Más pasitos (y son incesantes) hacia un Estado Omnipotente, hacia un Estado policial en el que el ciudadano es castigado represivamente por más motivos y causas según decida el gobernante, reprimiendo de manera creciente la libertad del individuo.
Y es que ayer era aprobada dicha ley "Para la protección y seguridad ciudadana", donde se legitiman verdaderas sanciones que van desde los 100 hasta los 600.000€, con una desproporcionalidad entre las mismas fuera de toda lógica (aunque precisamente destacan la "proporcionalidad de las mismas" así como su "idoneidad y necesidad". Pero si proporcional es tomar como leve una amenaza, vejación o coacción a una persona o familiares y grave una opinión contraria a lo que el Poder decide...
Y la casuística al respecto de la opinión es tan grande que en manos de un poder liberticida (que mata o destruye la libertad) puede llevar a auténticas atrocidades y a provocar la autocensura más escandalosa si te sales del "buen camino" (incluyendo a medios, blogs...) como ya denunciaba con el intento de instauración de la "ley mordaza" de Pajín, que finalmente no llegó a buen puerto, afortunadamente.
Pero siempre te lo intentan vender por tu bien, empleando el truco de incluir cosas razonables (atentados contra bienes públicos...) con otros elementos contrarios a lógica en un Estado democrático (reuniones, manifestaciones contrarias al Poder, opiniones y manifestaciones libres en ejercicio de tu libertad de expresión que sea contrario a lo que lo "políticamente correcto" establezca que se puede decir...).
Siempre te lo venden por tu "seguridad", o por "proteger el ejercicio de tus derechos y de tus libertades", cuando se produce todo lo contrario, dejándote más indefenso, coartando brutalmente tu libertad de acto, de opinión y expresión, atándote en mayor medida y en corto para blindar el poder Estatal y establecer el "pensamiento único", la corrección política, en detrimento del ciudadano, cada vez más indefenso, más dirigido, menos libre.
Y esta ley implica dejar a manos del gobierno de turno las sanciones y penas que antes y que hoy debieran estar en manos de los tribunales. Una vuelta de tuerca más a la politización de la justicia, convertida en una mera prolongación del Parlamento, dependiente del poder, y acabando así con un principio básico de una democracia liberal: la separación de poderes y el poder limitado, lo que nos acerca aún más a un poder dictatorial y autoritario.
Hechos que debieran por otra parte alegrar a los que quieren y exigen más Estado y menos mercado (más coacción y sometimiento frente a más cooperación e intercambio voluntario).
No hay comentarios:
Publicar un comentario