Pedro de Tena muestra otro gran "éxito" del Servicio Público de Empleo. Es bien sabido el continuo fracaso que supone en la colocación de desempleados (solo consigue emplear al 2% de los contratados totales cada año, un pésimo servicio que solo en salarios dedica 243 millones de €).
Pues bien, ahora se conoce que la agencia de la Junta de Andalucía (ahora Servicio Andaluz de Empleo o SAE), tiene desde 2011 1.118 "trabajadores" que no se sabe ni qué función tienen ni cuánto cobran realmente (la agencia cuenta con 2.966 empleados pero ¡Solo están ocupados 1.550!!).
Es otro hecho más de la administración paralela andaluza en la que más de 35.000 enchufados ocupaban puesto en la Administración, y que fueron por ley incorporados como empleados públicos a la Administración (con la vergonzosa Ley de Reordenación del sector público con la que se legalizó una irregularidad manifiesta para mantener con el dinero de los ciudadanos a amigos, ciudadanos y expolíticos socialistas).
¿Alguien se imagina que esto pasara en otra región y con otras siglas (como es correcto hacerlo)? Sin duda, una desgracia para la higiene democrática del país...
Artículo de Libertad Digital:
Hace unos días saltaba el caso de Joaquín García, el funcionario contratado a dedo en el Ayuntamiento de Cádiz, gracias a su relación con dos de sus cuñados: uno, Fermín del Moral, excandidato del PSOE a la alcaldía, y otro, el jefe de personal del Ayuntamiento de Cádiz en el tiempo de su contratación y exabogado de UGT, Juan Carlos Sánchez.
Es conocido que dejó de ir a su puesto de trabajo en La Martona, una estación de bombeo de aguas, durante un período de tiempo de entre 6 y 12 años, cosa aún no certificada. Pero el caso pasa a ser una anécdota tras conocerse que la agencia de la Junta de Andalucía denominada ahora Servicio Andaluz de Empleo (SAE) tiene desde el año 2011 a 1.118 trabajadores procedentes de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) de los que no sabe ni qué función tienen ni cuánto cobran realmente.
ABC subraya que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, del que depende esta agencia, ha reconocido que "no cuenta" con un catálogo donde consten estos puestos de trabajo. Es decir, carece de un documento que determine qué hacen y cuáles son los sueldos y complementos del numeroso grupo de personal integrado hace cinco años en el organismo de la Junta que gestiona los servicios destinados a los desempleados. Su integración al SAE se consumó al amparo de la ley de reordenación del sector público andaluz pero no se sabe ni qué hacen ni cuáles son sus salarios.
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Ha sido la muy trabajadora diputada del PP andaluz, Teresa Ruiz Sillero que, en su labor de control implacable, interpeló junto a otra diputada popular Patricia del Pozo al consejero sobre estos empleados públicos. El consejero Maldonado respondió el pasado 8 de enero explicando que entre los ex Faffe subsisten hasta seis categorías diferentes: un directivo, nueve "mandos", 22 "mandos intermedios", 784 técnicos, 161 administrativos y 141 clasificados como personal de "apoyo". Son los 1.118 "sin papeles" administrativos.
Además de estos 1.118 empleados sin tareas definidas ni remuneraciones especificadas, la agencia cuenta con otros 1.297 trabajadores con unas funciones definidas en el catálogo de puestos de trabajo: 916 funcionarios, 73 interinos incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), 286 interinos contratados con fondos europeos y 267 laborales fijos.
El número total de plazas que recoge la Relación de Puestos de Trabajo de la agencia es de 2.966 plazas, pero sólo están ocupadas 1.550, el 48 por ciento de los puestos que deberían estar destinados a ayudar a 972.228 andaluces parados a los que no se destina ninguna acción formativa desde 2011.
Las resoluciones del enchufismo
Recuérdese que los funcionarios y empleados públicos en número de 50.000 salieron a la calle a finales de 2010 en una manifestación histórica en protesta por la voluntad de enchufismo de la Junta de Andalucía presidida entonces por José Antonio Griñán.
Resumiendo, la Junta contrató durante años personal para sus entes públicos sin control y sin pruebas regladas y llegó a tener 35.000 empleados de una "administración paralela" que huía del Derecho Administrativo y le permitía la mayor discrecionalidad.
Tras la aprobación de la normativa que permitía la incorporación de los "enchufados" a la Junta de Andalucía en calidad de empleados, perpetrada en estos últimos años, los 1.118 trabajadores de la extinta Faffe encontraron acomodo laboral en el Servicio Andaluz de Empleo gracias precisamente a la polémica Ley de Reordenación del sector público, que dio cobertura legal a la eliminación de 111 empresas públicas para agruparlas en 14 grandes agencias.
El Gobierno andaluz, apoyado por UGT y CCOO, se enfrentó a los sindicatos profesionales de funcionarios que intentaron en los tribunales que se derogara la normativa "enchufista" que pretendía convertir en empleados públicos a los miles de contratados sin control alguno. La Faffe fue disuelta y sus más 1.500 trabajadores -muchos de ellos amigos, familiares o exalcaldes socialistas-, pasaron a integrarse en el SAE. La juez Alaya habló de la Faffe como "bolsa de fraude". Ahora, se sabe además, que no se sabe lo que muchos de ellos hacen y cobran.
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