Más evidencia sobre la "fantástica" idea y propuesta de tener una banca pública, nacionalizando y expropiando el sector, como proponen IU y Podemos (el colmo de la estupidez es que argumentan que el crédito ha de ser un derecho!!!).
Antes de nada cabe destacar que la crisis financiera en España ha provenido de la banca pública, esto es, las Cajas de Ahorro, que fueron las rescatadas en España tras los agujeros contables y la pésima gestión llevada a cabo por políticos y sindicalistas.
Y no puede ser de otra manera, pues los intereses políticos se imponen al funcionamiento del mercado, pues una banca dirigida por políticos permite en primera instancia financiar casi sin límite sus proyectos faraónicos (pagados con crecientes impuestos del ciudadano), aunque arruinen al ciudadano, permite financiar a sus afines y empresas cercanas por arriesgada y poco rentable que sea dicho proyecto (más pérdidas al contribuyente y beneficio para el político y empresario amigo-familiar) y permite financiar los crecientes gastos y subvenciones para comprar las voluntades y votos del ciudadano (pese a que lleve a un endeudamiento insostenible que acabe en la ruina y los recortes posteriores).
Y no puede ser de otra manera, pues los intereses políticos se imponen al funcionamiento del mercado, pues una banca dirigida por políticos permite en primera instancia financiar casi sin límite sus proyectos faraónicos (pagados con crecientes impuestos del ciudadano), aunque arruinen al ciudadano, permite financiar a sus afines y empresas cercanas por arriesgada y poco rentable que sea dicho proyecto (más pérdidas al contribuyente y beneficio para el político y empresario amigo-familiar) y permite financiar los crecientes gastos y subvenciones para comprar las voluntades y votos del ciudadano (pese a que lleve a un endeudamiento insostenible que acabe en la ruina y los recortes posteriores).
Y en segunda instancia permite reducir los tipos o dar crédito sin fin a todo tipo de empresas/personas por muy arriesgados que sean esos créditos o por muy poco solventes que sean esas empresas/personas (y por tanto con el elevado riesgo de provocar pérdidas al no ser devueltas) con la excusa del bien común y el bien social. La consecuencia es justo la contraria. Un desastroso mal común y un desastroso mal social, pues las pérdidas producidas son tremendas, y pagan justos por pecadores arruinando al conjunto de la sociedad.
Y esto lejos de ser aprendido, pretende ser recuperado y llevarse a la enésima potencia por los ilustrados de Podemos o IU. ¿La diferencia? Que al ser de inicio banca pública, las pérdidas y agujeros son continuos y mucho más grandes y se esconden en creciente deuda e impuestos en lugar de un rescate publicitado. Es decir lo mismo que ocurre con las empresas públicas hoy en día, siendo un buen ejemplo TVE (solo que a lo grande). Todo el agujero financiero habría sido aún más grande produciéndose un rescate interno. Pero estos son los mismos que critican que se rescate a los bancos. Es el colmo de la estupidez y de la hipocresía.
El último ejemplo a pequeña escala de esto fue la creación del ICO (Instituto del Crédito Oficial) en 2010 por Zapatero. El sector financiero tras la explosión de la burbuja, y ante la necesidad de corregir los excesos del crédito, reducir el endeudamiento bancario y la menor solvencia de la demanda de crédito, redujo el préstamo de créditos (lo que era un factor absolutamente necesario para sanear la economía y volver a crecer de manera sostenible). Ante esto el gobierno impulsó el crédito público nuevamente.
Pues bien, el resultado ha sido el esperado y que advertíamos muchos, que no es otro que más pérdidas para el contribuyente, con una morosidad que alcanza ya el 35% de dichos créditos (se impaga el 35% de lo que se prestó y dicho dinero lo pierde el contribuyente que no tiene nada que ver con dicho crédito). Y menos mal que se creó para apoyar proyectos viables...
Otra injusticia e inmoralidad más que empobrece a la sociedad y supone una injusticia brutal para gran parte de la misma (a parte de la aberración económica que supone para un funcionamiento eficiente de la economía, ya muy atacado por la manipulación masiva de los tipos de interés entre otras cosas por parte del BCE).
Pero es que es tan bonito lo que cuentan...
Mientras que partidos como Podemos o Izquierda Unida relanzan en sus propuestas la vuelta de la banca pública como solución al crédito, el Gobierno ve peligrar cada vez más el dinero que prestó en su última experiencia bancaria. Según ha podido confirmar EL MUNDO de fuentes oficiales, el Instituto de Crédito Oficial, la agencia financiera del Estado, ha elevado en el ejercicio 2014 a 194,7 millones la provisión en su llamada línea ICO Directo creada por el Gobierno de Zapatero en 2010. Esta cantidad es la dotación por créditos clasificados ya como de dudoso cobro por haberse producido impagos en el plazo en que los beneficiarios deberían estar devolviendo el dinero. La salida de la recesión no ha hecho bajar, sino lo contrario, la perspectiva de recobro de esta actividad bancaria pública.
La provisión oficial por morosidad representa ya el 35% de los 551 millones concedidos en la etapa del anterior Gobierno para paliar la escasez de crédito que conseguían las pequeñas y medianas empresas en el sector privado. El intento no tuvo impacto apenas en la economía española y el resultado es un índice de morosidad muy superior al registrado oficialmente en la banca convencional privada. El grueso de la actividad del ICO es prestar a través de la amplia red de la banca privada, que es la que asume el riesgo si sus clientes no devuelven el dinero, por eso fue tan novedosa y también arriesgada la línea ICO Directo.
Todo empezó el 16 de marzo de 2010, cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asumía un experimento: la vuelta de la banca pública a España. «El Gobierno ha planteado un esfuerzo excepcional y extraordinario a todos los grupos políticos de la Cámara, una nueva medida que supone un apoyo cualitativo y un paso fundamental y es que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) financie proyectos viables hasta un importe de 200.000 euros, asumiendo los riesgos de la operación, que creemos que puede contribuir de manera importante a facilitar más crédito, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que se han visto con una mayor dificultad en estos dos últimos años, como consecuencia de la crisis financiera».
La entonces ministra de Economía, Elena Salgado, ejecutó la idea a los pocos días y nació la línea ICO Directo que empezó a conceder créditos directos asumiendo el 100% de riesgo. El método para conseguir el dinero consistía en que los demandantes rellenaban un formulario por internet. Pese a que el ICO, infradotado para este tipo de banca directa, no podía ejercer el control, los desbordados técnicos de la institución pública tuvieron que rechazar el 80% por claramente inviables.
Sin embargo, aceptaron el 20% restante y llegaron a formalizar 13.961 operaciones de préstamos por 551 millones de euros, según fuentes oficiales de la entidad pública que dirige actualmente Irene Garrido. La cifra finalmente concedida fue muy inferior comparada con el «esfuerzo extraordinario» anunciado por Zapatero, porque apenas suponía el 0,7% de la actividad crediticia del ICO. Era también insignificante comparada con el millón de euros invertido por la agencia financiera del Estado en publicidad para el frustrado intento.
¿Qué fue de esta experiencia? La última declaración pública data del pasado 19 de febrero en el Congreso cuando el entonces presidente del ICO, Román Escolano, explicó así la situación: «Tuvimos que cerrar [al llegar al cargo en 2012] con gran rapidez una iniciativa mal concebida y mal implementada como fue ICO Directo, que se estaba comiendo la cuenta de resultados del ICO».
Escolano, que fue nombrado el pasado septiembre vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, preveía tener que dotar 250 millones este año y rozar así el 50% del total por la perspectiva de impago, pero al final ha quedado en 194,7, ligeramente por encima de la cifra de 2013, que no trascendió.
La recuperación económica no ha frenado la morosidad, pero sí que aumente al nivel temido a principios del pasado año por Escolano. De la cifra finalmente provisionada, el ICO ha dotado como de dudoso cobro 188,3 millones y otros 6,4 millones como subestándar. Este último concepto quiere decir que aunque el ICO no ha registrado aún morosidad clara, sí prevé problemas de cobro.
No obstante este conjunto de cifras equivale a que hay ya serias posibilidades de que cerca de 5.000 pymes no devuelvan al Estado los 35.000 euros que recibieron como préstamo medio.
Los economistas de referencia de Podemos reivindican que hay que dar una nueva oportunidad a la banca pública. Juan Torres y Vicenç Navarro defienden que «el crédito debe ser un derecho» y preconizan un sistema financiero público ante la, a su juicio, fallida banca privada. También IU está intentando en el gobierno de coalición que forma con el PSOE en Andalucía la creación de una banca pública andaluza. Y también Syriza en Grecia la incluye en su programa para ganar las próximas elecciones.
En el documento base de Podemos se propone el «reconocimiento en nuestra Constitución de un principio que consagre el crédito y la financiación a la economía como un servicio público esencial». Admite, no obstante, que la estructura del ICO no es suficiente y plantea «mejorar su funcionamiento para que los préstamos que recibe del BCE (tal como hace la banca privada) puedan ser accesibles a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, para que estas puedan recibir la financiación que necesitan con urgencia».
En general, Torres y Navarro ven necesaria «la creación de banca pública y bancos ciudadanos de interés público, sujetos a condiciones estrictas que garanticen su sometimiento al anterior principio y al control ciudadano para evitar la corrupción que se ha generalizado en los últimos años». En el ICO se descarta actualmente reiniciar cualquier actividad de este tipo mientras no haya otras instrucciones del Gobierno.
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