Juan Rallo sobre las consecuencias de los errores políticos, y quienes los soportan.
Afirmó Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, que "gobernar es errar". Sin duda, es de agradecer que el líder socialista reconozca la inexorable falibilidad de los poderes públicos, pero ni siquiera debería ser necesario hacerlo. El conocido aforismo latino de errare humanum est ya pone de manifiesto que el error es consustancial al ser humano, y a menos que Pedro Sánchez estuviera implícitamente sugiriendo que los gobernantes se hallan por encima del común de los mortales, el comentario resulta redundante. Claro que los políticos se equivocan: lo sobrenatural sería que no lo hicieran.
Acaso, empero, convenga remarcar que el aspecto más relevante del error político no es que se produzca, sino el modo en que lo hace. Cuando cualquier persona se equivoca, los costes y las pérdidas vinculadas a su error son soportados por ella misma. La responsabilidad consiste justamente en aceptar las consecuencias de nuestras acciones, en no descargar ni culpas ni destrozos sobre terceros inocentes. En teoría económica, de hecho, suele considerarse un fallo del mercado el que existan externalidades negativas, esto es, costes que no son soportados por la persona que los genera sino por otras.
¿Quiénes son los perjudicados?
Los políticos, en cambio, sí son capaces de trasladar el coste de sus errores sobre el conjunto de la ciudadanía; basta pensar en quiénes son los perjudicados últimos de fiascos tales como inversiones públicas fallidas, emisión masiva de deuda pública, aranceles exteriores, regulaciones limitativas de la libertad, licencias o concesiones.
Habiéndose arrogado un poder cuasi omnímodo para decidir sobre nuestras vidas y haciendas, los políticos no sólo tienden a equivocarse, sino que detentan la prebenda de convertir a la sociedad en responsable solidaria de sus entuertos.
Lo que en un mercado libre se considera inaceptable y causa de actuación inmediata por parte del Estado -el que las consecuencias de la actuación de una persona repercutan adversamente sobre otra que no está obligada a soportarlas-, en el Estado moneda de curso legal: los errores de los políticos devienen estructuralmente carga compartida del conjunto de la sociedad.
Acaso se replique que esta caracterización predatoria de la política es injusta, que a la postre los políticos son nuestros "representantes" y que sí terminan pagando por sus errores a través de las urnas. Pero semejante réplica no es satisfactoria.
Primero porque, salvo por una más que dudosa transubstanciación democrática, los gobernantes sólo representan en rigor a quienes los votaron no a quienes no lo hicieron: nadie debería estar obligado a pagar por los errores de aquel gobernante a quien decidió no escoger.
Zapatero o Rajoy sólo representaban a sus no electores porque la ley obligaba a que fuera de ese modo, no porque así lo dispusieran y aceptaran sus no electores. La representación no consentida no justifica que el involuntariamente representado pague los errores de su no deseado representante: más bien, es la demostración más clara de que los políticos son capaces de externalizar sus errores con impunidad.
Lo mismo sucede con la responsabilidad política que supuestamente asumen los gobernantes ante las urnas. En unas elecciones ni existe garantía de que los errores vayan a ser castigados (un político puede arruinar a un país, corromperse en beneficio propio y maltratar a minorías sociales y, aun así, salir reelecto) ni es proporcionado que toda la responsabilidad por sus errores deba limitarse a no renovar en el cargo público (¿la responsabilidad por el hiperendeudamiento que nos legaron Zapatero y Rajoy debe limitarse a que dejen de ser presidentes del Gobierno con una jubilación dorada?). El daño generado no guarda relación alguna con la sanción que acaso ni siquiera reciban.
Los malo se sociabiliza
Por consiguiente, no: los gobernantes yerran porque son seres humanos pero, a diferencia del resto de seres humanos, no asumen responsablemente los errores de sus propias decisiones, sino que los trasladan sobre otras personas que no deberían estar obligadas a soportarlos. Eso, y no otra cosa, es la política estatal: una masiva socialización de pérdidas impuesta sobre el conjunto de ciudadanos por un grupo de personas irresponsables que se arrogan la autoridad para gobernarnos a todos.
Si los políticos yerran y las consecuencias de sus errores las pagamos todos y no sólo ellos, tal vez va siendo hora de que nos dejen tomar las riendas de nuestras propias vidas: de que nos permitan desligarnos de las caprichosas decisiones que toman los gobernantes y de que podamos asumir la responsabilidad de aquellas acciones personales que voluntariamente decidimos emprender. En definitiva, libertad y no servilismo.
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