Díaz afronta el problema de los 'enchufados' con otro 'decretazo'

Otra muestra de desvergüenza por parte del poder político, de fraude al ciudadano, de fraude de ley, nepotismo, de vil clientelismo, de robo al contribuyente. Todo en uno que evidencia hasta qué punto se está degradando la democracia, el nulo control sobre el poder político (que hace y deshace a su antojo), el sometimiento del poder judicial al poder ejecutivo, y los perversos incentivos (y desastrosos resultados para la sociedad) que implica la creciente arbitrariedad y asunción de poderes del político, y que llevan al sistema a su hundimiento. 

Pero luego son todo quejas y lloros, cuando se legitima, se otorga y se apoya dicho poder creciente y arbitrario. 
Actualización: Al parecer Ciudadanos (que sería cómplice de haber salido adelante pues el PSOE gobierna por su apoyo) se ha abstenido, lo que junto con el voto en contra de la oposición, es tumbado (de momento) el decretazo. Pero en cualquier caso, dichos miles de trabajadores seguirán cobrando sin realizar función alguna...

Artículo de El Mundo:

Susana Díaz y José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, en el Parlamento andaluz. EFE

El Gobierno andaluz intentará colar el miérconles de rondón en el Parlamento una solución a los más de 1.500 trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que, hoy por hoy, cobran sin tener atribuidas unas tareas concretas.

Se trata de varios colectivos que han tenido que ser readmitidos tras sentencias que anulaban su despido y que trabajaban en labores de empleo, como los 182 ex asesores laborales del plan Memta; los 74 agentes locales de promoción de empleo (ALPE) o los 167 de los consorcios escuela de formación integrados ahora en la Administración.

Pero el grueso son unos 1.300 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), que se integró en el SAE a través del polémico decreto del 'enchufismo' que después se desarrolló en una ley.

Se denominó así porque supuso integrar en la Administración a más de 20.000 trabajadores externos del conglomerado de empresas públicas y fundaciones de la Junta. En la Faffe había contratados numerosos familiares y allegados de altos cargos socialistas.

Ahora, la Consejería de Empleo tiene un problema con ese personal del SAE. Al no ser funcionario, no tiene atribuidas tareas administrativas, que están reservadas por ley a los funcionarios. Por tanto, se da la paradoja de que cobran sin tener asignadas funciones concretas, mientras que algunas oficinas de este organismo malviven sin apenas personal.

Un director y un auxiliar administrativo en algunos casos -según los sindicatos- a pesar de la vital importancia de las oficinas de empleo en una comunidad «con índices que superan el 10% de la tasa de desempleo a nivel nacional» y que «no permiten garantizar una prestación continua y eficiente de los programas y servicios que deben ofrecerse en todo el territorio nacional», según la Consejería de Presidencia.

En este contexto, el Gobierno de Susana Díaz ha aprovechado una proposición no de ley aprobada el pasado 25 de febrero con los votos del PSOE y Ciudadanos, que instaba a la Junta a eliminar requisitos contemplados en la Ley General de Subvenciones y en la Ley de Hacienda Pública andaluza a los ayuntamientos, para que pudieran acogerse a los planes de empleo Empleo@Joven; Iniciativa @emprende+ y Emple@30+, aprobados en otro decreto ley de abril de 2014.

La mala situación económica de numerosos consistorios, con sentencias laborales en contra y deudas con la Seguridad Social, les impedía legalmente acogerse a esos programas. Por ese motivo, PSOE y Ciudadanos acordaron eximirles de esos requisitos legales.

Esa proposición parlamentaria se plasmó el 22 de marzo en un decreto ley de la Junta que, sorpresivamente, incluye una disposición adicional hasta ahora imprevista. Ese decreto se votará mañana en el Parlamento para su convalidación.

En la disposición adicional se establece la «participación del personal laboral en la prestación de servicios y desarrollos de programas» de las oficinas de empleo del SAE. Es decir, se les da una serie de atribuciones que el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera que sólo corresponde a los funcionarios. Por este motivo, ha enviado un informe legal a los cinco grupos parlamentarios con el objetivo de que voten en contra.

Según explica el presidente del SAF, Carlos Sánchez, el personal laboral de las administraciones se crea para los casos en los que no hay cuerpo funcionarial, como pueden ser los cocineros o los chóferes. Para la orientación en el empleo, ya existe el Cuerpo Superior Facultativo de Ciencias Sociales y del Trabajo.

«Ese decreto atribuye a personal laboral potestades públicas que corresponden a un cuerpo de funcionarios, formado por trabajadores sociales. Se les intenta quitar esa función y además no se respeta el derecho de los ciudadanos a que esas funciones públicas se ejerzan por los garantes del servicio público, que son los funcionarios», explica.

Además, el SAF reprocha que se utilice la figura del decreto ley, considerada excepcional y motivada en necesidades de urgencia, en vez de la tramitación de una ley, en la que se da audiencia y participación a agentes sociales como los sindicatos.

Así llega mañana este decreto ley y su sorprendente disposición adicional al Parlamento andaluz, donde Ciudadanos tiene la última palabra para su aprobación.

Desde el partido de Albert Rivera aseguran que aún no han decidido si volverán a votar a favor de la medida con el PSOE, como hicieron con la proposición no de ley. «Lo tenemos que estudiar con detenimiento. Por un lado, no es sensato que haya personal cobrando sin trabajar. Pero por el otro, esta medida no estaba incluida en la proposición que votamos juntos y ha sido una sorpresa», explican.