Un ilustrativo artículo que muestra el porqué son una ruina todas las TV públicas y los motivos por el que los poderes públicos no deben dedicarse a ello.
Artículo de El Economista:
"Ni los estados, gobiernos o autoridades otorgan o establecen derechos, tan sólo los limitan, ni tampoco nos proporcionan beneficios sociales o protección frente a contingencias tales como la enfermedad, el paro o la posibilidad de jubilarnos y la educación. En el laboratorio de la historia, primero son los derechos, primero es la riqueza y el desarrollo, y luego la posibilidad de que el poder nos cuente eso de que hay que redistribuir y que él va a repartir.
No son los poderes públicos los que crean riqueza y desarrollo, si bien es cierto que pueden contribuir, o no, a que los individuos lo hagamos. Los derechos fundamentales van con nosotros, como personas, y somos nosotros quienes los establecemos, siendo previos a cualquier forma de organización social. Incluido el derecho a buscarnos la vida o nuestra felicidad, que entraña, entre otros, el derecho al trabajo o a la vivienda, que nunca son derechos a que otros nos den o paguen esos frutos, bienes o servicios esquilmando sus posibilidades y haciendas.
Por no hablar de la educación o sanidad que han existido mucho antes que el Estado y eran provistas, claro está con las limitaciones existentes para la vida en general de cada período, de forma privativa o individual y no por los poderes de la época.
Viene todo ello a colación de la provisión pública, despojando dinero ajeno y como fórmula redistributiva, de información, entretenimiento o cultura, que eso es lo que hacen -cuando lo hacen- las televisiones. Aquí, todavía, sigue pareciéndonos un atentado a la libertad de información que existan medios de comunicación públicos en prensa (tipo Pravda o Arriba), pero no en la radio o televisión.
Toda unidad productiva o empresa que se rija por criterios políticos o de poder y no estrictamente económicos será la ruina para una sociedad porque su rentabilidad será política y atenderá a los intereses de los grupos privados que la controlan (políticos y sindicatos), pero nunca tendrá una rentabilidad económica que vierta o retorne sus réditos a la sociedad, como hacen las empresas privadas.
Millones de euros dilapidados
El resultado son millones de euros dilapidados año a año, tanto de fondos transferidos y subvenciones como de deudas acumuladas que, periódicamente, quedan endosadas o absorbidas por los gobiernos autonómicos o por los Presupuestos Generales del Estado, como los más de 7.500 millones de deuda acumulada en RTVE que asumió el Gobierno de Rodríguez Zapatero en su reforma, los más de 1.000 millones de euros en concepto de costes de prejubilación establecidos en el acuerdo del plan de ajuste aprobado por aquel Gobierno o los 572 millones extra otorgados por su aceptación.
Sólo en 2013, se calcula que las televisiones públicas recibirán 1.200 millones, de los que RTVE se lleva 292. Mientras tanto, en los presupuestos de esos entes, cuando los hacen públicos, computan como ingresos las subvenciones directas que obtienen de los diversos organismos públicos para así ocultar una deuda real o un desastre de explotación más abultado del que consignan.
Además, en el caso autonómico, están los pagos o transferencias con dinero público que se realizan a esos entes en concepto de "otros ingresos" y que se corresponden con publicidad institucional u otros servicios que las administraciones públicas "compran", tales como convenios concretos (el metro, un museo, una consejería determinada...), patrocinios de ciertos programas e incluso coproducciones y derechos sobre una serie o un documental. Ventas que, de facto, maquillan las cuentas reales, la viabilidad y los costes e ineficiencias de las teles.
Los gritos corporativistas, interesados y sin el mínimo respeto por el contribuyente proferidos contra el cierre de RTVV o las denuncias sobre continuas presiones políticas en la labor de los trabajadores se tornan en argumentos a favor del cierre de estos nichos de paniaguados y grupos de presión (en absoluto digo que todos sus trabajadores lo sean) al calor del poder.
Tampoco se sostienen argumentos culturales o de defensa del idioma, entre otras cosas porque cultura e idiomas existen mucho antes de que los poderes públicos o sus medios de propaganda apareciesen y los ciudadanos, los individuos y la iniciativa privada no sólo son su origen, sustento y apoyo sino que bien pueden proveer de canales o programas que se ocupen de tales intereses de las gentes.
El sector público, los gastos de las Administraciones Públicas, están sobredimensionados y, tras haber crecido un 33% o 50%, según los casos, es preciso retornar a niveles previos a la crisis sin que por ello tengan que verse mermados los servicios o prestaciones, que no eran malos en 2007 o 2008. No vale tampoco el argumento de los que van al paro, máxime cuando el sector privado ha hecho en este tiempo un ajuste de caballo. La solución al paro o a la caída del PIB no es, como sabemos de sobra, que el sector público se ponga a producir y emplear a todos. Eso conduce a la miseria de las sociedades y a la pérdida de nuestra libertad.
Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Universidad Complutense de Madrid."
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