Ante las burdas manipulaciones y desinformación en tv o redes sociales sobre que la ley Celaá no cambia nada, que el castellano no desaparece de ningún sitio, que es lengua vehicular, a ver si entendemos de una vez qué supone esta ley, profundizando un poco más de lo que los medios gubernamentales pretenden vender e insertar en las mentes de la gente que no tiene por qué saber o profundizar en este tema: El diablo está en los detalles (nunca te van a decir directamente algo).
1) Efectivamente, la Constitución indica que el castellano será lengua vehicular en todo el país, compartiendo dicha vehicularidad con otras lenguas, por ejemplo el catalán en Cataluña. Correcto. El problema? Que dicha ley se incumplía en Cataluña, dando todas las clases en catalán, haciendo todos los comunicados del centro en catalán y los comunicados a familias en catalán (la vehicularidad también es esto). El castellano solo se emplea para lengua castellana.
2) Ante este incumplimiento de la ley, algunas familias han pedido ante los tribunales que se cumpla la exigencia constitucional de que el castellano sea lengua vehicular, lo que ha llevado a que se dictaran varias decisiones que, ante la falta de una previsión legal, han concluido que la presencia mínima de castellano en la educación ha de ser de un 25%. Por debajo de este porcentaje entienden que el castellano tendría el tratamiento de una lengua extranjera, lo que no sería constitucionalmente conforme.
3) Esto se incumple de manera generalizada en toda Cataluña, y solo en algunos casos concretos (los que llegaban tras años de denuncias y hasta el tribunal constitucional a aplicarse). La inmensa mayoría aunque quieran y estén en su derecho se joden si no llegan tan lejos.
4) Ante la renuncia del legislador estatal a realizar esta regulación y también a implementar mecanismos que garanticen el cumplimiento por parte de las administraciones autonómicas de la obligación de que el castellano sea lengua vehicular, aparece la ley Wert, para dar cobertura a los que exigen que se respete su libertad y derechos constitucionales. La ley permitía en aquellos casos en los que la administración autonómica incumpliera esta obligación los padres podrían recurrir a la enseñanza privada, corriendo los costes a cargo de la administración autonómica. Esto es lo que el Tribunal constitucional vio como inconstitucional de la ley Wert partiendo de un incumplimiento de la ley previo de las autoridades autonómicas catalanas. Y el Tribunal dice que si ese incumplimiento se da sería necesario ponerle remedio “a través de cauces constitucionalmente lícitos”, en su sentencia 14/2018.
5) Y Qué hace la ley Celaá. CARGARSE toda resistencia y posibilidades que tenían los niños que querían ser educados en castellano (aunque fuera en un 25%) en Cataluña. Por qué? En primer lugar porque elimina eso de la ley Wert. NO hay escapatoria posible. En segundo lugar, porque la modificación que hace implica que el Estado renuncia ya no solo a establecer en qué se concreta la vehiculariedad del castellano en la enseñanza, sino incluso a reivindicar este carácter vehicular. Esto en la práctica deja sin apoyatura legal los recursos ante los tribunales para exigir que el castellano no sea excluido de la escuela. Es decir, vía libre para los independentistas y el dolor de cabeza y problemas legales que les creaban las familias que querían en su derecho educar en castellano a sus hijos.
Pero no acaba aquí. Pues la ley deja en manos de las comunidades autónomas la determinación de la presencia del español en la escuela. La LOE pasará de ser una norma que alegan quienes exigen ante los tribunales una presencia mínima de castellano en las escuelas a ser utilizada por las administraciones que mantienen dicha exclusión y que podrán utilizar la nueva redacción de la Disposición Adicional 38ª de la LOE como argumento en favor de que ha de ser la normativa autonómica a quien le corresponde determinar cuál es la proporción de castellano necesaria para dar cumplimiento a las exigencias constitucionales.
En definitiva, el Estado habría trasladado a las comunidades autónomas la función de velar por el derecho de todos a recibir enseñanza en castellano. Así, ahora los independentistas dictan cuantas horas de castellano se da. Por ejemplo…solo para lengua castellana.
Y para rematar la faena, falta la guinda. El PSOE con Podemos y ERC han acordado suprimir la oposición para acceder a la inspección educativa.
Es decir, las comunidades autónomas podrán nombrar a los inspectores educativos con criterios subjetivos, ambiguos o directamente arbitrarios. Nombrarán a mano a sus propios inspectores bajo control del régimen con los resultados e intenciones más que obvios.
Pero no, el castellano no desaparece de Cataluña, (y es el camino que se va a adoptar en la Comunidad valenciana sin NINGÚN género de dudas). Solo cambia una frasecita de nada hombre y la ley no cambia nada…Periodismo dicen. Desinformación inmoral. Y todos a asentir. Que se quiten las caretas ya y dejen de manipular obscenamente a la gente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario