sábado, 20 de agosto de 2016

El Estado se gasta 57 millones al año en liberados sindicales

Juan E. Pflüger muestra el enorme coste que supone para los contribuyentes de manera impuesta el mantenimiento de los privilegiados liberados sindicales, que cobran por no trabajar en aquello para los que se les contrató. 
Otros privilegiados que viven del cuento no mantenidos voluntariamente por quienes quieran sus servicios, sino a la fuerza por el conjunto de ciudadanos, sin entrar en las consecuencias que esto conlleva. 

Artículo de La Gaceta:


Cabecera de manifestación ./ Efe

El pasado martes Gaceta.es publicaba el coste de las liberaciones sindicales en el conjunto de las comunidades autónomas que ascendía a los 340 millones de euros para un total de 9.500 sindicalistas que cobran de la administración sin cumplir las funciones del cargo para el que están contratados. Ahora desvelamos el coste de los liberados sindicales en la administración central del Estado: 57 millones de euros anuales que se reparten los 1.720 sindicalistas beneficiados por la eliminación de su compromiso profesional.

Frente a los 36.000 euros anuales que cuesta cada liberado a las comunidades autónomas, en el caso de los ministerios la cantidad es sensiblemente menor y se sitúa en los 33.300 euros como consecuencia de la diferencia en las remuneraciones y el grado dentro de la escala de la administración que ocupan los sindicalistas.
En 2012 la nómina de agraciados con esta reducción en sus funciones dentro de la administración del Estado era de 3.004, pero una resolución del Consejo de Ministros hecha pública por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, decidió reducir el número y dejarlos en 1.063, aunque poco después limitó la bajada salvando a un 30% de los liberados y dejándolos en 1.720.
Los 57 millones de euros que cuestan estos, sumados a los 340 de las comunidades autónomas dan un coste total de los liberados sindicales en las principales administraciones públicas de 397 millones, cantidad excesiva que en parte contribuye a la financiación de los sindicatos a los que representan los beneficiados que están obligados a ceder parte de su remuneración a estas organizaciones.

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