Amadeo Petitbó sobre el gasto de las autonomías y la relación entre libertad económica y prosperidad en las CCAA.
Artículo de El Economista:
"El gasto público autonómico crece en las regiones por una falta de rigor de los administradores.
E n países como los Estados Unidos de América, de acuerdo con Luigi Zingales, la mayoría de los ciudadanos cree que no corresponde al Estado la responsabilidad última de la corrección de las desigualdades económicas. En efecto, más del 70 por ciento de los norteamericanos consideran que el papel del Gobierno debe limitarse a establecer las condiciones necesarias para que los ciudadanos tengan idénticas oportunidades para mejorar su situación económica. ¡Qué grandeza traducen estas intenciones! Son un fiel reflejo del combate de los norteamericanos por los derechos civiles y, también, por la libertad económica.
Esta introducción es relevante porque en España la sensibilidad por la libertad económica no tiene raíces profundas. La intervención en los asuntos económicos está en la entraña de muchos políticos y ciudadanos. En consecuencia, no debe extrañar que los principios que iluminan los sentimientos económicos de muchos norteamericanos no sean defendidos en España con la efervescencia que implica su trascendencia. Por el contrario, resulta ampliamente asumido que la corrección de las desigualdades en los niveles de renta debe corresponder a las administraciones públicas a través de medidas fiscales y otros instrumentos confiscatorios. El debate político al respecto es pobre en argumentos y ausente en la utilización de datos y planteamientos econométricos. Las relaciones causales empleadas habitualmente no se sostienen. En este asunto tan sólo sugiero introducir la libertad en el debate. Más de uno se llevaría una sorpresa: en unos casos por no creer en ella y, en otros, por no defenderla suficientemente.
El think tank Civismo acaba de publicar el estudio Libertad económica en España 2013. ¿Por qué fracasan algunas regiones?, dirigido por el profesor Francisco Cabrillo. Se trata de un breve compendio de estadísticas interpretadas con el objetivo de "analizar la intervención del sector público autonómico en la economía de las diecisiete comunidades españolas". Una intervención que se añade a la de la Administración central. El estudio se ha realizado en la línea de los que publican Fraser Institute y Pacific Institut para Estados Unidos y Canadá y Liberales Institut para el caso de Alemania. Los grandes sectores de referencia, en los que se incluyen los indicadores empleados, son: comercio, educación, medio ambiente, movilidad, sanidad, vivienda, gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, empleo público, impuestos autonómicos y transferencias.
Algunos datos son estremecedores y económicamente irracionales si se considera que la economía española -y, en consecuencia, las economías autonómicas- atravesaba, en el ejercicio 2011, unos momentos de crisis terribles que aconsejaban prudencia y contención del gasto público para dar mayores grados de libertad a la iniciativa privada: las ratio deuda pública/PIB y porcentaje de asalariados del sector público autonómico sobre la ocupación total aumentaron de valor en todas las Comunidades Autónomas (CCAA). Asimismo, la ratio gasto público autonómico/PIB crece en casi todas las CCAA. Dicho comportamiento traduce la falta de rigor de los administradores públicos autonómicos -unos más que otros- en relación con los esfuerzos del sector privado para resistir el impacto de la crisis y contribuir a su superación. La fatal rigidez de las administraciones autonómicas exige una reconsideración en profundidad, más allá de sus reiterados frenos y oportunistas proclamas independentistas que olvidan que las aguas no siempre se abren.
El estudio arroja luz sobre algunas cuestiones de interés, la principal de las cuales, de acuerdo con la literatura económica internacional, es la evidencia de "una correlación positiva entre la libertad económica y la prosperidad de las CCAA." O, lo que es lo mismo: "un mayor nivel de libertad económica tiende a elevar el nivel de renta en el medio y largo plazo, y que los retrocesos en este campo producen el efecto contrario".
Un ejemplo bastará para comprender las diferentes actitudes ante los problemas actuales. Si las páginas de los boletines oficiales son un indicador del grado de regulación, los resultados reflejados en el informe son claros. El número de páginas del correspondiente boletín autonómico en el año 2011 alcanzó en Cataluña la cifra de 29.260/2 -sí: 29.260/2- mientras que en Madrid sólo se publicaron 2.618 páginas.
Ante tanta diferencia sobran las palabras. Los hechos hablan por sí mismos."
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