Vaya contraste entre quienes defienden un derecho fundamental como es la propiedad privada y quienes lo atacan, entre quienes defienden a las victimas y quienes defienden a los verdugos, quienes defienden a sus ciudadanos y pertenencias y quienes los atacan en beneficio de ladrones, quienes defienden el sentido común y la seguridad y quienes defienden la ideología y promueven la criminalidad y las mafias, destruyendo la convivencia pacífica y la seguridad ciudadana y jurídica.
Un caso es Francia, el otro España, con PSOE y Unidas Podemos a la cabeza, con normas y leyes que ahondan todavía más en el problema, y cuya exaltación y legitimación dispara el número de casos cada vez más (solo hay que ver lo que ha estado ocurriendo por ejemplo en Cataluña a nivel regional)...
Pero están aquí para defender al ciudadano, la unidad, la paz, la justicia, a las victimas y demás monsergas...
Artículo de Libre Mercado:
Cartel del movimiento okupa en Barcelona | Cordon Press
El Gobierno francés formalizó este viernes un procedimiento que acelera los desalojos de okupas de todo tipo de viviendas, incluidas las segundas residencias, para luchar contra esas prácticas y reforzar los derechos de los propietarios. Está medida contrasta con la tomada esta semana por el Gobierno de Sánchez e Iglesias, que va a dar manga ancha durante la pandemia a los okupas que no sean "violentos".
Los ministros de Interior, Gérald Darmanin, Justicia, Éric Dupond-Moretti, y Vivienda, Emmanuelle Wargon, indicaron en un comunicado que han enviado una instrucción a los prefectos (delegados del Gobierno) que detalla la aplicación de una ley adoptada el pasado 7 de diciembre con ese objetivo.
Los ministros hicieron hincapié en que los desalojos administrativos se podrán llevar a cabo igualmente en viviendas que estaban desocupadas en el momento de llegar los okupas, y eso "constituye una verdadera protección para los propietarios de residencias secundarias u ocasionales".
También incidieron en que estos procedimientos no se ven afectados por la normativa que impide llevar a cabo desahucios de inquilinos en Francia durante el invierno, entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo.
El desalojo de unos okupas lo podrán solicitar los propietarios, los inquilinos, pero también cualquier persona que actúe por cuenta de ellos, lo que incluye por ejemplo a los familiares de una persona mayor que haya sido internada en una residencia.
La constatación de una ocupación ilícita la podrá hacer un agente de policía judicial. Desde que se presente una solicitud de desalojo, el prefecto tendrá que dar una respuesta en un plazo de 48 horas. Solo se podrá rechazar por "un motivo imperioso de interés general" o cuando no se dan las condiciones del procedimiento de evacuación forzada.
Una vez notificada la decisión del prefecto, el desalojo tendrá que hacerse como muy pronto 24 horas después de que se les haya comunicado a los okupas que tienen que salir de la vivienda.
"El Gobierno -subrayaron los ministros- está decidido a poner fin a las ocupaciones ilícitas que privan de su residencia a los propietarios y a reforzar sus derechos facilitando y acelerando los procedimientos".
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