miércoles, 3 de agosto de 2016

Diego Cañamero facilitó casas y una finca pagada con subvenciones a su familia

Antonio R. Vega muestra la trayectoria de Cañamero (Unidos Podemos) durante su mandato en El Coronil (Sevilla) durante diez años, en la que lejos de ser como él dice ahora (que se presenta al Congreso como la referencia moral "de las personas normales" frente a la "casta privilegiada"), no es otra cosa que la casta privilegiada, que empleó su privilegiada posición para beneficiar a sus familiares, según reveló la auditoría interna del PSOE cuando sustituyó a IU en el poder. 

Otro partido que deja de repente de ser casta cuando Podemos quería destruirlo desde fuera (para obtener sus votos) a salvadores y referencia moral (lo que también es un chiste a la historia) en cuanto se une con Podemos. 

Es el milagro de los Pablos y los PCs...
Artículo de ABC:
Diego Cañamero, diputado de Unidos Podemos, en el CongresoDiego Cañamero, diputado de Unidos Podemos, en el Congreso - OSCAR DEL POZO
Se ha presentado en el Congreso como el «primer jornalero» con escaño de España. Convencido de que la historia ha guiado sus pasos hacia la Carrera de San Jerónimo para ser la referencia moral de las «personas normales» frente a la «casta privilegiada», Diego Cañamero Valle (Campillos, Málaga, 1956) ha debutado como diputado de Unidos Podemos por Jaén con la promesa de «cambiar al dueño del cortijo».
Sin embargo, su trayectoria en El Coronil, un pueblo de apenas 5.000 habitantes a 58 kilómetros de Sevilla, se compadece mal con esta pose de Robin Hood que ocupa las fincas de terratenientes para entregárselas a los pobres. Durante los diez años que permaneció en la Alcaldía (1987/1991 y 1995/2001) y dos más como primer teniente de alcalde (2001/2003), utilizó su posición de privilegio para «beneficiar» a sus familiares, según una auditoría interna que realizó el gobierno del PSOE cuando relevó a Izquierda Unida tras 16 años de hegemonía.
Cañamero ejerció el poder como un mayoral en su «cortijo», a juicio de sus detractores, entre los que se encuentran no solo los socialistas, sino también antiguos dirigentes del Sindicato Obrero de Trabajadores (SOC) —el germen del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)— que abandonaron en 2003 la organización hastiados por el afán de protagonismo de sus líderes Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo (alcalde de Marinaleda), su excesiva vinculación a IU y la deriva hacia un «sindicalismo de espectáculo», pródigo en asaltos sorpresivos y golpes de efecto que garantizaban fotos y titulares de prensa, pero contribuían poco a inculcar una conciencia social.
Con Cañamero en el gobierno local, tres hermanos suyos accedieron a casas de promoción pública de manera irregular gracias a recalificaciones de suelos impulsadas por él. Otra de sus hermanas amplió su vivienda a costa del Consistorio, según la citada auditoría que fue expuesta durante cinco meses en el tablón de edictos del pueblo sin que los aludidos presentaran alegación alguna. Cañamero califica de «falsas acusaciones» los detalles contenidos en ella y, pese a haberse declarado insumiso judicial, reta a quien lo desee a irse al juzgado.
En este informe, realizado con facturas y documentos municipales a finales de 2008, se describe cómo la caja del Ayuntamiento era administrada como un banco público. Aportó mano de obra y financió algunos de los materiales que se emplearon en construir unas viviendas y aulas para instruir a jóvenes en la «lucha jornalera» en la finca de La Laguna, en el Parque Nacional de la Sierra de Grazalema.

Una casa-cortijo con tierras

El sindicato montó una cooperativa de jornaleros, denominada Tierra y Libertad, para comprar y gestionar 63 hectáreas en El Bosque (Cádiz). La finca, que incluía también un cortijo, fue adquirida con una subvención de 162.000 euros concedida el 14 de junio de 1988 por el director general de Cooperativas de  la Junta de Andalucía, Ángel Fernández Lupión. El propio Cañamero se involucró en aquella iniciativa. Junto a los dirigentes del SOC Manuel Lara Diamantino García se entrevistó con el consejero andaluz José María Romero, que les prometió la ayuda. Lo que iba a ser un modelo de explotación agrícola autogestionada, a modo de comuna, dedicada a formar a jornaleros, pronto se convirtió en un negocio privado de parientes de Cañamero.
Siete de las ocho familias que se asentaron en estas tierras para explotarlas en los años 90 se marcharon y solo han quedado un hermano del actual diputado de Unidos Podemos, José Manuel Cañamero, y su esposa, Francisca García Bueno. Aunque mantiene la fórmula de una cooperativa, la finca adquirida con dinero público funciona como una propiedad privada que se reparten, a partes iguales (33,33%), el hermano y dos cuñadas del dirigente jornalero, Francisca y Antonia García Bueno. Desde el 24 de septiembre de 2012, figuran como socios únicos y, por tanto, dueños de un negocio que se publicita como una casa-cortijo para amantes del turismo rural. Las cuñadas de Diego Cañamero son a su vez hermanas de la diputada andaluza María del Carmen García Bueno.
El dirigente jornalero resta importancia al hecho de que otro de sus hermanos viva en una finca del sindicato pagada con subvenciones. «Son 60 hectáreas de monte malo. Otras siete familias no querían vivir allí y se fueron. Ellos se quedaron. Tienen unas lechugas allí plantadas y se ha hecho un poquito de viviendas para turismo rural. Vive con eso. ¿Eso es malo? ¿Qué ilegalidad hay allí?», pregunta al periodista.
La investigación interna encargada por el anterior gobierno de Jerónimo Guerrero (PSOE), desde hace un año concejal en la oposición, no precisa con exactitud cuánto dinero público se invirtió en acondicionar aquella finca. En las obras se emplearon camiones cargados de cemento procedentes del almacén municipal, una «taladradora de tractor» adquirida para una escuela taller municipal, bancos, papeleras y hasta las vallas de la piscina municipal. Un ejército de alumnos de escuelas taller, fontaneros, electricistas, funcionarios y vecinos del pueblo colaboraron de forma desinteresada.
Aparte de financiar íntegra su compra, que costó 151.755 euros, la Administración autonómica subvencionó la instalación del transformador de electricidad con 6.000 euros en enero de 1990. «No queríamos hacer una explotación agrícola normal, la idea era ofrecer una información cultural a los militantes del SOC, además de política y cultural, pero ahora quien maneja aquello es el hermano, ya no es un proyecto del sindicato sino una propiedad privada», relata Manuel Lara Castejón, concejal del Movimiento Alternativo de Izquierda (MAI), dirigente que abandonó el SOC por desacuerdos con Cañamero y Sánchez Gordillo. Con él dimitieron otros diez de los 16 miembros del comité ejecutivo en febrero de 2003. «Ellos no querían militantes, querían seguidores», señala.
Sobre un solar que aún hoy es propiedad del Ayuntamiento de El Coronil, se alza la casa de otro de sus hermanos, Francisco Cañamero que, según hace constar en su perfil en Facebook, «trabaja en el SAT». La vivienda, radicada en la calle Diamantino García de la localidad, fue edificada en 2003 de acuerdo con los planos dibujados por el arquitecto municipal en sus horas de trabajo y concedida a su familia «sin hacer ningún tipo de procedimiento legal».
Su hermano José Manuel recibió otra casa en una promoción de 32 VPO de la Junta de Andalucía. Cañamero concedió a la mujer de éste, sin cumplir los requisitos, la citada vivienda en 2001 y su sucesor en la Alcaldía, José Antonio Núñez, un solar de VPO por 3.606 euros en 2003. El matrimonio estaba empadronado en el El Bosque, lo que le impedía acceder a la vivienda. Pero Cañamero contactó con el Ayuntamiento del municipio gaditano para advertirles de un error en el empadronamiento. Como la Junta no le daba el permiso para repartir las VPO al no existir baremación, el exportavoz del SAT arengó a los vecinos a ocuparlas.
Por último, en la calle Miguel Hernández tiene «otra casa hecha con dinero público de auto construcción» Irene Cañamero, colindante a la VPO de su hermano Diego, que paga una renta de 150 euros al mes a la Junta.

Una sobrina, concejala

La saga de los Cañamero sigue moviendo los hilos en el Ayuntamiento. Su sobrina Irene Lara Cañamero es concejala de Seguridad, Fiestas y Deportes en El Coronil por Ganemos, que gobierna el municipio desde 2015. Abogada del SAT, ha llevado la defensa del exconcejal Andrés Bódalo hasta que entró en prisión para cumplir una condena por agredir en 2012 al teniente de alcalde de Jódar (Jaén), el socialista Juan Ibarra, durante una protesta. Cañamero lo relevó como candidato por Jaén al Congreso. Un error de la procuradora, que no registró a tiempo el recurso de su defensa ante el Tribunal Supremo, quemó la última bala que le restaba a Bódalo para eludir la prisión. La familia del exedil de Jaén ha recurrido a otro abogado granadino, Jesús Huertas, para llevar el caso.
El anterior regidor de El Coronil, Jerónimo Guerrero (PSOE), enemigo declarado de Cañamero, está convencido de que el ex portavoz del SAT urdió «una maniobra para llegar a Madrid porque ésa ha sido siempre su obsesión». El ex alcalde critica que «utilizara su cargo para favorecer a su familia» y afirma que «lleva treinta años sin pisar el campo, viviendo de un sindicato hecho a su imagen y semejanza».
Un hijo de Diego Cañamero, José, también ha sido concejal de El Coronil durante dos mandatos. Se quedó a las puertas de repetir en los pasados comicios municipales de 2015.

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