Si las estafas y fraudes son continuos en los sindicatos "de trabajadores", también se producen en la patronal de empresas (los sindicatos de empresas), en este caso en Madrid con el tema de la formación.
Es lo que ocurre cuando el dinero se obtiene no de manera voluntaria o por servir mejor al cliente (lo que ocurre en una situación de libre mercado), sino por recibir dicho dinero arbitrariamente por medio de la coacción política.
Una nueva muestra de los efectos negativos de las subvenciones, que incentiva el fraude y el robo institucionalizado del dinero del contribuyente, con devastadores efectos en la economía.
Artículo de El País:
"La supuesta estafa en las subvenciones destinadas a cursos de formación de la patronal madrileña ha adquirido ya una dimensión mucho mayor que otros fraudes en estas partidas que sí han saltado a las portadas de los periódicos. Las investigaciones que está llevando a cabo la policía señalan por ahora un agujero de unos 15 millones de euros en las arcas públicas. La cifra duplica la que ya se está investigando en el caso de los cursos de formación del sindicato UGT en Andalucía, y también es muy superior a los 595.000 euros del caso del empresario Pallerols, por citar dos asuntos recientes.
No son los únicos. Los continuos escándalos en la formación de los últimos 20 años han dejado constancia de que, pese a las sucesivas reformas administrativas, esas partidas son un grifo con el que muchas organizaciones se han financiado.
El caso de los cursos de formación de la patronal madrileña es una supuesta estafa organizada por José Luis Aneri. Este empresario cordobés, llegado a Madrid en 2007, se hizo en pocos años con la gestión de las subvenciones que recibían varias organizaciones empresariales. Él figuraba ante las Administraciones como la persona de contacto para pedir y tramitar las ayudas y se encargaba de dar los cursos a través de una red de empresas encabezadas por Sinergia Empresarial.
Aneri se dedicaba sobre todo a los cursos no presenciales, que se realizaban a través de una plataforma digital. En realidad no había cursos; y tampoco los alumnos eran reales. Eran los trabajadores de Sinergia los que, con el mandato de Aneri, diseñaban las actividades con lo que encontraban en internet o copiando libros. En cuanto a los alumnos, salían de listados que Aneri conseguía. Luego multiplicaba sus identidades en todos los planes de formación que podía. Cuantos más alumnos, más dinero.
Ese era el método de Aneri. Y funcionó durante unos años, hasta que el empresario se metió en una espiral de drogas, prostitución y gastos desmesurados. Quienes les conocen hacen coincidir su caída con su divorcio, a principios de 2013. A partir de ahí, empezó a descuidar su trabajo. En verano, su despacho ya estaba lleno de notificaciones de los técnicos de la Comunidad de Madrid, en las que se le avisaba de que había mucho dinero que no estaba justificado. Pero Aneri no daba señales de vida.
Los técnicos centraron entonces sus comprobaciones en las organizaciones empresariales que habían recibido las subvenciones. Una treintena dijeron no tener ni idea de que Aneri había dejado de justificar las ayudas. La Comunidad de Madrid, que nunca ha denunciado el caso ante la fiscalía o la policía, les reclama 4,4 millones de euros de expedientes de 2010 y 2011. El único cargo regional que acudió a testificar a la policía el pasado 11 de febrero, el subdirector general de formación continua, fue destituido de forma fulminante tres días después.
A la presunta estafa regional hay que añadir 11 millones de ayudas concedidas por el Ministerio de Empleo a otras organizaciones representadas por Aneri. La mayor de ellas es Ucotrans, la federación de cooperativas del transporte, que agrupa a más de 350 socios y 25.000 transportistas, según informa su web. Aneri consiguió para ellos millones de euros que luego no justificó. Lo hizo con el ya sabido truco de multiplicar alumnos hasta el infinito. En ocasiones acudió a listados que ya tenía o que le dieron otras asociaciones. Por ejemplo, en algunos de esos expedientes figuran decenas de vendedores ambulantes de varias cooperativas que no tienen nada que ver con Ucotrans, pero que Aneri anotó como alumnos de cursos de Excel, Word o prevención de riesgos laborales.
Para que todo este sistema se sostuviera, era necesaria la cooperación de terceras personas. Fuentes del sector empresarial reconocen que Aneri daba mordidas de hasta un 20% a los gerentes de algunas de las asociaciones. Eso era, según trabajadores, algo habitual en las relaciones de Aneri con algunos de sus representados: fajos de billetes, regalos y visitas a reservados con prostitutas de lujo.
Las organizaciones que se sienten estafadas han llevado el asunto a los jueces. El Juzgado número 9 practica ya las primeras diligencias. El asunto ha salpicado a otros empresarios. Alfonso Tezanos, cargo de la patronal madrileña CEIM, hombre de Arturo Fernández y presidente de la Comisión de Formación de la Cámara de Comercio, fue quien introdujo a Aneri en Madrid. Desde una de las organizaciones de Tezanos, la federación de empresarios Fedecam, Aneri empezó en el mundo de la formación. La investigación del caso apunta a que las organizaciones de Tezanos también empleaban el mismo método de multiplicar alumnos en los cursos. Este periódico ha hablado con algunos de los que figuran en listados de Tezanos y han confirmado que nunca los hicieron.
Tezanos niega tajantemente este punto. También lo hacen las asociaciones que representaba Aneri. La investigación judicial determinará si llevan razón o si, efectivamente, los cursos de formación eran una vez más una forma de financiar sus organizaciones. Mientras tanto, el empresario cordobés enlaza en su Facebook artículos de prensa en los que él es protagonista. Él ya lo llama “el caso Aneri”.
El grifo de la formación
Políticos, sindicatos, empresarios, inspectores de trabajo, dueños de academias... Todos ellos han formado parte en algún momento de algunos de los fraudes más sonados que se han dado en torno a los cursos de formación para trabajadores o desempleados en los últimos 20 años.
Para los investigadores es el mismo tema de siempre: cursos que no se hacen o que no se justifican y que acaban por agujerear las arcas públicas, diplomas que se dan sin ni siquiera haber asistido, o firmas de asistencia falsificadas. Ha habido casos como el del Imefe (Instituto Municipal de Formación y Empleo), en el que redes empresariales del PP con escasa o nula plantilla docente se habían hecho desde 1996 con 8,41 millones.
El más conocido fue el del Forcem, en el que miles de cursos subvencionados con fondos europeos nunca se hicieron. El caso, a comienzos de la década, llevó al Gobierno de Aznar a cambiar la ley. Se creó la Fundación Tripartita, órgano que reúne a sindicatos, patronal y Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). Unos cuantos casos después, el sistema vuelve a fallar con acontecimientos como el de UGT en Andalucía, en el que existen sospechas de fraude en los fondos públicos recibidos por el sindicato en los últimos años. En total se investigan 19 expedientes de entre 2008 y 2012, unos siete millones de euros en ayudas.
Otro caso reciente es el del empresario andorrano Fidel Pallerols, que desde 1994 recibía fondos europeos para cursos a parados, a cambio de desviar dinero que iba a la financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña. El último es el caso Aneri, que ya va por los 15 millones. El Gobierno ha anunciado cambios.
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