Domingo Soriano analiza las declaraciones de Guillermo de Holanda sobre la necesidad de una "sociedad participativa" que sustituya al actual "Estado del Bienestar" por su insostenibilidad, y que pasará por un cambio de actitud de los beneficiarios, entre otras muchas cosas.
Artículo de Libre Mercado:
"Guillermo de Holanda lo llamó "sociedad participativa". David Cameron lleva más de un lustro hablando de "gran sociedad". Y Mauricio Rojas, uno de los teóricos más importantes del tema, habla de la "reinvención del Estado del Bienestar" sueco.
A pesar de las diferentes denominaciones, todos estos planteamientos tienen numerosos elementos en común. A lo largo del Viejo Continente, el debate sobre los retos a los que se enfrenta el modelo europeo cobra cada día más fuerza. Como explicaba el monarca de los Países Bajos esta misma semana, el incremento en el gasto público es "insostenible". O se hace algo o todo el edificio puede venirse abajo.
Derechos y ayudas
Como apuntábamos ayer sábado, uno de los problemas del Estado del Bienestar es que ha ido creando una clase dependiente que vive de las ayudas públicas, que se otorgan como "derechos" a los que cumplen con determinados requisitos, con todos los efectos perversos que eso tiene: se perpetúa una situación que debería ser temporal y en vez de ayudar a que salgan de ella acaban propiciando su enquistamiento.
En este sentido, la labor que determinadas organizaciones privadas realizan (como Caritas en España) puede ser un buen punto de partida para rediseñar el trabajo del Estado. En general, las instituciones públicas y privadas enfocan la ayuda a sus beneficiarios de una forma muy diferente.
Para alguien que se encuentra en una situación puntual de necesidad es relativamente sencillo conseguir asistencia en una institución privada. Éstas no suelen exigir ningún requisito y son rápidas en la asistencia. Eso sí, normalmente, para mantener esta ayuda, el beneficiario debe intentar salir de la situación en la que ha caído. Es decir, no tiene garantizado que, haga lo que haga, seguirá siendo favorecido.
Mientras tanto, lograr una ayuda pública suele ser mucho más complicado. Hay que demostrar ante el organismo oficial de turno que se cumple con los requisitos, rellenar formularios, convencer a la administración de que realmente entra dentro del grupo previsto legalmente... Eso sí, una vez que se alcanza el objetivo, mantenerla es relativamente fácil. Sólo hay que seguir en la situación de dependencia que dio origen a la concesión del derecho.
Una de las claves en este cambio hacia una "sociedad participativa o gran sociedad" pasa por impulsar un cambio de actitud en los beneficiarios. Éstas ya no serán más derechos, sino ayudas que tienen como objetivo la salida de esa situación. Y por lo tanto, tendrán una contraprestación en forma de obligaciones que tendrán que cumplir, con la amenaza implícita de perder la prestación correspondiente.
Además, está la cuestión del montante de las ayudas. No puede ser que salga más rentable no trabajar que trabajar. Y, como veíamos ayer, hay ejemplos en los medios de personas que han hecho del welfare su forma de vida. En este sentido, una de las medidas más comentadas y más polémicas de David Cameron fue poner un límite a lo que una familia puede cobrar. Ningún hogar de dos miembros tendrá más de 500 libras a la semana en ayudas públicas.
Más opciones
No es sólo una cuestión de costes. En una sociedad como la actual, cada vez con más opciones al alcance de los ciudadanos, quizás no tenga mucho sentido que todo lo que hace referencia a las pensiones, la salud o la educación, entre otros temas, sea escogido por un ministro o por su equipo de expertos.
Los países del norte de Europa han puesto en marcha un proceso de descentralización en la toma de decisiones. La idea consiste en acercar lo más posible los servicios al ciudadano ("emponderar" es el feo término de moda). En este sentido, el Gobierno británico quiere entregar algunas de sus competencias en su poder a los municipios y condados, en los que el control del vecino es mucho más estricto.
Pero algunos países han ido más allá. En Suecia o Dinamarca están vigentes sistemas educativos cercanos al cheque escolar, quizás no con todas sus características, pero sí con algunas de las más importantes: autonomía para los centros, control de resultados, premios para los que mejor lo hagan,... Es decir, que tanto profesores como familias empiezan a dominar lo que pasa en la escuela. Ya no son burócratas los que deciden cómo, cuándo, dónde y qué estudia exactamente cada niño.
Los cambios no sólo se ciñen a la educación. En Holanda, por ejemplo, a mediados de la pasada década se puso en marcha una reforma sanitaria revolucionaria que ha logrado uno de los sistemas más elogiados del continente. Básicamente, consiste en que cada ciudadano está obligado a escoger al asegurador de su conveniencia. El Gobierno se limita a establecer el catálogo de servicios básicos que todos deben ofertar y prohíbe la discriminación por el historial médico. Además, hay ayudas públicas para aquellos que no pueden pagarse el seguro obligatorio. Pero en todo caso la decisión final queda en manos de cada familia.
Y en Suecia, uno de los países más innovadores en la materia, el sistema de pensiones público ya incluye un elemento de capitalización, que premia el ahorro individual. Además, se fomentan los planes privados y los de empresa, con importantes incentivos para su contratación.
Este tipo de soluciones no son un bálsamo mágico que sana todos los males. Pero al menos permiten que los ciudadanos vuelvan a tomar el control de partes muy importantes de sus vidas. Digamos que el Estado se asegura de que todo el mundo tiene acceso a los servicios básicos, pero permite que sea cada familia la que decida cómo aprovecharse de ellos.
Muy vinculada con todo este fenómeno está la cuestión de cómo controlar a un poder político que cada día acumula más control sobre la vida de sus ciudadanos. Cameron apunta a la transparencia y la rendición de cuentas como dos claves para el desarrollo de su Gran Sociedad. Pero además, si buena parte del presupuesto se gasta según los criterios de cada ciudadano particular, lo lógico es que desaparezcan también parte de los peores incentivos de la política. Ya no es el mandatario el que decide, sino que se convierte en un mero coordinador.
La factura
Probablemente, el gran problema del Estado del Bienestar está en su financiación. Los costes han ido subiendo y ha llegado un momento en el que los ciudadanos se preguntan si merece la pena soportar este nivel de impuestos a cambio de los servicios que reciben. Para pagar todas estas prestaciones es imprescindible subir los tributos, pero eso tiene un peligro aparejado: puede espantar a los creadores de riqueza.
¿Qué pasaría si todos los trabajadores con sueldos superiores a 60.000 euros decidieran quedarse en sus casas o irse a otros países con una fiscalidad más ventajosa? De un día para otro, cualquier Estado europeo entraría en quiebra. Son estos contribuyentes, de clase media-alta, los que sostienen sus sistemas públicas. Y si desaparece el que paga la factura, se viene abajo el chiringuito.
En este sentido, hay que traer de nuevo a colación la famosa Curva de Laffer. Si los impuestos estuvieran en el 0%, no se recaudaría nada. Pero si estuvieran en el 100%, tampoco, porque nadie trabajaría. Por lo tanto, hay un punto en el que seguir subiendo los tributos comienza a ser perjudicial para la Hacienda de un país. ¿Cuál? No se sabe con exactitud. Pero en Europa, parece claro que casi todos los países están cerca.
Exceptuando a los estados ex comunistas, el nivel de presión fiscal en una situación de normalidad (en crisis puede haber grandes fluctuaciones) está entre el 40 y el 55%. Parece complicado subir más este nivel sin provocar una fuga de cerebros. De hecho, son habituales las historias de alemanes, franceses o españoles que encuentran en Silicon Valley las facilidades que no existen en sus países.
De nuevo, los países nórdicos aparecen a la cabeza de las innovaciones. Por una parte, el nivel de presión fiscal se ha reducido en ellos de forma notable. Sí, siguen siendo los estados más voraces del mundo, pero a niveles muy inferiores a los de comienzos de los noventa. Y si medimos el esfuerzo fiscal (es decir, presión fiscal en función del nivel de riqueza), éste es menor que en muchos países del sur de Europa.
Pero hay otra cuestión relevante. Suecia, Holanda o Dinamarca encabezan de forma recurrente los rankings de libertad económicajunto a Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda o Australia. Esto es notable, porque una de las cuestiones que más en cuenta tienen estos índices es el nivel impositivo y ya hemos visto que su puntuación en este apartado no es demasiado buena. Lo que quiere decir esto es que en el resto de aspectos, sus economías son muy competitivas, lo que les permite compensar (en parte) lo que pierden en materia tributaria. En cuestiones laborales, regulatorias, comerciales o de respeto a los derechos de propiedad tienen unas excelentes calificaciones.
En general, en todos estos países, el debate sigue abierto. Y las actitudes hacia los cambios son mucho más positivas que en España. Las preguntas no son sencillas de contestar. ¿Cómo conseguir un sistema impositivo que pueda pagar las prestaciones sociales actuales sin disparar una fuga de talento? ¿Qué hacer para evitar la aparición de una clase parasitaria que desanime al conjunto de la sociedad? ¿Es posible rebajar la factura de los servicios públicos? ¿Se puede competir con las economías avanzadas del resto del mundo con un 50% de presión fiscal? ¿Qué incentivos hay para innovar, arriesgarse o crear riqueza en unos estados que le garantizan al ciudadano que cuidarán de él "de la cuna a la tumba"? La respuesta a estos interrogantes marcará el éxito o el fracaso de los países europeos en las próximas décadas."
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