Pues otra vez se desmonta el discurso demagogo del gobierno (PSOE y Unidas Podemos), mostrando cómo las consecuencias de sus políticas no tienen nada que ver con lo que venden al ciudadano y su falaz retórica con la que trata de engatusarlo (con éxito por desgracia).
Lo advertimos con distintos artículos sobre qué ocurriría con esta medida (igual que con otras muchas).
Esta medida impositiva no iba dirigida a los "poderosos", sino a los débiles, no tenía nada que ver con la "justicia social" (era injusta y contraproducente, a la vez que discriminatorio) ni era "en favor del pueblo", sino que iba contra el mismo, ya que suponía un impuesto a los pequeños productores y vendedores (menores beneficios) y a los consumidores (mayores precios de las compras online).
No era un ataque directo contra la digitalización (esa palabra que con la que el gobierno le gusta nombrar cada dos por tres en sus discursos vacíos y grandilocuentes en la que vende apostar por la misma).
Era una medida en definitiva contra todos, contra los menos pudientes y pequeñas empresas que buscan salvarse (y más en esta situación de pandemia) digitalizándose, va contra el desarrollo tecnológico del país y contra el crecimiento económico y el empleo y poder adquisitivo del ciudadano. Pero en su relato y mentira maniquea, solo se iban a subir los impuestos a los más ricos...(como con el gasóleo, los seguros, el azúcar, el plástico, el ahorro...).
NO es progresismo. Es regresismo (solo que la política de hoy se basa en el relato no en los hechos, en el envoltorio, no en el contenido, en las emociones, no en la razón).
Pero tal es su éxito (envolverlo todo de buenas intenciones y superioridad moral, sin importar los resultados), que quien advierte de las consecuencias es el "malo", el que está en contra de la "gente", de los más "necesitados", mientras que los que los condenan con una sonrisa y una bonita frase es el bueno.
Es la democracia sentimental (como el título del recomendable libro de Manuel Arias Maldonado") en la que estamos inmersos hoy.
Artículo de El Confidencial:
María José Montero. (Diseño: EC)
El impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD), popularmente conocido como tasa Google, ha sido enarbolado con frecuencia desde el Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, y, en general, desde el Ejecutivo nacional como una pieza clave en su objetivo de establecer una distribución de impuestos más equitativa, que haga recaer el mayor peso de la recaudación sobre quienes más tienen. Unas pretensiones defendidas frente a quienes desde un primer momento han advertido del riesgo de que el coste de esta nueva tasa fuera trasladado a los clientes de las grandes tecnológicas afectadas.
El paso dado por Amazon, menos de una semana después de la entrada en vigor de la norma, es la prueba irrefutable de las facilidades de que disponen estas compañías para no asumir este impuesto como un golpe a sus resultados. La posición de mercado privilegiada de estos grandes grupos les permite trasladar el coste a sus clientes sin temor a una merma significativa de su negocio.
Los 968 millones de euros de recaudación previstos por el Gobierno a través de esta figura —una estimación que la AIReF la ha rebajado a 542 millones— tendrán que ser asumidos o bien por las alrededor de 9.000 pymes que hacen uso en España de esta plataforma digital para vender sus productos, si deciden sacrificar sus márgenes para mantener precios, o recaerá sobre el bolsillo de los consumidores españoles, si se acaba traduciendo en un encarecimiento de los productos ofertados a través del 'market place'.
La advertencia de que buena parte del incremento de la factura fiscal recaería sobre pequeñas empresas y clases medias se evidencia así muy real. Y esto sin contar el riesgo de que se acabe traduciendo en represalias hacia empresas y productos españoles por parte de Estados Unidos, que ya ha calificado este impuesto como discriminatorio.
No puede tomar por sorpresa este pernicioso efecto del IDSD, que ha sido constantemente expuesto desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez lanzó por primera vez la idea, al poco de asumir la presidencia. Ya a inicios de 2019, un informe de PwC, en colaboración con Ametic y Adigital, advertía del presumible impacto que la medida tendría sobre empresas y consumidores y cifraba en hasta 662 millones de euros el deterioro que podría ocasionar sobre el PIB.
Sin embargo, cuando los eslóganes se imponen a la racionalidad económica, es fácil que al primer contacto con la realidad del mercado acaben revelando su escaso sustento.
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