Sandra León analiza la nueva propuesta del Ministerio de Igualdad dirigido por Irene Montero (Unidas Podemos) de dar plazas en la Administración Pública a personas Trans no por sus méritos sino por su orientación sexual (viva la justicia, la meritocracia y la igualdad...), y el peligroso camino que abre la ley.
Artículo de Libertad Digital:
En las últimas horas, el borrador de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans ha despertado la polémica al avalar el cambio de sexo legal sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas a partir de los 16 años. Hasta el momento, lo único que conocemos son los detalles del documento que el departamento que dirige Irene Montero ha filtrado a medios afines.
Sin embargo, aún son muchas las incógnitas por resolver. Entre ellas, si finalmente se incluirá una reserva de plazas públicas en la administración a todo opositor que se declare transexual, tal y como se rumoreó el pasado mes de diciembre. Se trata de una medida que, a pesar de la sorpresa que ha causado en algunos sectores, lleva aplicándose más de dos años en Aragón.
Concretamente, desde el 7 de mayo de 2018, cuando el Boletín Oficial de la región publicó la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón. La norma fue aprobada por unanimidad en las Cortes autonómicas y en su artículo 27.3 establecía que "en las ofertas de empleo público realizadas por las Administraciones públicas aragonesas, se reservará un cupo no inferior al uno por ciento de las vacantes para ser cubiertas por personas transexuales".
Este martes, varios medios se hacían eco de una convocatoria de la Diputación Provincial de Huesca, presidida por el socialista Miguel Gracia Ferrer, que reservaba una de las diez plazas anunciadas para auxiliares administrativos a dicho colectivo. A pesar de la repercusión que ha tenido la noticia, lo cierto es que no es la primera convocatoria que lo hace.
Desde 2019, la Oferta de Empleo Público de Aragón ya aplica esta Ley. Así, de las 245 plazas de libre acceso anunciadas aquel año, dos fueron reservadas para personas transexuales. Después llegarían más convocatorias y una especialmente polémica.
Con discapacidad, no; trans, sí
El pasado 3 de julio, el Boletín Oficial de Aragón hacía pública la resolución por la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 83 plazas del Cuerpo Ejecutivo de la Administración de la comunidad autónoma. Lo llamativo de dicha convocatoria era que mientras que no se reservaba ninguna plaza para personas con discapacidad —incumpliendo así la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, General de derechos de las personas con discapacidad— sí se reservaban dos para transexuales, el doble, incluso, de lo que establece la propia normativa aragonesa.
"Me parece tan grave que aún no me lo creo", comentaban los ciudadanos en las redes sociales tras corroborar ese doble rasero. Sin embargo, la polémica no quedó ahí. Lo que más enfadó a los aragoneses fue la forma en la que aquellos interesados en acogerse a dicho cupo podían acreditar su condición de transexuales: "Mediante declaración jurada notarial en la que se identifiquen con un género diferente al que se les asignó al nacer".
"Están hablando de transgénero, no de transexuales —advertía una funcionaria—. Eso deja una cantidad tremenda de flecos legales sueltos, y abre la puerta al fraude. Es decir, se está otorgando esa consideración a personas sólo bajo su palabra". Ahora, la ley Trans que prepara Igualdad vuelve a abrir este debate.
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