Los 7 costes que el Gobierno debe rebajar a a las empresas.

Pablo Cerezal analiza 7 diferentes reformas necesarias que permitan abaratar los costes de las empresas mejorando la competitividad y la creación de empleo:


Artículo de Expansión:

"La estrategia del Ejecutivo para salir de la crisis pasa por una devaluación competitiva, pero ésta no tiene por qué consistir sólo en bajar los costes laborales. Es lo que aconsejan los expertos e instituciones de todo el mundo, como el director de Asuntos Monetarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), José Viñals, que recientemente declaraba a EXPANSIÓN que España debía concentrarse en “reformas que abaraten los costes para las empresas”. Bruselas mantiene la reclamación de que deben hacerse más reformas (ver página anterior), y el Gobierno lo sabe. De hecho, la ministra de Fomento, Ana Pastor, incidió hace poco en la necesidad de rebajar los costes logísticos, vinculados al transporte, y se marcó el objetivo de reducir esta factura en un 10% en los dos próximos años. 

El problema es que el Gobierno tiene las manos atadas a la hora de reducir los mayores sobrecostes. “Las empresas españolas parten con desventaja en tres grandes áreas: las cotizaciones sociales, la energía y la financiación”, explica Rafael Pampillón, profesor del Instituto de Empresas y la Universidad San Pablo CEU. Y es muy difícil atacar cualquiera de estos costes sin acometer una disminución sustancial de los gastos en otras partidas ni renunciar al objetivo de combatir el déficit. 

1 Las cotizaciones sociales. Este tributo supone el 27,9% del coste laboral, una de las cifras más elevadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que la sitúa un 20% por encima de la media. El problema, sin embargo, se agrava porque las rentas más altas tienen un tope de cotización por encima de un salario bruto de 3.425 euros al mes, pero las rentas más bajas llegan a cotizar casi una tercera parte de su salario. Estas rentas suponen el núcleo más grande de trabajadores de la mayoría de las empresas, y eso les pone en desventaja frente a sus competidoras de la OCDE. 

El Círculo de Empresarios ha propuesto en reiteradas ocasiones reducir las cotizaciones sociales hasta en cinco puntos, pero las pretensiones del Ejecutivo son mucho más modestas. En principio, el Ministerio de Trabajo prometió bajar un solo punto, pero hace un año renunció al objetivo. La ministra del ramo, Fátima Báñez, adujo que no podía “renunciar a los 3.000 millones que supondrían estos ingresos”. De hecho, las nuevas propuestas del Ministerio van en la dirección contraria, en la de ampliar la base máxima de cotización para cubrir el desfase de la Seguridad Social. 

2 El sistema eléctrico. La segunda gran pata de los costes que podría atacar el Ejecutivo son los de la electricidad, pero el Gobierno se encuentra entre la espada de cubrir el déficit de tarifa y la pared de uno de los costes más elevados de Europa. De acuerdo con Eurostat, el precio de la electricidad se sitúa en el nivel más elevado de Europa, sólo por detrás de las islas de Malta y Chipre. Y uno de los problemas es la sobrecapacidad del sistema. Daniel Lacalle, gestor de una cartera centrada en el sector energético en el hedge fund Ecofin, calcula una sobrecapacidad total del sistema del 35%, disparada por las primas a las renovables. “Quitarle ingresos al eficiente para mantener a otro que no lo es no arregla nada”, señala Lacalle, que apunta que la falta de la posibilidad de quebrar es la causa de que los costes de todo el sistema se mantengan al alza. “Sólo en los últimos cuatro años, los costes han subido en torno al 40%, debido a que la capacidad se ha mantenido intacta cuando la demanda colapsaba”, recalca. Según el banco de inversión Morgan Stanley, entre 2008 y 2012, los subsidios a renovables crecieron un 25% al año, los costes de transporte un 12%, los costes de distribución un 6%, los costes regulados un 33% y el déficit acumulado un 16%. Un sobrecoste que puede hundir sectores intensivos en energía, como la industria cementera o la de los azulejos. 

3 El precio de la financiación. De acuerdo con los datos que maneja el Banco Central Europeo, una pyme española paga el 5,36% anual por un préstamo, mientras las francesas y alemanes lo hacen entre el 2% y el 3%. Pero hay más. Según el último dato de la Central de Balances del Banco de España, que se actualiza el próximo lunes, la diferencia de entre la rentabilidad de los recursos utilizados y el coste financiero ha caído al 0,1% en el segundo trimestre del año, frente al 0,4% en el mismo periodo del año anterior, y supone una gran diferencia desde el entorno del 2% en el que se movía entre 2008 y 2010. Es decir que, por mucho que haya “una demanda solvente de crédito”, como apuntó recientemente el presidente de Banesto, Juan Carlos Escotet, gran parte de las empresas no está en disposición de solicitarla, porque no pueden sacar un margen de beneficios suficiente con los precios actuales. Y, de nuevo, lo que hace el Estado en este campo es una gota en el océano. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Reformas de abril se planteó la apertura de una línea de fianzas para pymes por parte de la compañía pública de seguros a la exportación Cesce, pero ésta apenas supone 100 millones de euros de un total de presupuesto de 9.000 millones. Más aún, los economistas critican el efecto crowding out, el acaparamiento de crédito por parte del Estado, “que se siente cómodo teniendo compradores de su deuda asegurados”, apunta Fabián Márquez, presidente de Analistas de Relaciones Industriales. 

4 Tasas. Además de los costes anteriores, que son los más evidentes, hay otros que aparecen más disimulados, como las tasas de puertos y aeropuertos. “El problema –explica Márquez– es que el Estado soporta los costes de todo el sistema, y carga las pérdidas de unos sobre los demás, lo que se traduce en tarifas más altas que desincentivan la exportación”. El 28,6% de los puertos del Estado presenta pérdidas de explotación, de acuerdo con el último informe de gestión publicado por Puertos del Estado, referidos a 2011. “Y no se pueden utilizar las tasas en este caso para sacar dinero, sino que hay que facilitar la actividad”, sentencia. 

5 Costes de transporte. A estos se suman también los costes más elevados que tienen que asumir las empresas en el caso de transporte. De acuerdo con los expertos consultados, la utilización del ferrocarril para mercancías serviría para aligerar este coste sobre las ventas a nuestros principales socios comerciales, en la eurozona. Unos gastos de exportación en los que también repercute la burocracia. Según los datos que maneja el Banco Mundial, el coste de la burocracia vinculada a exportar un contenedor de mercancías se sitúa en 950 euros en 2012, hasta un 26% más que en 2007. Y, lo que es peor, los más elevados de la UE por detrás de Luxemburgo y Rumanía. 

6 Costes regulatorios. “Los costes regulatorios, asociados a la burocracia, suponen muchas pequeñas pérdidas para las empresas, pero acaban suponiendo un coste enorme”, señala Francisco Cabrillo, profesor de la Universidad Complutense. Cabrillo se refiere a los retrasos administrativos para autorizar modificaciones en un local, que obligan a tener el capital inmovilizado, a las exigencias derivadas de aumentar el tamaño de una empresa, el tener que abrir una sucursal en otra Comunidad Autónoma para poder contratar con la Administración o a la necesidad de contratar un personal muy específico para funciones que apenas tienen peso en la empresa. 

El director general de la sociedad de inversión Bestinver, Francisco García Paramés, pone un ejemplo: “Nosotros queríamos ponernos cortos en algunas divisas para cubrir el riesgo de tener acciones en otros países, pero eso nos habría exigido contar con un analista de riesgos. Al final, no contratamos a nadie, y tenemos que confiar en que no haya problemas”. Cabrillo también destaca que gran parte de estos costes se deben al proteccionismo de las Comunidades Autónomas, “que podrían quedar mitigados después de la entrada en vigor de la Ley de Mercado Único”. 

7 Costes del suelo. Por último, hay que tener en cuenta el suelo, uno de los recursos que ahora abunda más, pero que no por eso es suficientemente flexible a la baja en cuanto a precio. Los economistas señalan que el Estado debería facilitar la apertura del suelo a usos industriales y ponerlo a precio de saldo, con tal de incentivar la actividad. "