Interesante artículo que muestra el gran privilegio que supone ser un exministro, lo bien que lo tienen montado y el gran agravio comparativo respecto al resto de ciudadanos. Desde luego, que bien se lo han montado, y es que quien hace la ley, hace la trampa:
"No juran, prometen, pero cuando les llega esta oportunidad, literalmente, Dios les viene a ver. Ser ex ministro en España es sinónimo de ser un privilegiado. En el mismo instante en el que se produce el cese del Ejecutivo, un ex ministro comienza a disfrutar de las mieles del cargo establecidas en la ley 74/1980. Podrá cobrar durante dos años el 80% de su salario e, independientemente del tiempo durante el que haya ejercido -ya sean meses o años-, tendrá la pensión máxima garantizada. Pongamos como ejemplo la que hasta ahora era la ministra más joven del Gobierno, Bibiana Aído. Si con sus 33 años de edad decidiese hoy mismo no volver a trabajar jamás, ni firmar contrato laboral alguno, al cumplir los 65 - o los 67, el futuro lo dirá- podría cobrar su pensión máxima sin haber cotizado cada uno de los días, meses y años necesarios para conseguirlo.
Al resto de los españoles, el Estado no les perdona ni un día de los 35 años de cotización a la Seguridad Social. Para Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España, “en una situación como la que vivimos deberían reconsiderar estas cuestiones. Es injusto. Debería haber más equidad y más solidaridad, como piden ellos cuando nos anuncian que van a congelar nuestras pensiones, y deberían dar ejemplo cuando son quienes tienen en sus manos y de sus decisiones depende la calidad de vida de muchas personas. Ahora mismo hay más de dos millones de pensionistas que viven por debajo del nivel de la pobreza, sobre todo las pensiones de viudedad. La desigualdad ralla con lo inadmisible”.
Normalmente, tras una remodelación o crisis de Gobierno no sucede lo que acaba de pasar. Por primera vez en la historia de la democracia, dos ex ministras son recolocadas tras su cese como secretarias de Estado. Es, ciertamente, una excepción, dado que cuando los ministros abandonan su cargo aterrizan habitualmente en uno de estos tres caladeros: empresas públicas y privadas, instituciones europeas y universidades.
Más de la mitad acaba en empresas públicas o en Europa
Se estima que hasta el 70% de los ex ministros acaban en empresas privadas y públicas. Los ejemplos abundan: desde Rafael Arias Salgado, convertido en presidente de Carrefour, hasta Magdalena Álvarez, contratada como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones con un salario superior a los 20.000 euros mensuales.
Si se repasan los últimos años, en la Unión Europea salen más de una decena de antiguos ministros, diputados o cargos públicos: Jaime Mayor Oreja, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Juan Fernando López Aguilar, Ramón Jáuregui, Magdalena Álvarez o Joaquín Almunia. Lo mismo sucede si se toma al azar el directorio de cualquiera de las universidades públicas de España. Sorprende el número de ex altos cargos públicos del Estado que se hallan en sus directorios, entre ellos, Manuel Marín, Virgilio Zapatero, Jerónimo Saavedra o Tomás de la Cuadra Salcedo.
La mayoría, según el presidente nacional del sindicato de estudiantes UDE, Álvaro Vermoet, “venían ya del mundo universitario, pero esto no impide que a la hora de valorar los mecanismos de promoción en la universidad pública española digamos que son bastante mejorables. Hace años, para ser catedrático uno era sometido a una oposición durísima, como la de un abogado del Estado, notario o fiscal. Hoy en día, con esto de las autonomías no hay ningún control externo. El que asciende ya se sabe como funciona. Hay influencias políticas y no hay ningún mecanismo que dé transparencia al proceso. Una cátedra en Derecho Constitucional o Física Cuántica debería medirse por el mérito, no dejar la decisión en manos de los departamentos y bajo mecanismos que no garantizan la transparencia, el rigor y el valor académico”.
Entrar en la universidad, una forma de corrupción en toda regla
Muchas de las universidades están regentadas por políticos -véase la Carlos III, con Gregorio Peces Barba, o la de Alcalá de Henares, que tuvo al frente a Virgilio Zapatero-. Algunos departamentos, según denuncian los propios profesores universitarios, “están tomados literalmente por cargos políticos y en cuanto queda una plaza libre aparece, como el zapato de Cenicienta, hecho a la medida, el currículum de quien quieren meter. Es lamentable, porque otras muchas personas que merecerían estar ahí se quedan fuera por no tener un carné y unas siglas detrás. Además, en algunas universidades la tendencia política es tan clara a la hora de seleccionar al profesorado que podríamos decir eso de ‘dime dónde militas y te diré donde tienes posibilidades de colocarte’. Eso sin contar, claro está, el adoctrinamiento que se produce en las aulas bajo la estela de la libertad de cátedra”.
Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, ha manifestado a El Confidencial que esta práctica “es en toda regla una forma de corrupción porque corta legítimas expectativas de otras personas que sí han trabajado mucho. Sin embargo, es un tema tabú y nadie es capaz de afrontar de una manera clara un cambio en el sistema”. Si, además, “sumamos la devaluación de la formación de la clase política -añade Urcelay-, da la impresión de que al final se premia más la tibieza ideológica y la lealtad ciega que la capacidad, el rigor y la altura intelectual que debería exigirse en una institución como la universitaria”.
Fuente: El Confidencial.
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