Otra muestra de "austeridad" pública. Es uno de los incentivos perversos de los rescates, compra de bonos (deuda española) por parte del BCE y palabras de que se comprará lo que haga falta si es necesario, aceptando sin más los incumplimientos reiterados de déficit y ampliando además el tiempo para cumplir con los objetivos.
Esto lleva a dejarse llevar, volviendo por sus fueros a los políticos en la gestión de la administración pública, incrementando más la deuda e incumpliendo con mucho los objetivos de déficit, lo que lleva a mayores esfuerzos futuros alargando la recuperación y retrasando la necesaria explosión de la enorme burbuja estatal, con las graves consecuencias para el sector privado (empresas y ciudadanos).
Y la contratación de más empleados públicos no es sino un maquillaje artificial de la creación de empleo e incentivo cortoplacista con nulos efectos en el empleo global (implica mayor reducción y más a medio plazo en el sector productivo) y menor creación de riqueza al exigir mayores aportaciones de la economía productiva para financiarlo (añadiendo además el pago de intereses por la mayor deuda, que ya supera los 36.000 millones de € anuales, una auténtica locura).
En definitiva, menos dinero en los ciudadanos y unas cuentas públicas más insostenibles, pero eso al político qué más le da. Lo que tenga que pasar a medio-largo plazo, ya vendrá. Si les sirve para estar más en el poder...
Artículo de El Economista:
Esto lleva a dejarse llevar, volviendo por sus fueros a los políticos en la gestión de la administración pública, incrementando más la deuda e incumpliendo con mucho los objetivos de déficit, lo que lleva a mayores esfuerzos futuros alargando la recuperación y retrasando la necesaria explosión de la enorme burbuja estatal, con las graves consecuencias para el sector privado (empresas y ciudadanos).
Y la contratación de más empleados públicos no es sino un maquillaje artificial de la creación de empleo e incentivo cortoplacista con nulos efectos en el empleo global (implica mayor reducción y más a medio plazo en el sector productivo) y menor creación de riqueza al exigir mayores aportaciones de la economía productiva para financiarlo (añadiendo además el pago de intereses por la mayor deuda, que ya supera los 36.000 millones de € anuales, una auténtica locura).
En definitiva, menos dinero en los ciudadanos y unas cuentas públicas más insostenibles, pero eso al político qué más le da. Lo que tenga que pasar a medio-largo plazo, ya vendrá. Si les sirve para estar más en el poder...
Artículo de El Economista:
"El ajuste del personal de las Administraciones autonómicas muestra síntomas de que se ha tomado un respiro en la segunda parte del año pasado, hasta el punto de que no sólo se ha detenido sino que, además, ha invertido su tendencia.
No en vano, cerca de la mitad de las regiones -hasta ocho autonomías más la ciudad de Ceuta- mostraron incrementos del total de asalariados públicos de que disponen al cierre del tercer trimestre de 2013, de acuerdo con los datos detallados más recientes de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se trata de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra, además de Ceuta.
35.000 personas en 3 meses
El incremento, en tan sólo tres meses, fue de más de 35.000 personas, en el que tuvo especial protagonismo el incremento de 13.200 asalariados públicos absorbido exclusivamente por Andalucía. Con esta elevación en la plantilla pública andaluza, en el tercer trimestre del año pasado el total de asalariados de la Administración autonómica volvió a romper la barrera del medio millón que rebasaba al cierre del pasado ejercicio.
Podría quizá aducirse por parte de estos Gobiernos regionales que esos aumentos son repuntes temporales. Sin embargo, en idéntico periodo de tiempo, otras comunidades autónomas sí que se esforzaron por mantener la tensión del ajuste, máxime cuando el adelgazamiento de la plantilla de las Administraciones es uno de los objetivos de las reformas impulsadas por el Gobierno central.
Entre ellas, entre las que sí mantienen el pulso del ajuste, destaca especialmente el caso de la Comunidad de Madrid, que no ha levantado el pie del acelerador prácticamente desde el primer trimestre de 2012 y, únicamente entre el segundo y tercer cuartos de 2013, redujo su plantilla de asalariados públicos en más de 20.000 personas, hasta situar el total en 411.600 empleados.
Incluso Cataluña, una comunidad autónoma con frecuencia criticada por su resistencia a la hora de reducir su amplia estructura administrativa, está dando cierto ejemplo desde este punto de vista, aunque a un menor ritmo a la hora de aplicar la tijera que el mostrado por la comunidad autónoma que lidera Ignacio González. No en vano Cataluña empezó 2013 con 375.000 asalariados en su sector público y, al término del verano, contaba con 372.000.
De hecho, son siete las Administraciones (Baleares, Cantabria, las dos Castillas, Murcia y Navarra, más la ciudad autónoma de Ceuta) que, según las estadísticas, y a falta de datos de cierre de ejercicio, presentan visos de que podrían terminar el año con más empleados públicos que a comienzos de 2013.
La evolución resultaría altamente paradójica si se tiene en cuenta que el pasado fue precisamente el año en el que el Gobierno central se lanzó con más decisión al proyecto de racionalizar el tamaño de las Administraciones Públicas.
El Ejecutivo que preside Mariano Rajoy dejó claro desde el principio que la parte que correspondía de ese ajuste a las autonomías quedaba a su elección en cuanto al alcance en cuestiones decisivas como es la eliminación de duplicidades. La ampliación del objetivo de déficit público para el conjunto del año, previo consentimiento de la Comisión Europea, también puede haber contribuido a hacer posible esta incipiente tendencia a la relajación, que, de momento, a la espera de los datos de cierre de ejercicio, no se ha trasladado al cómputo general, aunque sí hace más lento su ritmo de disminución.
Así, el total de asalariados de las autonomías todavía se redujo entre el primer y el tercer trimestre de 2013, aunque cada vez más levemente, al pasar de 2,84 millones a 2,83 millones. La tendencia puede ir a más si se tiene en cuenta el cambio tan perceptible que se está produciendo en el uso de los contratos temporales por parte de las Administraciones autonómicas, dado que ésta es la herramienta favorita para llevar a cabo los incrementos en el número de asalariados.
Menor ritmo de recorte
Así, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver, pone de manifiesto que el total de trabajadores sujetos a ese tipo de contrato en el sector público descendía a un ritmo del 21,7 por ciento interanual a finales de 2012.
En marzo de 2013, "aún seguía cayendo, pero a una tasa marcadamente más baja: 7,5 por ciento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior".
El total de personas que trabajan en régimen temporal para las Administraciones supera el 16 por ciento del total, dos puntos más que en 2012.
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