En defensa de la libertad de horarios y de comercios

Es de las primeras medidas de índole económica (pero no solo económica) que toma el nuevo gobierno en la Generalitat Valenciana (PSOE y Compromís), y no puede ser más perjudicial para el conjunto de los ciudadanos. 

La intención de prohibir la apertura de tiendas y comercios en días festivos y eliminar la libertad de horarios comerciales para las grandes superficies comerciales no es justificable ni desde el punto de vista económico, ni social ni utilitario ni  moral como explicaré a continuación.


En primer lugar, implica una tremenda intromisión del poder político sobre la vida de los ciudadanos, imponiendo qué pueden y qué no pueden hacer. Es un ataque a la libertad de empresa y a la propiedad privada, y una auténtica intromisión contra acuerdos entre partes libremente tomados, entre un oferente de servicios y un demandante de servicios, que por mutuo acuerdo y porque ambos salen beneficiados se deciden a llevar a cabo un intercambio, que no perjudica a terceros ni obliga a nadie más a hacer esto si no quieren. En consecuencia es un ataque frontal contra la libertad, nada raro por otra parte, en una sociedad donde el antiliberalismo impera a sus anchas. 

En segundo lugar, es un acto inmoral, injusto y discriminatorio. Inmoral, puesto que se basa en la coacción, en el uso de la fuerza para imponer a terceros lo que el político de turno quiere arbitrariamente, no dejando elegir a las partes implicadas, aunque así quieran hacerlo. E injusto y discriminatorio puesto que arbitrariamente decide donde se puede o no se puede abrir más o menos horas y en qué actividades, por lo que dependiendo de qué actividad estemos hablando (o de qué lugar) habrá personas afectadas por dicha medida o no (tanto de trabajadores y empresarios como de consumidores y clientes). 

En tercer lugar, implica una doble vara de medir y una hipocresía e incongruencia tremenda. ¿Por qué prohibir la apertura de ciertas tiendas y comercios y no de todos? ¿Por qué no prohibir en fin de semana la apertura de restaurantes y bares, de panaderías y cines, de discotecas y transportes, de partidos de fútbol, de peluquerías o guías de viajes, o vuelos de avión? El autoritarismo es lo que tiene. Que impone a todo el mundo su punto de vista sin permitir que cada cual tome el camino que desee en libertad y sin dañar a nadie, ni obligar a nadie a hacer lo que él. ¿Acaso son menos unos trabajadores que otros? ¿Y si unos trabajadores salen entre semana a las 20 horas, dónde y cuándo se supone que podrán realizar sus compras o emplear su tiempo de ocio?  ¿Acaso valen más las comodidades de unos que el esfuerzo de otros? ¿Acaso vale más unos servicios que otros? ¿Acaso valen los deseos de un consumidor y personas que los de otro? En consecuencia hablamos de represión (eso que no nos gusta cuando nos afecta a nosotros) de todos aquellos que tienen gustos, necesidades o aspiraciones distintas pero no por ello menos legítimas que aquellos que no quieran que se haga nada en fin de semana. 

En cuarto lugar, ¿por qué si una persona desea algo a cierta hora y hay alguien dispuesta a ofrecérsela, por lo que ambos salen ganando, aumentando así el bienestar social de los ciudadanos (y su riqueza), y satisfaciendo así en mayor medida las necesidades de la gente, alguien tiene que venir a prohibirlo porque sí? La libertad y la convivencia se basa en la tolerancia pacífica, y en permitir que las personas lleven a cabo sus proyectos vitales de la mejor manera que consideren siempre y cuando no dañen a terceros ni a sus propiedades, sin imponer a nadie su modo de ver las cosas ni la toma libre de decisiones, aún cuando no me parezcan bien. Lo contrario tan común es propio de un pensamiento dictatorial y violento. Y de la misma manera que se quejarían con razón cuando alguien les impone cómo llevar a cabo su vida (por ejemplo una religión a la que no perteneces ni sigues), no se puede pretender hacer lo mismo con el resto de personas. 

En quinto lugar, la medida es una nueva muestra del negativo efecto del poder político, que se apropia de poderes y toma de decisiones arrebatando dicha capacidad a la sociedad civil, lo que lleva a una creciente y constante lucha entre grupos de poder y de presión (lobbies) para acercarse al poder y para obtener réditos del poder político (lo que provoca una enorme corrupción). La situación degenera de esta manera hasta el punto de que se emplean las herramientas del Estado para imponer las preferencias de ciertos grupos sobre otros, de ciertas mayorías sobre otros o de ciertas minorías sobre otras.

Así, los distintos grupos presionan de distintas maneras para obtener réditos personales y leyes favorables a sus intereses y en contra de la competencia, y en consecuencia del bienestar y de la satisfacción de las necesidades de la sociedad. En este caso, la presión del "pequeño comercio" sobre el político de turno (vendido siempre a los diversos intereses particulares de unos u otros) le hace tomar decisiones en contra de otros grupos (comercios en otros lugares, centros comerciales, trabajadores de otras áreas, todos los consumidores...) de manera arbitraria. Como siempre hipócritamente, mientras algunos se quejan de unos lobbies a los que no pertenecen, hacen exactamente lo mismo en cuanto pueden (ahí no hay queja claro...). ¿Valen más los intereses de unos que los de otros? ¿Es malo si lo hace un tercero pero bueno si me beneficio yo? ¿Cuándo dejaremos de criticar a la "sociedad" cuando es un ente abstracto sin decisión alguna, y nos miraremos a nosotros mismos como responsables de lo que sucede y de la clase política que tenemos?. 

En sexto lugar, hay que considerar el daño que se hace a la economía, al empleo y en consecuencia al poder adquisitivo de las personas y al bienestar social del conjunto de ciudadanos. Poner trabas a los centros comerciales intentando primar ciertas tiendas de barrio, y no permitiendo la libertad de las personas para que decidan libremente qué comprar, dónde y a qué precio supone graves y negativas consecuencias. 

Primero, implica reducir la competencia, favoreciendo a unos agentes en perjuicio de otros, limitando así la capacidad de oferta de unos agentes y el intercambio y comercio entre partes, elemento clave de las sociedades prósperas y desarrolladas. Y las trabas a la competencia conllevan precios más altos, menores economías de escala y una economía menos eficiente y por tanto productiva.
Estas iniciativas van acompañadas generalmente de ataques a los centros comerciales, con la intención de limitar sus ventas o sus beneficios (se está proponiendo en distintas regiones aumentar los impuestos del IBI a estos centros) con la justificación de beneficiar a otros más "débiles". Esto implica un ataque a la libre competencia, un encarecimiento de los precios de los productos y del poder adquisitivo de la gente, un menor bienestar social y una reducción de las economías de escala y la eficiencia. Hay que considerar que los costes unitarios y precios son menores en dichas cadenas de tiendas pues sus pedidos son mayores, y los costes de transporte y producción también son menores (menor coste unitario, mayor programación de la demanda...), lo que permite reducir los precios al consumidor, rebajando su factura, y permitiéndole emplear los recursos sobrantes en otros bienes y servicios (favoreciendo el empleo y la demanda en dichos otros servicios-comercios), aumentando así la satisfacción de las necesidades del ciudadano, la utilidad social y haciendo más eficiente el uso de los recursos (escasos).

Segundo, fomenta la huida de la inversión (y aleja la nueva inversión), la reducción de la actividad económica y del empleo. En los últimos años se viene observando importantes traslados de domicilios sociales de empresas en España hacia las regiones (destacando Madrid) con mayores facilidades para las empresas (entre ellas la variable de libertad comercial), como indica el Boletín oficial del Registro Mercantil. A su vez, esta inversión se ve lastrada y alejada por la inseguridad jurídica que provoca al romper el decreto actual, y de la que son conscientes los partidos que toman la medida, pues saben del aluvión de demandas que serán presentadas por las empresas afectadas, que reclamarán daños y perjuicios, además de la batalla jurídica formal que puede derivarse de modificar la normativa, como han advertido expertos judiciales. 

Tercero, las regiones que han aplicado mayor libertad comercial han sido las que mayor empleo comercial han creado en España. En concreto, los comercios en la Comunidad Valenciana (aunque con limitaciones a solo áreas de interés turístico) crearon cerca de 40.000 empleos durante los dos primeros años de aplicación de la liberalización comercial, volviendo a demostrar el tiempo, que la mayor libertad crearía más empleo y estimularía la actividad, derribando las tesis prohibicionistas (que precisamente allá donde están más limitadas dichas libertades, se destruyó empleo, como son los casos de Cataluña y Andalucía). 

Cuarto, se pretende señalar y justificar la medida en que protege a un grupo débil. Pero en realidad, supone un atentado contra los intereses de todos: los consumidores y la sociedad en su conjunto. Se trata de favorecer a unos (los que protestan) contra una mayoría silenciosa que forman el resto de la sociedad. Y se trata de favorecer no las demandas de un grupo en concreto, sino las de la sociedad en su conjunto, basadas en la libertad. 

Por último, este hecho implica otro elemento negativo subyacente a considerar, la envidia, y el egoísmo (con la aplicación de barreras de entrada) que se pretenden crear a todo agente o persona que intente hacer negocio ofreciendo más que los que ya están en el negocio para intentar ganarse la vida. O lo que es lo mismo, impedir para proteger mis privilegios o situación que otra persona haga más que yo porque yo no quiero hacer tanto como él, perjudicando en mucha mayor medida al resto de ciudadanos (consumidores y clientes). Y es que una persona que pretende entrar en un negocio instalado debe o bien ofrecer mejores servicios al cliente, mejores productos, mejores precios o compensarlo si no puede con más trabajo (abriendo a horas que otros no están dispuestos para intentar satisfacer así necesidades de personas que de otra manera no podrían ser satisfechas en el lugar o momento que desean (una pizza de madrugada, después de salir de fiesta, una barra de pan a primera hora de la mañana o un periódico, bebida a ciertas horas, un vestido el día que libro del trabajo, una copa de madrugada...). Pretender prohibir o negar este servicio a otras personas que SÍ están dispuestas a hacer lo que yo no estoy dispuesto a hacer solo es muestra de egoísmo, evitando que nadie haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer para preservar mi posición o no verme yo perjudicado. Pretender descansar domingo es muy legítimo, pero igualmente legítimo es no hacerlo o descansar otro día para poder ofrecer un buen servicio a los consumidores dicho día, y en ningún caso se debiera emplear la fuerza y la violencia (en caso de negarse uno) para imponer mis decisiones sobre las de los demás.