica, huida de capitales o renuncia a invertir en el país, contradicción de normativas y leyes, elevada burocracia y personal superfluo, incremento de la corrupción, mayores impuestos para compensar dichos gastos (y por tanto menor productividad, ahorro e inversión y menor poder adquisitivo en las familias)...

A este respecto, Diego Sánchez de la Cruz muestra en el siguiente artículo el positivo paso dado por Canadá, que obligará a eliminar una ley por cada nueva ley aprobada ("Ley de reducción de Burocracia" en un país en el que se estima que las distintas normativas vigentes en la actualidad tienen un coste total de 28.000 millones de euros).

Artículo de Libre Mercado:

 

Desde hace dos décadas, Canadá ha dado un giro de 180 grados en lo tocante a su planteamiento económico. Si hasta mediados de los 90 el país norteamericano se caracterizó por desarrollar un modelo de crecimiento en el que el Estado llevaba la voz cantante, los veinte últimos años han supuesto un progresivo movimiento hacia posiciones liberales, al hilo de fuertes recortes del gasto y los impuestos.

Esta apuesta irá a más en los próximos años como consecuencia de la nueva ley contra la sobrerregulación que acaban de aprobar las autoridades canadienses. La norma en cuestión, conocida como la Ley de Reducción de la Burocracia, acaba de entrar en vigor. ¿Qué supone esta nueva regla? En esencia, que por cada nueva ley aprobada, será obligatorio eliminar una de las que ya estén vigentes.

Tal y como ha explicado el ministro Tony Clement, "Canadá es el primer país que adopta una medida así. Durante años, esta máxima ha estado vigente a la hora de desarrollar nuevas leyes. En paralelo, también se ha procurado que cada nueva norma vaya emparejada con un estudio de los costes que acarrea".

La sobrerregulación no es un problema menor: en Canadá, la Federación de Negocios Independientes cree que las distintas normativas vigentes en la actualidad tienen un coste total de 28.000 millones de euros (equivalentes a unos 37.000 millones de dólares canadienses).

Evidentemente, es imposible acabar con todos estos gastos derivados de las leyes, pero el citado estudio sí ve realista un recorte equivalente al 30% que supondría un ahorro de casi 9.500 millones de euros al año. Este tajo se conseguiría acabando con requisitos burocráticos que no afectan a los aspectos más esenciales de las leyes de protección empresarial.

Existe un precedente que apoya la tesis de la Federación de Negocios Independientes: en la Columbia Británica, una de las provincias del país canadiense, una iniciativa de desregulación ha permitido que el coste de las regulaciones empresariales dependientes de dicha instancia gubernamental haya caído un 40%.

El Gobierno nacional es consciente de esta oportunidad para el crecimiento. El primer ministro, Stephen Harper, ha llegado a afirmar que las regulaciones son, a menudo, "un asesino silencioso que mata miles de empleos". Los estudios le dan la razón: uno de cada cuatro empresarios confiesa que solamente por las regulaciones no cree que recomendaría a sus hijos que sigan sus pasos y se dediquen a ser empresarios.