martes, 23 de agosto de 2016

Nueva Zelanda, el nuevo referente capitalista

Diego Sánchez de la Cruz analiza otra de las economías más liberales del mundo, Nueva Zelanda, y su impresionante progreso a partir de las múltiples reformas liberales adoptadas. 

Artículo de Libre Mercado: 
Auckland, Nueva Zelanda | Flickr/ Abacon Management
Si excluimos a Hong Kong y a Singapur, Nueva Zelanda es la economía más liberal de todo el mundo. Así se desprende de la edición 2016 del Índice de Liberad Económica, un ranking elaborado anualmente por la Fundación Heritage que el think tank Civismo distribuye en España. La nota cosechada por Nueva Zelanda es de 81,6 puntos sobre 100 y coloca a la isla oceánica por delante de Suiza, que ha quedado relegada al cuarto puesto de la lista.
Las reformas liberales en Nueva Zelanda tuvieron lugar en los años 80, coincidiendo con el auge de figuras como Ronald Reagan o Margaret Thatcher. En el caso neozelandés, fueron políticos de centro-izquierda los que impulsaron las reformas liberales. Quizá el más importante de todos fue Roger Douglas, que propuso un amplio decálogo de desregulación en 1983. Desde las filas de la izquierda no faltaron las críticas de quienes consideraban que aquello suponía un "giro a la derecha".
El caso es que Nueva Zelanda llevaba sufriendo décadas de estancamiento cuando Roger Douglas lanzó el manifiesto que inauguró la era de las Rogernomics. Si en 1950 veíamos que Nueva Zelanda ocupaba el décimo puesto en el ranking mundial de ingreso per cápita, en 1980 la cosa era muy distinta y la isla acumulaba más de treinta años creciendo un 50% por debajo de la media de la OCDE.
Los precios, los tipos de interés, los dividendos empresariales, los sueldos, los alquileres, los horarios comerciales, el sector importador y exportador… Todos los ámbitos de la economía eran controlados y regulados de manera exhaustiva. A esto se sumaba un nefasto manejo de la política monetaria: durante buena parte de los años 70, la inflación superó el 10%.

'Rogernomics' en acción

Como explica J. P. Floru en su libro Heavens on Earth, Roger Douglas empezó a criticar la línea oficialista del laborismo desde comienzos de los años 80. Apenas unos años antes, su figura era ampliamente reconocida como una de las más izquierdistas del panorama político. Sin embargo, el colapso económico que sufrían las islas sacudió la conciencia de Roger Douglas y le llevó a asumir postulados mucho más liberales que los defendidos por los políticos de centro-derecha.
Para sacar adelante los postulados que hoy se conocen como Rogernomics, Roger Douglas se rodeó de expertos que sí llevaban años instalados en tesis liberales. Su llegada al ministerio de Finanzas abrió la puerta a la implementación de reformas de mercado. También en el ministerio de Transporte, en el de Industria y en el de Empleo había dirigentes laboristas que se mostraban cada vez más alejados del intervencionismo cerril que su partido venía defendiendo.
Las recetas empezaron a aplicarse en 1984. Douglas abogó por un mayor grado de libertad monetaria como primer paso para la recuperación. Además, se empezaron a retirar los controles de precios. Una vez se asumieron estas medidas de estabilización del dólar kiwi, el gobierno laborista de Nueva Zelanda se centró en adoptar reformas estructurales: simplificación y reducción de los impuestos, firma de tratados de liberalización comercial, introducción de un mayor grado de flexibilidad laboral, reducción del gasto público…
En el plano tributario, Douglas redujo de cinco a tres los tramos del IRPF y aplicó rebajas de los tipos efectivos para todos los niveles de renta. En cuanto a los gravámenes indirectos, se sustituyó un modelo muy complejo que llegaba a imponer tasas del 50% por un IVA simplificado del 10%. El Impuesto de Sociedades también fue rebajado, de manera que el tipo general cayó del 48% al 33%. El efecto expansivo de las reformas hizo que la recaudación aumentase, pasando del 30% al 33% del PIB. El déficit, que rondaba el 7% cuando Roger Douglas asumió la cartera de Finanzas, había caído al 1% a finales de los años 80.
En el gasto público, se empezó a introducir un nuevo criterio de gestión cercano al vigente en la empresa privada. La mayoría de las subdivisiones de los distintos departamentos ministeriales quedaron bajo la dirección de ejecutivos reclutados ad hoc para tutelar las reformas. Su sueldo dependía del grado de cumplimiento de los objetivos. A cambio, se permitía un amplio nivel de libertad a la hora de reorganizar los procesos del sector público.
También hubo un giro en la gestión del gran conglomerado de empresas públicas que controlaba el gobierno. Aerolíneas, bancos, compañías de telecomunicaciones, ferrocarriles, líneas de transporte marítimo, minería, correos… En todos estos ámbitos, Roger Douglas promovió la llegada de directivos empresariales llamados a gestionar las empresas públicas de manera profesional. Tras la reconversión desarrollada entre 1984 y 1986, muchas de estas compañías fueron privatizadas a lo largo de la década siguiente. En 1987 se vendieron bancos, compañías petroleras, empresas siderúrgicas… A lo largo de los años siguientes, se decretó casi una treintena de privatizaciones.
Desde el punto de vista comercial, la firma del tratado de liberalización con Australia en 1983 tuvo especial significación. De hecho, en los años que siguieron, Nueva Zelanda siguió acordando este tipo de tratados con otros países pero también abogó por seguir el ejemplo de Chile y reducir unilateralmente muchas de las trabas a las importaciones que seguían en vigor.
En los 90, el laborismo sufrió una crisis interna como consecuencia de la falta de consenso en torno a las reformas adoptadas, lo que empujó a Douglas a fundar su propio partido, conocido como la Asociación de Consumidores y Contribuyentes.

La liberalización del sector agrícola

Quizá la reforma de mayor calado que adoptó Nueva Zelanda fue la del sector agrícola. J. P. Floru se refiere a ella apuntando que la isla oceánica ha logrado algo que no ha hecho ningún otro país: abolir todos los subsidios y todas las medidas proteccionistas introducidas para "proteger" al sector primario.
Entre 1984 y 1990, las medidas supusieron un duro periodo de ajuste para las explotaciones agrícolas. Sin embargo, completada la reconversión, la situación empezó a mejorar de manera continuada. Poco a poco, el peso de la agricultura sobre el PIB volvió a crecer, en línea con una productividad que se multiplicó por cinco. Se esperaba que el 10% de las empresas del sector iba a quebrar, pero la cifra final no llegó al 1%.
De media, las ayudas públicas en los países desarrollados suponen el 30% de la producción anual del sector agrícola. En Nueva Zelanda, los programas que aún están en vigor son tan insignificantes que apenas el 1% del "PIB primario" está ligado al Estado, un porcentaje treinta veces más bajo que el registrado en el resto de países ricos.

Del cambio al progreso

El desempeño económico de Nueva Zelanda fue mejorando en los años 80 y continuó una línea ascendente en las siguientes décadas. En 1990, la llegada del centro-derecha al poder amplificó la agenda de liberalización seguida por los laboristas: se redujo el gasto público, se abolió el Impuesto de Sucesiones, se reformó el gasto sanitario…
La ministra de Finanzas, Ruth Richardson, impulsó muchas de estas medidas con éxito y también sacó adelante una versión moderada de la profunda reforma laboral que planteó tras su llegada al poder. J.P. Floru explica en Heavens on Earth que esta reforma redujo sustancialmente el peso de la negociación colectiva y la incidencia de la conflictividad laboral.
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A lo largo de este periodo, el gasto público ha caído de manera sistemática, pasando del 42% del PIB en 1985 al 35% del PIB en 2015. Algo similar ha ocurrido con la presión fiscal, que tocó techo en 1991, cuando se alcanzaron niveles del 42% del PIB. Desde entonces, la recaudación tributaria ha perdido peso hasta llegar al 35% del PIB registrado en 2015.
La buena salud fiscal de Nueva Zelanda resulta envidiable. En 1985, la deuda pública se acercaba al 60% del PIB. Sin embargo, en 2008 rebasaba ligeramente la barrera del 15% del PIB. Desde entonces, el impacto de la Gran Recesión ha aumentado las obligaciones hasta el 30% del PIB, aunque está previsto que este indicador baje al 23% del PIB a lo largo de los próximos años.

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