No hay peor ciego que el que no quiere ver

Manuel A. Hidalgo da en el clavo poniendo diversos ejemplos (son inacabables) de lo que ocurre en el día a día en tantos gobierno y administraciones. 

Y es que efectivamente no hay más ciego que el que no quiere ver, y que solo reflejan solo reflejan la incapacidad de entender, la ignorancia, el sectarismo o cesión a grupos de presión concretos (o afines) y redes clientelares, sin olvidar algo no comentado en el artículo, como es la formación de un relato afín, un estado de opinión favorable con la que salir beneficiado electoralmente, aunque las consecuencias de dichas medidas sean más que demostradamente fracasadas. 

Artículo de Voz Pópuli: 

El polémico precio máximo de las mascarillas EFE

No hay más ciego que el que no quiere ver. Si estamos condenados a equivocarnos, al menos que sea experimentando en las acciones, pero no repitiendo las mismas. Pues, si algo podemos decir de quien reitera en el error, es que entonces ya no es una equivocación, sino una decisión consciente.

Hace unas semanas escribía sobre la necesidad de realizar evaluación de políticas públicas para avanzar, mejorar y diseñar la política económica, social, educativa y cualquiera de las gestionadas por las administraciones. La evaluación es el instrumento para discriminar y mejorar dichas políticas, además de ser un ejercicio profundamente democrático, pues obliga a rendir cuentas “políticas” de quienes manejan el presupuesto público, propiedad de todos los ciudadanos. Entonces, argumentaba que si la evaluación no era positiva, solo habría que reconsiderar dicha política, mejorarla o abandonarla.

Sin embargo, a veces, las políticas ya han sido evaluadas. Gracias a dicho ejercicio conocemos la efectividad de estas, de tal modo que podemos saber de su utilidad o inutilidad o incluso, en no pocos casos, de posibles efectos no esperados contrarios a los deseados. Y es que, en política económica, en muchas ocasiones, la distancia más corta entre la intencionalidad de actuar y el resultado deseado no es una línea recta.

Cuenta la historia, así como ejemplo, que en cierta ocasión se quiso en la India británica eliminar un problema: el elevado número de serpientes cobra que habitaban en cierta zona del subcontinente. Para ello, el gobierno británico del lugar diseñó una política muy sencilla y razonable (línea recta entre intención y resultado) para mitigar el desagradable problema: pagar por cada serpiente muerta. Este es un ejemplo de un resultado buscado, eliminar serpientes, y el diseño de un incentivo aparentemente directo: pagar por ello.

Sin embargo, ¿qué resultado se obtuvo? Pues lo contrario a lo pretendido. Más de un espabilado se dedicó a criar cobras. Y es que el decreto de eliminación había transformado un animal sin supuesto valor en uno con elevado valor. La intervención pública había desviado incentivos a la cría de este animal. De repente, criar retoños de este reptil era lucrativo. Por lo tanto, fue esta intervención, bienintencionada, la que generó un efecto no esperado, pero económicamente lógico: el aumento del número de cobras. Cuando se rectificó y se derogó la medida, los criaderos dejaron de tener sentido económico y las cobras se liberaron. Después de la medida, había más serpientes que antes de esta.

El camino a seguir

Ejemplos como este tenemos no pocos, lo que viene a demostrar que lo importante no es solo el fin, sino singularmente cuáles son los instrumentos aplicados para alcanzarlos. Y como hemos visto, los más razonables y lógicos (la línea recta) no siempre nos llevan al destino esperado. Por eso, la evaluación de los resultados de las diferentes “intenciones” previas nos muestran indicaciones señalando el camino a seguir. A pesar de ello, recurrentemente volvemos a caer en la trampa y decidimos pagar por cada cobra muerta.

Este es el caso de dos políticas pasadas que, o se ha anunciado su reedición o bien han sido reclamadas por potenciales grupos de interés. Entre las primeras destaca la bonificación de la contratación indefinida. Entre las segundas las subvenciones a la compras de cierto tipo de bienes, como es el caso particular de la compra de vehículos. A pesar de la abundante literatura al respecto, volvemos a proponer medidas que no tienen los resultados esperados. Quizás se hace por ignorancia (excusa que funciona hasta que sabes que hay quienes te pueden contar con rigor lo que realmente ocurre), por vagancia intelectual o por sectarismo. O quizás para contentar a grupos de interés. Todo cabe.

Una subvención al despido

Respecto a la bonificación a la contratación, podemos decir que es una política ampliamente empleada. En 2018 esta supuso al menos 2.000 millones de euros solo en España. Y solo es una pequeña parte de lo que llevamos invertido en las últimas décadas. La medida se articula mediante ayudas o bonificaciones a la contratación indefinida. El problema, y que es lo que los trabajos suelen mostrar (aquí y aquí), es que los resultados de estas medidas, cuando se hacen indiscriminadamente, son muy modestos, y prácticamente la contratación dura lo que dura la ayuda. En general, provocan un dead weight lose o pérdida de ineficiencia, pues resulta ser una subvención a formalizar un contrato. Además, se podría decir que es una subvención al despido, pues los trabajadores suelen perder su empleo una vez es retirada la ayuda. Sin embargo, sí es cierto que estas políticas tienen mayor probabilidad de resultar adecuadas cuando más se afina el grupo objeto de esta, cuando mejores son las instituciones laborales, cuando mayor es el nivel de cualificación y la productividad de la empresa. Por lo tanto, si se va a bonificar la contratación, hay que diseñar muy en detalle el colectivo al que se quiere beneficiar y las empresas que podrán participar.

En segundo lugar, las ayudas a la industria del automóvil, a través de los planes “renoves”, tienen resultados muy deficientes. Así, en un trabajo de Juan Luis Jiménez y coautores se demuestra que, para el Plan2000E, las ventas de coches no aumentaron significativamente y que, prácticamente, toda la ayuda fue absorbida por los vendedores con aumentos de precio. Por último, estiman que por cada tonelada de CO2 que se eliminó mediante al cambio de los vehículos más contaminantes por otros más “verdes” se pagó unos 92 euros, 6,4 veces más que el precio habitual del derecho de emisión. Directamente, la ayuda fue una trasferencia de renta sin aparentes efectos reales a un lobby como es la industria del automóvil. Cualquier política de ayuda a este sector debe ser analizada meticulosamente para que tenga efectos reales y no solo supongan una transferencia neta de rentas.

Junto a estos ejemplos podemos enumerar muchos otros como establecer precios máximos, que generan exceso de demanda si el precio es inferior al de mercado; o concentración de precios en el máximo si este es superior (algo que parece haber ocurrido con el precio máximo de las mascarillas); limitaciones a la oferta, lo que genera un aumento del coste para acceder a un producto o simplemente colas y listas de espera para acceder a este, … Es decir, hay donde escoger. El bestiario de políticas erróneas tiene muchos capítulos y ejemplos.

En resumen, el coste de oportunidad de llevar a cabo políticas erróneas es elevado. Las políticas señaladas en este artículo pueden concentrar elevadas cantidades de dinero en opciones ineficientes que, para otros fines, pudiera tener mejor retorno económico, laboral o social. Empeñarse en llevarlas a cabo a pesar de la evidencia que exige una mejor definición o una sustitución por otras políticas más exitosas solo reflejan la incapacidad de entender, ignorancia, sectarismo o presión de grupos concretos. Mientras tanto, oímos cómo por el desagüe se nos escapan las monedas.