Juan Rallo analiza las críticas al dividendo obtenido por Amancio Ortega de su propia empresa, el objetivo de dichas críticas (y su refutación) y lo verdaderamente escandaloso, que por supuesto, no se comenta en los medios de comunicación.
Artículo de El Economista:
Inditex pagó ayer un dividendo de 30 céntimos a cada una de las más de 3.113 millones de acciones que componen su capital: en total, 934 millones correspondientes al primer semestre del año. Dado que las acciones cotizan a unos 29 euros y que, en consecuencia, la capitalización del conjunto de la empresa asciende a unos 88.000 millones, el dividendo abonado apenas representa una rentabilidad semestral de alrededor del 1%. Amancio Ortega, como fundador y creador del grupo, posee 1.848 millones del total de esas acciones (el 59,3% del total) con un valor superior a 53.000 millones de euros, motivo por el cual le correspondieron unos dividendos de 554 millones de euros (de nuevo, una rentabilidad semestral del 1%).
Tan abultadas cifras escandalizaron a muchos políticos, periodistas y analistas nacionales por la excesiva concentración de rentas en una sola persona. Sin atreverse a explicitarlo, muchos de ellos pretendían sugerir que tales sumas de dinero estarían a mejor recaudo dentro de las cuentas corrientes del Ministerio de Hacienda que en las de Amancio Ortega. ¿Cuán injusta puede llegar a ser una sociedad que tolera que un solo señor ingrese 554 millones de euros mientras las arcas estatales se encuentran vacías?
Pero, en realidad, el calificativo de "vacías" resulta bastante impreciso: el Estado español se embolsa en un semestre más de 200.000 millones de euros, es decir, alrededor de 400 veces más de lo que ingresa Amancio Ortega. Acaso se objete que Ortega es una sola persona, mientras que el Estado somos todos; pero tal argumento soslaya una diferencia mucho más importante: Ortega obtiene sus dividendo gracias a que cada uno de los millones de consumidores de Inditex repartidos por todo el planeta le entrega voluntariamente unos pocos euros, mientras que el Estado español obtiene su recaudación arrebatando coactivamente a millones de contribuyentes españoles varios millares de euros. Es decir, Ortega logra sus rentas comerciando, mientras que el Estado las obtiene robando. ¿Por qué consideramos más legítimo confiscar por la fuerza 200.000 millones de euros que ingresar 554 como contraprestación voluntaria por los valiosos servicios prestados?
Tal vez se objete entonces que, si bien en origen los ingresos de Ortega puedan ser más legítimos que los del Estado, en destino a buen seguro no lo serán: Ortega hace un uso particular de esos 554 millones de euros, mientras que el Estado gasta los 200.000 millones semestrales en perseguir el "bien común". Mas tampoco parece que éste sea un argumento de peso. Por un lado, disponemos de sobradísimos ejemplos acerca de cómo los políticos despilfarran legal o ilegalmente el dinero que les han sustraído a los ciudadanos: más gasto público no equivale en muchos casos a mejores servicios para los ciudadanos, sino en mayor lucro estéril entre gobernantes, burócratas, funcionarios, clientes o lobbies. Por otro lado, no es cierto que Amancio Ortega vaya a gastar su dividendo en lujos exclusivamente personales: la mayor parte de ese capital será (bien) reinvertido dentro de la economía, generando con ello riqueza, empleo y mayores estándares de vida entre la población.
En suma, quienes espolean la envidia igualistarista contra Amancio Ortega por haber ganado mucho dinero generando muchísimo valor para los consumidores de Inditex tan sólo tratan de construir una coartada moral para legitimar el expolio estatal. Se trata de ir justificando, poco a poco, aquello que, en un principio, nos habría parecido injustificable: a saber, que un señor no sea dueño de la riqueza que ha contribuido a generar y que, por tanto, el Estado posea el derecho a rapiñarlo pese a no haber generado nada.
Lo escandaloso no debería ser que Amancio Ortega cobre un dividendo de 554 millones de euros al semestre, merced a la riqueza creada lícitamente a través de su propiedad, y que termina siendo reinvertida productivamente en nuestras economías, sino que Montoro nos extraiga coercitivamente 200.000 millones de euros cada seis meses para, con posterioridad, repartirlos de forma arbitraria entre las distintas élites extractivas que pacen en el presupuesto público. Pero este vicio de nuestras sociedades, mucho más escandaloso y estructural, no lo verán denunciado periódicamente en ningún medio de comunicación.
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