Juan R. Rallo muestra el objetivo de la nueva próxima y cercana reforma fiscal de Montoro. Un nuevo expolio impositivo al ciudadano y empresas, que intentarán maquillarlo de distinta manera para no parecerlo y que "traguemos" mejor con el mismo.
Y es que el PP ha dejado bien claro en distintas ocasiones su nula intención de ahondar en la reducción del monstruoso gasto público, siendo su objetivo (sea como sea) el incremento confiscatorio de impuestos, aunque ello suponga seguir destruyendo la economía productiva y la generación de riqueza.
Artículo de su blog personal:
"Asegura Montoro no ser la encarnación del mal. Una reconfortante y muy necesaria aclaración que probablemente no baste para despejar todas las razonables dudas al respecto, pero que acaso sí sirva para constatar los deseos del ministro de Hacienda por recibir un mejor trato de los ciudadanos. Sucede que Montoro no nos lo está poniendo sencillo: a la gente, en general, le desagrada que le saqueen los bolsillos y, por tanto, el cabecilla visible de ese macrooperación gubernamental contra la propiedad privada ajena no puede salir, por puro sentido común, demasiado bien parado.
De hecho, los últimos detalles conocidos a propósito de la reforma fiscal que cocina el Ejecutivo van en la deplorable línea que cabía anticipar: lejos de reducir la magnitud del expolio tributario perpetrado por éste y por los anteriores gobiernos, el Partido Popular pretende incrementar todavía más bajo la cortina de humo que supondrá la redistribución de su carga.
Hasta el momento ya conocemos algunos detalles: el primero y más revelador es que, según nos informó el ministro De Guindos, la redefinición de las figuras tributarias será de tal magnitud que ningún ciudadano podrá saber si le han subido o le han bajado los impuestos hasta que eche un ojo a su declaración de la renta. Ciertamente, la información encaja bastante bien con ese globo sonda lanzado esta semana según el cual se estudia eliminar con carácter retroactivo la deducción por compra de vivienda: sí, puede que los gravámenes del IRPF se reduzcan tímidamente para las clases medias y bajas -en ningún caso se plantean minoraciones para los tramos medios-altos-, pero a cambio se les propinará un inclemente rejonazo en forma de ampliación de su base imponible. Será la casuística individual la que determine si la factura final del IRPF se incrementa o se reduce, mas en agregado no parece vislumbrarse una menor presión tributaria sobre la renta.
Algo similar acaecerá con Sociedades: el Gobierno pretende hacernos creer que baraja establecer un tipo único del 15% sobre los beneficios empresariales a cambio de eliminar o aguar casi todas las deducciones, incluido el régimen de exención por doble tributación internacional (es decir, aquella que evita que las rentas empresariales gravadas en el extranjero tributen de nuevo en España). Aun en el improbable supuesto de que Montoro tuviera realmente la voluntad de fijar el tipo de Sociedades en el 15%, la mayoría de compañías seguirían soportando una fiscalidad media muy parecida a la actual en virtud de la supresión de las deducciones. Tampoco aquí se anticipa una menor losa fiscal, si acaso otra vampirización.
Claro que la voracidad tributaria del Gobierno no termina con el cambio de cromos interno en materia de imposición directa. La otra pata de la reforma parece que será un incremento sustancial de la tributación indirecta, en línea con la petición de analistas y organismos internacionales: vuelta de tuerca en los impuestos especiales y aumento del IVA, ya sea traspasando más bienes y servicios del tipo reducido al general o incluso incrementando el tipo general. El escaso alivio que algunos ciudadanos y empresarios podrían experimentar como consecuencia de la engañosa reconfiguración de la tributación directa, se verá más que desplazado por el incremento programado de la tributación indirecta.
Al final, el problema al que se enfrenta Montoro y toda la socialdemócrata plana mayor del PP es muy simple: el gasto público absorbe el 44% del PIB y la presión fiscal alcanza el 37%. Siete puntos de diferencia que se han de cerrar de una de estas dos formas: o bajando el gasto o subiendo los impuestos. El ministro de Hacienda ya ha manifestado en diversas ocasiones que no está dispuesto a pinchar la burbuja del gasto público y Rajoy le ha dado recientemente un inconfundible espaldarazo al convertir en su prioridad política la preservación del mal llamado Estado de Bienestar a costa de laminar a impuestos a un ya capitidisminuido sector privado.
Por ello, en ausencia de un improbable crecimiento económico vertiginoso, la única posibilidad con que cuenta España para acabar con ese gigantesco déficit que la aboca a la insolvencia pasa por convertirse en un infierno tributario donde la presión impositiva aumente en siete puntos.
Eso es justo lo que busca este muy liberticida Gobierno: la reforma fiscal es sólo el caballo de Troya para propinarnos la estocada definitiva."
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