El insoportable y creciente intervencionismo del Gobierno

José María Rotellar analiza el insoportable y creciente intervencionismo del Gobierno.

Artículo de Libre Mercado: 

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias | LD

La mayoría de políticos españoles, con honrosas excepciones, se han instalado en la idea de que es positivo introducir elementos artificiales en la economía española, que distorsionan su funcionamiento, mediante un creciente intervencionismo que paraliza la actividad y el empleo y que, por tanto, es contraproducente para la economía. Dentro de ese intervencionismo, una parte del Gobierno de la nación querría imponer precios máximos en alquileres, aunque parece que el ministro Ábalos lo descarta.

Por otra parte, y dentro del marco de los PGE, donde uno de los dos partidos que conforman el Gobierno hizo que su grupo parlamentario presentase enmiendas intervencionistas en todos los ámbitos, con las que presionar al otro socio del banco azul, el Ejecutivo va a intervenir más en la economía con las subidas de impuestos contenidas en ellos y su obsesión futura por armonizar, es decir, obligar a subir, los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio. Son dos ejemplos bien claros de intervencionismo creciente y asfixiante.

La introducción de precios máximos (al igual que la de precios mínimos, como el salario mínimo interprofesional, otro elemento intervencionista que el Gobierno no se ha cansado de subir exponencialmente) no tiene ningún sentido y es una decisión económica irracional, que sólo conduce a distorsionar el libre juego de la economía y, con ello, la generación de actividad económica y de empleo, porque dicha distorsión lo que produce es una disminución de las transacciones, con el efecto negativo que se extiende por todo el tejido productivo.

De esa manera, con el precio máximo de los alquileres, que estaría, obviamente, por debajo del precio de mercado, generaría una escasez de oferta y un exceso de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si se impone un precio máximo en el mercado del alquiler de viviendas, muchos propietarios de viviendas dejarán de alquilarlas, porque el Gobierno podrá obligarles a bajar el precio del alquiler si la arriendan, pero no les puede obligar a sacarlas al mercado, con lo que muchos retirarán dichas viviendas del parque de alquiler y se generará escasez de pisos en alquiler. Por tanto, muchas personas que desearían vivir alquiladas no podrán hacerlo, y tendrán que buscar otras opciones, como la compra, que les puede dificultar sus planes de vida si no disponen de una capacidad de endeudamiento para poder comprar una vivienda, o buscar en otras zonas con precios más bajos en las que el precio de mercado esté por debajo del máximo, donde puede que se produzca un incremento de precios hacia ese máximo, porque si se genera escasez en unas zonas, la demanda se incrementará en las de precio más bajo, provocando un incremento de dicho precio.

En cuanto a la subida de impuestos, la confiscatoriedad de la economía española avanza a unos ritmos exponenciales y supone una carga que los exhaustos ciudadanos y empresas no pueden soportar, máxime en un entorno de empobrecimiento como el actual, derivado también del establecimiento de una serie de restricciones fruto del intervencionismo exacerbado en el que hemos desembocado tras la pandemia.

Todo ello, atenaza no sólo la libertad de elección de las personas -cuando no libertades fundamentales, como en el caso de las restricciones en el marco del estado de alarma- sino que, con ello, las empobrece y condena a una dependencia que las hará todavía más necesitadas de un intervencionismo asistencial, lo cual no es deseable, porque es peligrosísimo, además de acabar con la capacidad de superación de las personas.

Debería rectificarse e irse a una sociedad más libre, menos intervenida, porque, al fin y al cabo, cada incremento del intervencionismo es un fragmento de libertad que perdemos todos los ciudadanos y contribuyentes.