Estado de alarma: recogiendo lo sembrado

Guadalupe Sánchez analiza cómo estamos recogiendo lo sembrado con el Estado de alarma, y la última aberración jurídica que supone el toque de queda a las 20 horas, que contraviene la legalidad.

Artículo de Voz Pópuli: 

Mañueco junto a García Egea

Estamos disfrutando de la votado, también en lo referente al estado de alarma. Confieso que me resultan hilarantes las declaraciones de líderes políticos del PP y de Ciudadanos justificando la ilegalidad manifiesta que supone el adelantamiento del toque de queda por parte de la Junta de Castilla y León ante la inacción del Gobierno para gestionar la pandemia y modificar las condiciones del estado de alarma. Su prórroga, esa que permite al Gobierno hacer lo que le venga en gana durante seis meses por acción u omisión, ni se votó sola, ni se aprobó por generación espontánea. Ningún partido del Congreso, salvo Vox y Foro Asturias, votó en contra de la aberración jurídica que supuso entregar prerrogativas extraordinarias a la banda de Sánchez durante ciento ochenta días y sin apenas contrapesos. Porque si el currículum gubernamental de la gestión de la primera ola no fue ya lo bastante desastroso y arbitrario a pesar del control parlamentario bimensual (cada quince días), a la mayoría de la oposición no se le ocurrió otra cosa que entregarles la batuta para configurar un estado de alarma a su medida con una duración que duplicaba a la del primero.

A quienes les advertimos que, al no votar en contra, estaban siendo partícipes de una de las mayores atrocidades jurídicas cometidas en democracia que, además, nos colocaba al borde de un abismo peligroso, nos acusaron poco menos que de secundar al coronavirus en su trayectoria mortífera. “¡Lo prioritario es salvar vidas!” decían. “¡No es momento de debates jurídicos!” aseguraban. Como si tuviésemos que escoger entre salud y ley. Como si para liberarnos de la pandemia tuviésemos que arrastrar al Estado de derecho por el fango. Como si su decisión no obedeciese a una mera estrategia de posicionamiento electoral -los naranjas para atraer el votante socialista, los de azul para escenificar un distanciamiento de Vox-. Ahórrense los simpatizantes de los populares el recordarme que los de Casado no votaron a favor y que simplemente se abstuvieron. Me remito a lo que afirmó Cristóbal Montoro cuando le pregunté en el programa de Herrera en Cope sobre cuál habría sido la posición del PP en la época en la que él fue ministro ante la votación de la prórroga semestral del estado de alarma: en determinadas ocasiones, no votar es como votar que sí. No era el momento de mirar para otro lado.

En cualquier caso, es necesario recordar que si no tenemos las herramientas legales necesarias para enfrentar con eficacia y garantías jurídicas la pandemia es porque al Gobierno de la nación no le ha dado la gana, porque prefieren un estado de alarma que les permite hacer y deshacer a su antojo antes que las alternativas. Porque haberla, la había, como el famoso “plan B”, que permitía a las autoridades sanitarias adoptar medidas limitativas de derechos, al amparo de la legislación orgánica sanitaria y contando con la autorización o ratificación judicial. Verdad es que algunos tribunales manifestaron ciertas dudas interpretativas sobre el tipo de limitaciones que podían acordarse al amparo de esa legislación y su alcance, pero bastaba acometer una reforma legislativa para solucionarlo y dotar así al país de un instrumento que pusiera al Estado de derecho al servicio de la protección de la salud. Es lo que la vicepresidenta Carmen Calvo nos prometió, ni más ni menos.

Excepcionalidad constitucional

Eso sí, la prisa que el Gobierno demuestra para modificar la LOPJ e intervenir al Poder Judicial en plena pandemia no la tiene para emprender las modificaciones legales que nos permitirían combatir la covid-19 sin perpetuar un estado de excepcionalidad constitucional como es el estado de alarma. Pero es que sin jueces y contrapesos metiendo las narices en las decisiones ejecutivas se gobierna muy a gustito. Y no votando en contra de la prórroga de la alarma por seis meses, el Partido Popular y Ciudadanos dieron al Gobierno una carta blanca con la que éste ni se había atrevido a soñar.

Ahora nos toca aguantar los llantos y las quejas. Pero lo que la sociedad civil no debe tolerar de ningún modo es que la solución a la parsimonia del Gobierno pase por la comisión de ilegalidades. El Estado de derecho es un tesoro que tenemos que cuidar como cuidamos de nuestra salud y la de los nuestros. Y el acuerdo de la Junta de Castilla y León para adelantar a las 20 horas el toque de queda contraviene la legalidad, porque es una posibilidad que no contempla el Real Decreto que aprobó el estado de alarma. Además, en todo lo referente a la limitación de derechos fundamentales, cualquier duda interpretativa hay que resolverla en la forma más favorable al Derecho: in dubio pro libertate. Es lo que hay y es lo que había cuando los partidos a los que pertenecen el presidente de Castilla y León, Fernández Mañueco, y su vicepresidente, Francisco Igea, se abstuvieron o votaron a favor de la prórroga del estado de alarma, respectivamente.

Que el Gobierno haya anunciado la interposición de un recurso contra el acuerdo de la Junta ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo no es criticable, al margen de que sus motivos tengan poco o nada que ver con la salvaguarda del Estado de derecho y sí con cuitas políticas. Lo que no tiene un pase es que no lo haya hecho impidiendo que una calamidad ilegal que afecta a la libertad de circulación de los castellanoleoneses entre en vigor. Porque existían alternativas legales para ello, como ordenar a la Abogacía del Estado solicitar una medida cautelarísima al formular el recurso, lo que le hubiera permitido al Tribunal Supremo resolver en cuestión de pocos días, sin necesidad de un procedimiento contradictorio. Pero en su lugar han optado por plantear una medida cautelar, lo que implica que la cuestión no va a resolverse hasta pasadas varias semanas. Se impone así a la sociedad una limitación de sus derechos fundamentales por la vía de los hechos consumados. Espero que, si finalmente el Supremo anula el acuerdo de la Junta, los ciudadanos afectados tengan el arrojo suficiente para exigir responsabilidad patrimonial al Estado por los perjuicios sufridos como consecuencia de una medida ilegal.

No me queda más que rogarles a quienes nos trajeron con su voto a esta situación que al menos no participen de la estrategia de demonización y escarnio del Estado de derecho y que no utilicen la pandemia para arrogarse poderes y facultades que por ley no les corresponden. Con el Gobierno de la nación ya tenemos bastante.