Muchas reformas empezaron en la década de 1980. La política económica socialdemócrata ya mostraba entonces signos de agotamiento, con devaluaciones recurrentes de la corona y descontento social sobre el excesivo nivel de impuestos vigente. Así, al comienzo de la década se empezó a liberalizar el sector de las telecomunicaciones. Los dos primeros pasos que se dieron en este sentido consistieron en eliminar el monopolio que ostentaba el Estado en el ámbito de los contestadores autonómicos y las máquinas de fax.
También en 1980 se reavivó el debate monetario, al calor de una creciente oposición a los controles de capitales. Este impulso liberalizador también llegó al ámbito financiero, donde las regulaciones crediticias estaban estrangulando el desarrollo de un mercado competitivo y dinámico. La agenda reformista también alcanzó el ámbito de las pensiones y los impuestos, aunque en ambos casos no se dieron grandes cambios hasta la primera mitad de la década de 1990.
En 1988 se dieron los primeros pasos para la liberalización del sector de los ferrocarriles. Como paso previo a la desnacionalización definitiva, la red estatal fue dividida en diversas líneas de tren, unas nacionales y otras provinciales. Poco después llegarían las primeras medidas de desregulación en otros ámbitos del transporte, como la aviación, el autobus o el taxi.
También por aquel entonces se derogó una ley aprobada en 1939 que impedía el desarrollo de un mercado privado para el intercambio de divisas. Hasta entonces, eltradingde monedas internacionales quedaba solamente reservado a operaciones del banco central. A esta liberalización se unió la derogación de la polémica Tasa Tobin que algunos líderes políticos europeos quieren recuperar en 2014.
La década de 1990 también arrancó con la llegada de la competencia al sector postal. También en los medios de comunicación se produjeron importantes avances, con el fin del monopolio público vigente en la radio y la televisión. Todo esto fue de la mano de la privatización de más de 30 entes estatales. Entre ellas, laboratorios farmacéuticos, compañías de tratamiento de residuos, vehículos de capital riesgo, firmas industriales del sector del acero, compañías geológicas, empresas de sistemas informáticos, entidades financieras, grupos constructores…
La fijación de precios en el ámbito de la agricultura fue replegada en estos años. Lamentablemente, este avance ha quedado atrás debido a la Política Agraria Común de la Unión Europea. Otra reforma interesante pasó por permitir el funcionamiento de agencias privadas de empleo. Hoy, a través de un “bono”, el Estado sueco permite que los trabajadores en paro sean atendidos por estas compañías en vez de por el servicio público.
El mismo sistema de “bonos” fue implementado en el ámbito educativo, donde el contribuyente puede elegir si sus hijos asisten a un centro público o una escuela independiente. Algo parecido ocurre en el ámbito de la sanidad o la asistencia a dependencias. En ambos aspectos, los proveedores privados dan servicio a aquellos contribuyentes que así lo prefieran.
Otras desnacionalizaciones llegarían tiempo después. Por ejemplo, la privatización de la empresa productora del célebre Absolut Vodka no llegó hasta el año 2008. En cualquier caso, el “big bang” de reformas liberales vivido por Suecia en las últimas décadas evidencia un cambio de tendencia muy notable, alejado de los ideales socialdemócratas de antaño y cercano a los principios capitalistas que enriquecieron a Suecia entre la segunda mitad del siglo XIX y los sesenta primeros años del siglo XX.
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