Guadalupe Sánchez analiza la agonía a la que está sometiendo el gobierno (PSOE y Unidas Podemos) al estado de derecho con una perfecta radiografía de lo que está llevando a cabo dicho gobierno.
Artículo de Voz Pópuli:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso. Efe
La libertad es inherente al individuo, pero su reconocimiento y amparo no son congénitos a cualquier forma de gobierno. Ningún modelo político y legal ha alcanzado históricamente mayor y más efectivo reconocimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales que los Estados liberales y democráticos de derecho contemporáneos. Parafraseando a Churchill, son el peor sistema diseñado por el hombre, con excepción de todos los demás.
Su éxito radica, por un lado, en la fragmentación del poder estatal. La desconcentración de las potestades legislativa, ejecutiva y judicial, asignando cada una de ellas a instituciones independientes entre sí. Por otro lado, en la consagración de los principios de legalidad, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Porque reconocen una suerte de garantía preventiva para los ciudadanos frente a la discrecionalidad de los gobernantes, que tendrán que ajustar su actuación a la ley vigente. Los gobiernos no pueden hacer lo que quieran, como quieran ni cuando quieran, ni tan siquiera en nombre de las urnas. Porque el ordenamiento jurídico pretende también protegernos de nosotros mismos, de nuestra pulsión cíclica al mesianismo y al tribalismo totalitario.
Duración y prórrogas
Tradicionalmente, los mayores envites contra el Estado de derecho se han hecho en nombre de la voluntad popular y de la seguridad. La pandemia ha parido un pretexto nuevo, la salud, cuya efectividad para hacer sucumbir el sistema está sorprendiendo hasta a quienes decidieron usarla como ariete contra la legalidad. Gracias a ella, los ciudadanos han asumido con pasividad e indiferencia que quienes nos gobiernan desmantelen el Estado de derecho: “Algo hay que hacer y da igual cómo se haga”.
El estado de alarma supone una excepcionalidad constitucional para hacer frente a una crisis sanitaria, ya que pone patas arriba las salvaguardas del ordenamiento jurídico otorgando al gobierno facultades y poderes de los que normalmente no dispone. Por eso su duración inicial es limitada -15 días- y sus prórrogas deben contar con la aprobación del Congreso.
Al concederle al Ejecutivo de Sánchez la posibilidad de gobernar durante seis meses con las enormes prerrogativas que confiere la alarma, sin tener que someter al escrutinio del legislativo su actuación, el Estado de derecho inició su lenta agonía. En nombre de la protección de la salud se ha iniciado un proceso de desmantelamiento y colonización institucional como jamás se había visto en democracia. Los principios sobre los que se construye están volando por los aires: el Gobierno hace lo que le viene en gana, cuando le viene en gana y como le viene en gana (no sólo el de la Nación, que alguno autonómico también). Ignoran las formas, los requisitos y las garantías para su mayor comodidad, ante una sociedad que asiste narcotizada al espectáculo. Para muestra, lo ocurrido en las últimas horas.
Desahucio de okupas
El BOE de ayer hacía realidad uno de los sueños húmedos de los ministros chavistas del Gobierno: se publicaba el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, que codifica un ataque sin precedentes a la propiedad privada y a la tutela judicial efectiva. Faculta a los jueces a suspender sentencias penales que ordenen el desahucio de okupas mientras permanezca vigente el estado de alarma. Si usted, querido lector, no es jurista, debe saber que aunque la Constitución confiere al Ejecutivo la potestad de legislar al margen del Congreso en casos de extrema y urgente necesidad mediante Real decreto-ley (artículo 86), también proscribe que con éste se afecte a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I.
Pues bien, este RDL determina una vulneración flagrante de dos de estos derechos: el de la tutela judicial efectiva plasmado en el art. 24 -que entre otras cosas consagra el derecho que los justiciables tienen a que las sentencias de los tribunales se hagan cumplir forzosamente cuando el condenado no lo haga voluntariamente- y el de la propiedad privada recogido en el art. 33. El Gobierno no sólo limita nuestros derechos fundamentales recurriendo a un instrumento expresamente prohibido para estos fines, sino que además traslada a los particulares la carga de soportar las consecuencias económicas de sus decisiones políticas. Porque la Constitución reconoce el derecho de los españoles a una vivienda digna, pero lo configura como un principio rector de la actuación de los poderes públicos, que no puede realizarse a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, salvo en casos determinados y siempre mediando indemnización. Y, desde luego, con el paraguas legal adecuado.
La excusa para acometer esta flagrante inconstitucionalidad vuelve a ser el estado de alarma actual y el combate contra la pandemia. Tal es así que se vincula a la duración de éste la vigencia de la suspensión de los desahucios de okupas. La covid utilizada como coartada de la extrema y urgente necesidad de instaurar medidas comunistas.
Desde luego que los de Sánchez y cía están comodísimos instalados en un estado de alarma que les permite gobernar a base de decretos pandémicos: han delegado la adopción de todas las medidas popularmente incómodas para reprimir la pandemia en las CCAA, mientras ellos se dedican sin prisa, pero sin pausa, a reventar el sistema desde el BOE, a colocar a amigos y parientes en puestos de responsabilidad e implementar reformas de calado institucional con las que se pretende asaltar el poder judicial. Entenderán que no están dispuestos a soltarlo por las buenas, por mucho que las CCAA les exijan medidas nuevas para combatir la pandemia. Y si hay que incurrir en una nueva inconstitucionalidad, sea.
Así se explican las declaraciones del ministro José Luis Ábalos asegurando que para modificar y ampliar las medidas limitativas de derechos contempladas en el RDL del estado de alarma no necesitan la autorización del Congreso: quieren hacerlo a base de decretos.
Argumentan quienes defienden esta posibilidad que la disposición final primera del RDL que aprobó el estado de alarma habilita al gobierno a dictar sucesivos decretos que modifiquen el contenido de éste. Si el Tribunal Constitucional confirió rango de ley a los Decretos de aprobación y prórroga del estado de alarma para que éstos cumpliesen las funciones que les asigna la ley que los regula ¿por qué no van a tenerlo los decretos modificativos? Pues porque estos últimos carecen de amparo legal o jurisprudencial alguno. La LO 4/81, reguladora del estado de alarma, da cobertura normativa a los decretos que lo aprueban y prorrogan, pero no contempla que se puedan dictar otros que lo modifiquen, menos aún si éstos van a afectar a derechos fundamentales. Aceptar lo que sugiere Ábalos equivaldría a asumir que la vía para sortear la prohibición constitucional de limitar derechos fundamentales a base de decretos gubernamentales es que el Ejecutivo dicte uno que le faculte a hacerlo. Tan absurdo como perverso. Para aumentar las restricciones e imponer confinamientos hay que declarar un nuevo estado de alarma. Pero me temo que no lo verán nuestros ojos.
Como colofón a la campaña de derribo y desprestigio institucional, se ha publicado el contenido del auto dictado por el juez de vigilancia penitenciaria que acuerda el tercer grado para el yerno del Rey emérito, Iñaki Urdangarín. El contenido de la resolución no tiene desperdicio, pues destapa los intentos de Interior para obstaculizar la semilibertad del preso sin el menor sustento legal. Urdangarín no sólo está pagando con su libertad por los delitos que cometió, sino que lo han convertido en un chivo expiatorio de su campaña de desprestigio contra la Corona como símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Atacar al Rey a través de su cuñado.
Y esto no ha hecho más que empezar. La tercera ola de la pandemia vendrá precedida de un tsunami económico y social, que ahogará a la gente en la miseria y el hambre. Puede suponer la estocada final para nuestro malherido Estado de derecho.
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