Cuarta entrega de Carlos Rodríguez Braun sobre las falacias sobre Empresa y Política. En este caso muestra la falacia de que el Estado es como una empresa. Y es que no puede ser más diferente.
Artículo de Expansión:
En la retórica política es habitual disolver la coacción identificando el Estado con la sociedad civil. Se nos dice, así, que el ministro de Hacienda es como un empresario que busca cuadrar sus cuentas, o, siguiendo con metáforas engañosas, como unos padres de familia que vigilan que sus gastos no superen sus ingresos del Estado.
Decía Bastiat que el Estado es aquella institución que hace cosas que si las hiciéramos los demás iríamos presos. En efecto, no hay nada que sea igual al Estado, y desde luego éste no es una empresa, porque aquél monopoliza la violencia; a menudo, en la tradición weberiana, se añade que es la violencia legítima, aunque el profesor David Friedman matiza con acierto que no es que sea legítima per se sino que es la violencia que el propio Estado asegura que es legítima.
En todo caso, esa violencia es lo que radicalmente separa empresa y Estado, porque le permite a este último financiarse arrebatando por la fuerza los recursos creados por trabajadores y empresarios. Ninguna empresa puede hacer eso. Ninguna familia puede hacerlo, tampoco ninguna comunidad de vecinos, institución religiosa o club lo hará. Ninguna persona física o jurídica puede arrancar coercitivamente recursos ajenos sin el consentimiento de sus propietarios. El Estado, sí. Y sólo él. Además, si alguna institución lo hace sin penalización es porque ha conseguido el respaldo estatal.
Ésta es una de las principales razones por las cuales el Estado tiene tanto éxito: porque, por volver a Bastiat, es un ente mediante el cual podemos vivir a costa de los demás.
Por lo tanto, es absurdo pensar que el Estado es una empresa, y los ciudadanos sus accionistas: ningún accionista puede ser definido como tal cuando la supuesta empresa puede meterlo en la cárcel si no aporta el capital suficiente que ella misma decide que debe aportar.
Una prueba de la abismal diferencia que separa a empresas y estados es, precisamente, sus cuentas. Ningún padre de familia es como el ministro de Hacienda, que no sólo puede usurpar bienes ajenos dentro de la ley, sino que además puede darse el lujo de no cuadrar sus cuentas nunca. Los estados pueden tener niveles gigantescos de unas extrañas deudas que en realidad no terminan de pagar jamás, porque fuerzan a sus súbditos a refinanciarlas. De hecho, pueden llegar a repudiar esas deudas explícitamente, como ha sucedido repetidamente en la historia, sin que por ello deban cerrar o desaparecer, que es lo que sucede con las empresas.
Ningún empresario puede darse el lujo de tener unas cuentas tan clamorosamente desordenadas como las de los políticos. De hecho, si las empresas privadas tuvieran balances con pérdidas, déficits y deudas como los que tienen los estados, estarían todas quebradas.
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