La 'ley trans': el género como pretexto para aniquilar la igualdad

Guadalupe Sánchez analiza la aberración (científica para empezar) que supone la "ley trans" de Irene Montero (Unidas Podemos) y todo lo que supone, también para las mismas mujeres y feministas, de ahí, el rechazo de muchas de ellas. 

Y es que lo esencial para esta gente son los intereses políticos e ideológicos, no el de las personas y la sociedad. 

Artículo de Voz Pópuli: 

La 'ley trans': el género como pretexto para aniquilar la igualdad Europa Press

Hace ya casi un año que se publicó mi libro, Populismo Punitivo. Decidí escribirlo animada por mi editor, Roger Domingo, para denunciar la peligrosa deriva a la que nos estaba abocando la institucionalización del construccionismo identitario que, mediante la Ley de Violencia de Género aprobada en 2004 por el Gobierno de Zapatero, desembarcó en nuestro Código Penal.

Usando el feminismo como caballo de Troya, se inició un proceso de acoso y derribo contra los principios liberales en los que se asientan los Estados democráticos y de derecho contemporáneos. En nombre de una causa justa, se ha enarbolado el privilegio frente a la igualdad, se ha cuestionado sistemáticamente la presunción de inocencia y se han primado de manera progresiva las cualidades de la persona frente a sus actos. Con fundamento en las teorías interseccionales se ha ido conformando una jerarquía de opresores y oprimidos, de víctimas y victimarios, en función de su mera pertenencia a un colectivo determinado: el sexo nos divide entre potenciales violadores y potenciales violadas. La raza entre señores y esclavos. Es indiferente cuál sea la realidad o la vivencia de una persona concreta, pues el simple hecho de pertenecer a una de las categorías sociales que históricamente ha sufrido vejaciones comporta la cualidad de damnificado y habilita para demandar al sistema un trato preferencial.

La actualidad demuestra que no andaba errada en mi diagnóstico: estamos en el apogeo de las teorías del construccionismo social, que afirman que nuestra sociedad se articula en torno a conceptos inventados por el sistema, que sólo existen en la medida en que nos comportamos como si existieran. Desde el punto de vista filosófico puede parecer un debate interesante, pero desde el político esconde un trasfondo perverso: si el racismo o el machismo surgen como resultado de estructuras conceptuales creadas por el sistema, entonces el problema es el sistema mismo. Entenderán entonces por qué la izquierda anticapitalista ha incorporado estos postulados a su fondo de armario ideológico, relegando a un segundo plano la lucha de clases. La economía de mercado y los Estados liberales han demostrado ser el modelo más eficaz para combatir la pobreza y la desigualdad, si bien es cierto que su perversión ha parido una enorme brecha entre quienes sostienen el sistema con su trabajo y quienes viven a su costa. Éste y no otro es el clasismo del siglo XXI. Y dado que tienen muy difícil cuestionarlo sin incurrir en contradicciones desde su posición privilegiada, han decidido dedicarse a otra cosa. Si usted es un simple currante blanco, no importará lo pobre que sea o lo explotado que esté, pues su situación no es comparable a la de alguien que pertenece a otra raza, es mujer o, si ya quieren rizar el rizo, no es heterosexual.

Lo más curioso de todo es que, aunque pudiera parecer que los únicos perjudicados por este dislate son quienes no pertenecen a un colectivo oprimido, lo cierto es que el construccionismo social nos convierte a todos en víctimas de una opresión mayor, cuyas consecuencias pueden ser letales: la muerte de la igualdad ante la ley. El identitarismo desnaturaliza el artículo 14 de nuestra Constitución, que consagra que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De la mano de las identidades colectivas, se ha resucitado el derecho penal de autor y se están poniendo en jaque muchos de los logros del feminismo. Y esto es algo que muchos de sus valedores no vieron o no quisieron ver venir, a pesar de que algunas voces liberales lo avisamos.

Miren si no lo que sucede con el borrador publicado de la 'ley trans' de la ministra Irene Montero: al transformar el sexo en una simple vivencia interna e independiente de la biología, amenaza con desmoronar el castillo de naipes sobre el que se construyó la Ley de Violencia de Género, según la cual las mujeres somos víctimas por razón de nuestro sexo y eso nos hace merecedoras de una mayor protección. Pero claro, asumir que la condición de mujer no trasciende a la realidad porque es un constructo social inventado equivale a afirmar que somos víctimas por elección propia. Que hemos elegido ser discriminadas y que, para dejar de serlo, basta con que nos deconstruyamos y nos signifiquemos como varones. Y ya me dirán para qué queremos un feminismo sin mujeres.

De la misma forma, los hombres dejan de ser potenciales agresores sexuales. Es más, para que eludan el mayor reproche penal que conlleva la aplicación del art. 153 del Código Penal en materia de maltrato, basta con que antes de cometer el acto delictivo hayan evidenciado su voluntad de ser reconocidos como féminas. Crearon un delito con el que se perseguía que, ante un mismo hecho (una agresión), el autor varón recibiera una mayor pena si la víctima era mujer, considerando violencia de género cualquier agresión que sufriera una fémina de manos de su pareja o expareja al margen de la motivación. Algo que, con la nueva ley, tendrá una única excepción: que el varón que lo cometió se sintiera mujer antes de perpetrarlo. Y si así lo hizo constar en su DNI, más aún. Porque lo contrario sería discriminatorio, claro. Es lo que tiene jugar con el derecho penal de la identidad: que al final se te vuelve en contra.

La 'ley Montero' también supone un varapalo para el deporte femenino, pues obliga a las mujeres a competir con hombres, siempre que su sexo registral sea el de mujer. Pero si el varón es extranjero o menor de 16 años ni siquiera será necesario que se haya rectificado su sexo registral o cambiado el nombre. Hasta tal extremo llega el disparate que estas personas podrán acceder y utilizar las instalaciones deportivas, como duchas, vestuarios y baños, en atención a su identidad de género y no a la biología.

Los defensores del borrador de la 'ley trans' sostienen que con ésta se persigue adaptar nuestra legislación a lo declarado por el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2019, de 18 de julio. Como si de la misma se extrajera la necesidad de convertir el sexo en una mera cuestión sentimental al margen de los textos normativos y de los diagnósticos médicos. Pero no es cierto, pues no formaba parte del objeto del recurso: “Este tema, que viene a suscitar en última instancia si resulta contrario a la Constitución que el legislador condicione la rectificación registral de la mención del sexo a cualesquiera exigencias distintas de la voluntad expresada por la persona transexual (el art. 4.1 requiere diagnóstico médico y tratamiento hormonal), no forma parte, por los motivos ya indicados, del objeto procesal y, por ello, el Tribunal no realizará ningún pronunciamiento sobre él”.

En esta sentencia, el TC se limitó a declarar la inconstitucionalidad del precepto legal que exige la mayoría de edad de la persona para poder solicitar la rectificación de la mención de su sexo y nombre en el registro civil. Pero únicamente en la medida en que se aplica a menores de edad con suficiente madurez y que se encuentren en una situación estable de transexualidad.

La 'ley Montero' va mucho más allá de lo que dispuso esta sentencia, pues permite el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años. Prescinde de la valoración de la madurez y de la situación estable de transexualidad, dado que la acreditación de ambas se realizaría con informes médicos y psicológicos. Una muestra más de que para la ministra de Igualdad, sus intereses políticos están por encima del interés superior del menor.