La reestructuración del sistema financiero (en particular, las cajas de ahorros) se la va a salir bien caro al sector público, o lo que es lo mismo, a los ciudadanos que pagan impuestos. La factura ascenderá a unos 1.500 millones de euros. O lo que es lo mismo, cada uno de los 15.000 despidos que se prevén en el sector (en su gran mayoría prejubilaciones) tendrá un coste aproximado de 100.000 euros por persona.
Este gasto viene determinado porque la reconversión en el sector se está llevando a través de expedientes de regulación de empleo (EREs), lo que obliga al Servicio Público de Empleo Estatal a pagar durante dos años tanto las cotizaciones sociales durante el periodo en que el trabajador esté en situación de desempleo, como las prestaciones económicas derivadas de su situación de inactividad. Esto supone un coste para el Estado de unos 50.000 euros por cabeza.
La otra parte vendrá de prejubilaciones. Alrededor del 90% de las bajas serán prejubilaciones a partir de los 55 años. Es decir, que al mismo tiempo que el Gobierno, sindicatos y empresarios impulsan la prolongación de la jubilación, el sector de las cajas prescindirá del alrededor del 11,3% de su fuerza laboral vía prejubilaciones. El gasto aproximado de este plan supone otros 50.000 euros por persona. En total, como se ha dicho, unos 100.000 euros por empleado.
Los acuerdos laborales alcanzados hasta ahora garantizan que cada empleado cobrará entre el 90% y el 95% de su salario neto actual hasta el momento en que pasen a la jubilación!!. En la reciente negociación sobre las pensiones, los sindicatos han conseguido excluir de la reforma a los procesos de reconversión laboral actualmente en marcha.
La explicación que se da desde las cajas para utilizar el procedimiento del ERE es que se trata de un sector en crisis económica, pero según las cifras oficiales de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorros) el sector ganó durante los primeros nueve meses del año 2010 (aún no hay datos cerrados sobre todo el ejercicio) 3.694 millones de euros.
Desde luego es increible una vez más la desvergüenza que supone la socialización de las pérdidas que se realizan y admiten por el Estado y sindicatos, y el agravio comparativo que supone con otros parados o resto de trabajadores, ya que tienen que pagar el salario de prejubilados que seguirán cobrando más del 90% de su anterior sueldo!! por no trabajar hasta llegar a la jubilación donde la disfrutarán, en vez de ser soportado el coste por la propia empresa o ser despedido ese trabajador como tanta otra gente.
Y luego el sistema de pensiones está en quiebra y hace falta reformas y alargar la edad de jubilación...
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