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La economía española lleva tres años creciendo con fuerza debido a que vuelve a ser competitiva en el ámbito internacional. No en vano, una de las heridas más profundas que nos dejó la crisis fue una duradera merma de competitividad: nuestros costes laborales unitarios (una de las medidas más comúnmente usadas para medir la competitividad de un país y que expresa el coste laboral medio de producir una unidad de PIB) se dispararon un 33% entre los años 2000 y 2008, frente a países como Alemania que los estabilizaron durante todo ese período.
Los costes laborales unitarios pueden mantenerse a raya de dos formas: o congelando los salarios (de tal manera que los inputs no se encarezcan) o aumentando la productividad (de tal manera que produzcamos muchos más outputs por unidad de input). En otras palabras, si un trabajador fabrica cada día una mercancía por la que los consumidores están dispuestos a pagar 100 euros, podemos preservar nuestra competitividad o manteniendo su salario constante (de forma que el precio de la mercancía no aumente) o incrementando la cantidad/calidad de la mercancía que produce, de tal modo que los consumidores se muestren dispuestos a pagar por ella 150 euros (en cuyo caso, podremos aumentar los salarios sin ver deteriorada nuestra competitividad).
Es bien sabido que España ha recuperado competitividad esencialmente por la vía de congelar sus costes laborales. Sin ir más lejos, este pasado viernes el INE publicó la Encuesta Anual de Coste Laboral correspondiente al año 2016 y la imagen que se desprende es bastante clara: entre 2011 y 2016, el coste laboral descendió un 2% en términos nominales y un 5,1% en términos reales. Y, gracias a ello, nuestros costes laborales unitarios no sólo no han seguido aumentando sino que se han reducido alrededor de un 3,5%; Alemania, en contrapartida, los ha incrementado un 10% durante esos mismos años.
Los datos son indudablemente positivos y explican nuestra pujanza presente, pero también ilustran las limitaciones actuales de nuestro modelo de crecimiento: lejos de estar prosperando por la vía de incrementar nuestra productividad (lo que permitiría que los salarios crecieran sin perjudicar nuestra competitividad), lo estamos haciendo por la vía de limitar los costes. En el corto-medio plazo, ha sido un proceso totalmente lógico: con los seis millones de desempleados que llegamos a tener en lo más hondo de la crisis, habría sido absurdo dilapidar recursos para incrementar la producción por la vía de mejorar la productividad de los trabajadores ocupados cuando era mucho más lógico, y rentable, incrementarla simplemente contratando a más parados. Dicho de otro modo: durante los últimos ejercicios, era razonable y deseable que España explotara un modelo de crecimiento extensivo (crecer incorporando una mayor cantidad de factores) antes que un modelo de crecimiento intensivo (crecer con una mayor eficiencia de los factores existentes).
El futuro, empero, resulta mucho más incierto: conforme la creación de empleo prosiga, se vivirán naturales presiones hacia el aumento salarial (cuando la oferta de mano de obra escasea, su coste tiende a subir). Si en ese momento nuestro país no es capaz de incrementar su productividad, entonces perderemos competitividad y nos estancaremos económicamente. Por eso resulta crucial que no nos embriaguemos con los réditos de la bonanza presente y vayamos preparándonos para los retos del futuro: nuestra economía ha de ser capaz de atraer y retener capital en todas sus modalidades —capital financiero, humano, tecnológico, social, físico, etc.—. Y, para ello, España debe convertirse en una tierra de oportunidades empresariales: una tierra donde los costes fiscales y regulatorios de emprender y de invertir intensamente sean los más reducidos posibles. Sólo así lograremos un bienestar sostenible.
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