El último Gobierno de Zapatero gastó más de 13 millones en gratificaciones a dedo

Una muestra más del arbitrario y alegre uso del dinero del ciudadano, repartido en copiosas gratificaciones entre algunos funcionarios (independientemente de sus ya elevados sueldos y de sus sobresueldos por dietas, productividad, complemento salarial o retribuciones en especie).

Y es que como la gestión es tan excelente y además se creen que hay superávit, pues hay que premiarla aún más, aunque ello supongan mayores impuestos o pérdida de empleo en el contribuyente.

Y todo, por supuesto con una nula transparencia.

Por otra parte, los datos son referidos solo al año 2011, publicados tras la presentación e la nueva metodología para conocer las balanzas fiscales, que no significa que ni antes se hiciera y que se haya hecho posteriormente (que por supuesto ha sido así en ambos casos, independientemente del gobierno).

Artículo de El Confidencial:

"La presentación de la nueva metodología que servirá para conocer las balanzas fiscales contiene sorpresas. Una de ellas se refiere a la cantidad de dinero que el último Gobierno de Rodríguez Zapatero distribuyó entre los empleados públicos en concepto de gratificaciones. Y el resultado de esa información es elocuente. En 2011, el año que servirá de base para realizar las balanzas fiscales que se presentarán en los primeros días de marzo, los diferentes departamentos ministeriales entregaron discrecionalmente 13,49 millones de euros a algunos de sus funcionarios.

A la cabeza de ellos se encuentran los ministerios de Defensa e Interior, algo que puede parecer lógico habida cuenta de que en muchas ocasiones se premia el comportamiento de los agentes y militares en operaciones de riesgo, pero resulta que organismos como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o el Constitucional, además de la propia Presidencia de Gobierno, también repartieron copiosas gratificaciones entre algunos funcionarios.

Estos sobresueldos no tienen nada que ver con el pago de productividad, dietas, complementos salariales o retribuciones en especie, sino que se trata de emolumentos que se entregan de forma discrecional sin ningún requisito formal más allá de que aparezcan en la contabilidad pública.

Y lo que dice la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que es quien suministra los datos a los investigadores de las balanzas fiscales, es que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa se gastó 2,9 millones en premiar a algunos de sus funcionarios; el de Interior, 2,6 millones, mientras que la Presidencia del Gobierno (con una plantilla sensiblemente inferior) destinó a ese objetivo 218.703 euros.

Lo curioso es que el Tribunal de Cuentas gastó 231.911 euros; el Constitucional, 214.145; el Poder Judicial (con una plantilla muy reducida), 570.351, mientras que el antiguo Ministerio de Medio Ambiente (también con una nómina reducida de funcionarios) gastó nada menos que 1,05 millones en gratificar a algunos de sus empleados al margen de su salario ordinario o del pago de sus correspondientes dietas.

Ausencia de transparencia

El caso del Tribunal de Cuentas es significativo habida cuenta de que el propio organismo fiscalizador ha venido criticando en su análisis anual sobre la Cuenta General del Estado la ausencia de transparencia en este tipo de pagos.

Y en este sentido, destacan también las altas sumas pagadas por el Ministerio de Justicia en concepto de gratificaciones. En concreto, 1,97 millones de euros a través de cuatro partidas distintas aprobadas por otros tantos organismos. En el caso del antiguo Ministerio de Economía y Hacienda (hoy desdoblado) se pagaron algo más de 608.000 euros en lo que dentro de la Administración se conocen como ‘bufandas’.

A menudo, el reparto de estas cantidades ha provocado conflictos internos en algunos ministerios entre los representantes de los empleados públicos y la Administración. Los sindicatos critican el oscurantismo con que se entregan y su discrecionalidad, toda vez que la tratarse de partidas no reguladas no existe ningún método objetivo de asignación. Se trata, por lo tanto, de un viejo problema que ahora aflora de forma global tras publicarse de manera desglosada todas las partidas del presupuesto. En esos datos no se incluyen las cifras de los organismos autónomos, que también tienen su propia política de ‘bufandas’.

Lo que sí se incluyen son algunas partidas relevantes que ponen de relieve algunos hechos significativos. Por ejemplo, que el Consejo del Poder Judicial subvenciona con 605.160 euros a las asociaciones judiciales, que son, precisamente, las encargadas de negociar los asuntos de sus socios con la Administración. Sindicatos y empresarios, por lo tanto, no son los únicos en recibir fondos del Gobierno para sus actividades: también las asociaciones de jueces o de médicos forenses (22.479 euros).

Entre las partidas singulares se encuentran, por ejemplo, los 69.120 euros que recibe el patronato de la Obra Pía de los Santos Lugares de Jerusalén o los 238.009 euros que en 2011 se cargaron al presupuesto por la asignación a la que tienen derecho los tres expresidentes del Gobierno (Suárez, González y Aznar), que por entonces la cobraban. Destaca, igualmente, una importante partida de 1,88 millones de euros que pagó la Presidencia del Gobierno por trabajos realizados fuera del palacio de la Moncloa por empresas ajenas al servicio público. La información de la IGAE se refiere sólo al año 2011, por lo que no se pueden hacer comparaciones sobre su evolución en los últimos años."