Los políticos miran hacia otro lado cuando se trata de aplicar en sus propias carnes las medidas de austeridad que exigen al resto de los españoles: sólo necesitan 11 años para tener la pensión máxima, han elevado las subvenciones a los partidos en pleno tijeretazo y carecen de ninguna reforma laboral que ponga coto al disparado absentismo parlamentario
Las drásticas medidas de ahorro y cambio de modelo que está aplicando el Gobierno, con mayor o menor respaldo del resto de grupos parlamentarios, brillan por su ausencia cuando se analiza si nuestros mandatarios predican con el ejemplo y se aplican a sí mismos los sacrificios que exigen a sus votantes. Y la respuesta es no.
Ninguna de las dos grandes reformas económicas que se han aprobado en los últimos meses -reforma laboral y plan de ajuste-, o que actualmente están sobre la mesa, como las pensiones, tienen su réplica entre los miembros del Hemiciclo que, con su actitud, están dando cuerpo al refrán español: "quien parte y reparte..."
Tijeretazo
El Gobierno ha aprobado un plan de ajuste de 15.000 millones dirigido a reducir el déficit público al 3% en 2013 (frente al 11% actual). Para conseguir semejante recorte, se han congelado las pensiones, las inversiones en obras públicas, las subvenciones y todas las partidas de gasto público.
Sin embargo, los partidos políticos se han incrementado su asignación. Las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo han sido la excusa perfecta que ha permitido a los grupos disparar un 33% las subvenciones que reciben del Estado en pleno tijeretazo: 131 millones de euros, frente a los 87,3 millones de este ejercicio.
Ni siquiera, el argumento de que los próximos comicios exigen una inyección extra de 44,5 millones sirve para justificar su actitud, ya que los dos grandes partidos, PP y PSOE, se comprometieron en la reforma electoral a reducir en un 15% los gastos electores y en un 10% las subvenciones a las formaciones con representación parlamentaria.
Un simple vistazo a la factura de los comicios de 2007,cuando la cita electoral se sufragó con 42,7 millones, permite comprobar que esta prometida austeridad brilla por su ausencia.
Pensiones
A todo español se le exige cotizar 35 años para poder cobrar el cien por cien de la pensión, y sólo se garantiza tener la máxima si cotiza por ella durante los últimos 15 años de su vida laboral.
Ahora, el Pacto de Toledo estudia elevar estas bases hasta los 38 y 20 años, respectivamente, dificultando todavía más la posibilidad de retirarse con la pensión máxima, que actualmente se sitúa en 14 pagas de 2.400 euros.
Sin embargo, a un diputado o senador le basta con 11 años para garantizarse este dorado retiro, según el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones aprobado en 2008.
Es decir que con 11 años como parlamentario, un político percibe la misma pensión que a un profesor o un mecánico le ha costado 35 años de trabajo y 15 años, como mínimo, de estar aportando el máximo a la Seguridad Social.
Además, a los parlamentarios les vale con haber trabajado 7 años en el Congreso o el Senado para tener derecho a pensión, mientras que a cualquier ciudadano se le exige que haya cotizado, al menos, 15 años. Más del doble que un diputado o senador.
Suma y sigue, porque estas pensiones son compatibles con otros sueldos públicos o de otras actividades económicas y no entienden de alargar la edad de jubilación, ni perjuicios por las prejubilaciones.
De hecho, en el caso de un ex parlamentario que deje de ser diputado, tenga ya 55 años y carezca de “una actividad profesional o laboral permanente por cuenta propia o ajena” tendrá derecho a que por las Cortes le mantengan en situación de alta en la Seguridad Social hasta que complete el periodo de cotización necesaria para causar el derecho a la pensión de jubilación.
Además, si ese ex diputado fallece y ha trabajado al menos siete años en las Cortes, su cónyuge viudo o en su defecto sus hijos menores de 25 años percibirán una ayuda económica “equivalente a dos meses de la asignación constitucional por cada año de mandato” del fallecido. ¿Qué otro trabajador se beneficia de condiciones similares?.
Estas dos medidas chocan directamente con los puntos que se están analizando en el Pacto de Toledo y que podrían derivar en la desaparición de varias pensiones por viudedad y la penalización de las prejubilaciones.
Reforma laboral
Si un trabajador falta a su trabajo o llega tarde debe rendir cuentas ante sus superiores. De hecho, el elevado absentismo laboral español y la baja productividad son dos de las rémoras que más piden corregir los empresarios y que han llevado a la mesa de debate de la reforma laboral.
En cambio, no hay ninguna ley que obligue a los senadores y diputados a asistir a las sesiones plenarias o comisiones pertinentes. Ello explica que el Hemiciclo del Congreso aparezca prácticamente vacío una semana sí y otra también a primera hora de la celebración de los Plenos. Sólo se llena cuando se acerca la hora de la votación.
Los parlamentarios alegan que el trabajo de un diputado o un senador no transcurre sólo desde el escaño, sino que son más efectivos desde sus despachos o manteniendo reuniones dentro y fuera del Congreso.
Sus señorías sólo son multados si faltan de forma injustificada a una comisión o votación importante, motivo que en una empresa podría desembocar en despido procedente. En cambio, en el caso de los parlamentarios, es cada grupo el que fija a través de un reglamento interno las medidas disciplinarias en este tipo de casos.
Pero si el diputado justifica convenientemente su ausencia (enfermedad, viaje, etc) se libra de unas multas que se barajan entre los 200 y 400 euros aproximadamente, dependiendo del caso. En ocasiones, se superan esas cifras.
Recorte de sueldos
En un intento por dar ejemplo, los diputados y senadores acordaron aplicarse una reducción del 10% en sus sueldo base, frente al recorte del 5% que, de media, se impuso a los funcionarios.
Pero teniendo en cuenta que la asignación mínima que reciben todos los diputados es de 3.126, 52 euros al mes, este recorte sabe a poco, ya que sólo les supondrá recibir unos 312 euros menos todos los meses, y está en línea con los ajustes impuestos a los funcionarios de mayor rango de la administración,.
Además, la mayoría de los diputados superan con creces esa asignación mínima, ya que casi ninguno cobra menos de 3.500 euros al mes. Y eso se debe a un abanico de complementos, a los que se les aplica una recorte gradual.
Por ejemplo, al complemento que reciben los portavoces de la Mesa del Congreso y el Senado se le aplica un recorte del 12% mientras que al que reciben los presidentes de ambas Cámaras es del 15%.
Sin embargo, todos estos ajustes se quedan en mero maquillaje cuando se comprueba como la multiplicidad de cargos permite a nuestros políticos llevarse multimillonarias sumas mensuales a casa.
El icono es José Bono, el diputado mejor pagado de España por su condición de presidente del Congreso, que cobra cerca de 13.800 de euros al mes gracias a los múltiples sueldos que percibe por su labor en el hemiciclo: 3.126,52 euros por asignación constitucional, idéntica para todos los diputados, y sobre la que se aplica un recorte del 10%; 3.605,38 por pertenecer a la Mesa del Congreso; 3.915,16 en gastos de representación, y otros 3.210,08 para gastos de libre disposición. A estos complementos de Bono se les aplica un recorte del 15%.
Además, los políticos combinan sus diversos sueldos públicos con la nómina del partido, lo que ha hecho correr ríos de tinta con los casos de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, y Leire Pajín, cuando era su homóloga al frente del PSOE.
Estos casos contrastan con las medidas dirigidas a controlar las rentas altas, limitando los bonus y subiendo el IRPF a las nóminas superiores a 120.000 euros
Artículo de Lainformación.com (Vía)
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