viernes, 26 de agosto de 2016

Dentro del armario

María Jamardo critica la nueva ley discriminatoria contra la mayoría de la sociedad, y que busca privilegiar a un lobby, de la reciente ley aprobada en la Comunidad de Madrid para los centros de educación. 
Una ley, que sobra absolutamente como bien expone, que infringe leyes constitucionales y es cómo no costosa.

Artículo de Ok Diario:
Las neofeministas, como extraordinarias marxistas, son conscientes de que para someter la sociedad a la voluntad del Estado es imprescindible modificar la naturaleza misma de la humanidad. Su igualitarismo, basado en la supresión de clases –no en lo económico, sino entre sexos- de hombres y mujeres, para hacerlos desaparecer, se esfuerza con ahínco en deconstruir todo lo que los define, identifica y caracteriza como tales. Ningún individuo inteligente, libre e independiente conforma el caldo de cultivo idóneo para ser sometido. Sólo la masa no pensante de la colectividad es controlable y por eso, asistimos a una innegable y agresiva campaña contra la naturaleza individual que tiene su máximo exponente en las leyes de “género”. No importa si los textos se refieren a la protección de las víctimas en el ámbito doméstico, o a la presencia obligatoria mujeres en listas electorales y consejos de administración, ni si se trafica con el pensamiento único en el entorno educativo. Todas son reconocibles por el mismo sesgo.
Con el curso escolar a la vuelta de la esquina, es de justicia volver a denunciarlo. Decir alto y claro que la ideología de género perjudica a los niños, y no me vengan con críticas absurdas y argumentos religiosos y más moralizantes, retrógrados y anticuados que los que dicen combatir. A los que estén cargando sus argumentos totalitarios contra este artículo les reto a que se lean primero el último informe del Colegio Americano de Pediatras y luego, hablamos.
Hablamos de cómo la reciente ley aprobada en la Comunidad de Madrid para sus centros, -que se integran en un sistema público de enseñanza ¿de calidad? en un Estado aconfesional– va a someterlos a partir de septiembre a las imposiciones ideológicas de un lobby de resentidos, gracias a un texto con graves contraindicaciones constitucionales. La primera en la frente, el propio título: Ley contra la Discriminación. No deja de tener su gracia cuando en su desarrollo discrimina sistemáticamente (y sí, me he leído el texto íntegro) a la inmensa mayoría de los ciudadanos que no somos gays, ni lesbianas, ni transexuales, ni bisexuales, ni queen, ni intersexuales; y no sólo eso, sino que promete perseguirnos y multarnos, además de obligarnos a pagar con cargo al dinero de todos, y sin rechistar, la imposición a nuestros hijos de opciones ideológicas que violentan frontalmente nuestra libertad de pensamiento.
Qué quieren que les diga, si de lo que se trata es de inculcar a los niños valores como la tolerancia, el respeto, las bondades de la desigualdad de los individuos (que en definitiva es a lo que se refiere la mal llamada diversidad), … No se me ocurre una forma más contradictoria y mediocre de intentarlo que atacar los derechos fundamentales de todos en favor de unos cuantos, además de un gasto innecesario. Esta ley, que debería haberse quedado para siempre dentro del armario, sobra. Sobra, porque no hacía falta una norma específica contra la discriminación por diversidad sexual y de género cuando la Constitución Española recoge expresamente, en su artículo 14, que nadie puede ser discriminado por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
Sobra, cuando ninguno de los fundamentos de hecho que la motivan aporta datos objetivos que prueben la existencia práctica de discriminación hacia el colectivo LGTB, salvo especulaciones en abstracto, obviamente manipuladas por los interesados. ¿Dónde están las cifras, las estadísticas, los casos? Sobra, desde el momento en que vulnera el derecho de los padres a elegir la educación de nuestros hijos para inocularles contenidos tendenciosos, acientíficos y aberrantes. Sobra, porque la norma convierte al colectivo LGTB en privilegiado, instaurando en su favor dos cuestiones que comparte con la ley de violencia de género: discriminación positiva y violación de la presunción de inocencia al invertir la carga de la prueba (o lo que es lo mismo, que el acusado de homofobia es quien deberá probar que no es homófobo y no a la inversa) que atentan contra principios básicos del Estado de derecho (CE artículo 24.2).
Vamos que, según las neofeministas, el progrerío y los políticos acomplejados que los han respaldado, toda la sociedad española será sospechosa de estar en contra de gays y lesbianas mientras no demuestre lo contrario. Así estamos.

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