Las "ejemplares" administraciones públicas, esas que hacen leyes que no cumplen y que supuestamente están para ayudar al ciudadano, son las primeras que generan un daño enorme en el empleo y la supervivencia de miles de empresas y autónomos dada su morosidad, que dobla y hasta triplica el límite establecido por ley.
C. Otto se hace eco de la noticia en el siguiente artículo:
Artículo de El Confidencial:
No hace casi ruido de cara a la opinión pública, pero de manera silenciosa se ha convertido en uno de los mayores verdugos de los emprendedores españoles desde 2010.
Nos referimos a la Ley de Morosidad, una disposición legal que España, obligada por la Unión Europea, aprobó en 2010 para evitar que las administraciones públicas y las empresas privadas pagasen tarde a sus proveedores. Y es que la morosidad y los retrasos en los pagos, sobre todo por parte de las administraciones públicas, acaban constituyendo un enorme agujero de liquidez para pequeñas empresas que, si no son capaces de aguantar sin ese dinero que se les debe, pueden acabar despidiendo a empleados, sufriendo una grave crisis financiera o incluso cerrando.
Sin embargo, y pese a que a la ley se le podría reconocer una innegable buena voluntad, la realidad está siendo muy distinta: en sus seis años de funcionamiento, España viene incumpliendo la Ley de Morosidad de manera sistemática, tal y como recoge el barómetro que la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) publica periódicamente.
Sector público: 30 días legales... y 75 reales
La palma se la llevan, de lejos, las instituciones públicas. Según los datos de ATA, a día de hoy estas entidades tardan, de media, 75 días en pagar las facturas que deben a las empresas y autónomos que les sirven de proveedores. Según la ley, este plazo debería ser de un máximo de 30 días, con lo que las AAPP de nuestro país tardan en pagar más del doble de lo que marca la disposición legal.
Los datos son de junio de este 2016, pero en 2015 el plazo real de pago fue de 86 días, casi el triple de lo permitido. Pero la cosa ha llegado a ser peor: como muestra el siguiente gráfico, desde que la Ley de Morosidad fuese aprobada, las administraciones públicas de nuestro país (Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos) nunca la han cumplido.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| PLAZO LEGAL | 55 | 50 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| PLAZO REAL | 158 | 159 | 163 | 129 | 90 | 86 | 75 |
Como vemos, en este caso, las disposiciones legales no han servido de nada: pese a que la Unión Europea obligó a España a establecer estos plazos obligatorios de pago, la ley viene siendo incumplida sistemáticamente por todas las administraciones públicas de nuestro país.
Las CCAA, las más morosas
Dentro del sector público, la palma se la llevan las comunidades autónomas. A día de hoy, los gobiernos e instituciones regionales pagan sus facturas en un plazo de 85 días, casi tres veces más del plazo de 30 días que, por ley, deberían cumplir.
Tampoco andan muy lejos los diversos ayuntamientos y administraciones locales, que doblan el plazo legal pagando a sus proveedores a 64 días. La administración central es la única que, aun incumpliendo la ley, más se acerca a sus plazos: 44 días de media.
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | PLAZOS DE PAGO |
| Administración central | 44 |
| Comunidades Autónomas | 85 |
| Ayuntamientos | 64 |
Sector privado: 60 días legales... y 84 reales
Pero no acaba ahí la cosa. Si el sector público incumple la ley desde que fue implantada, el privado no podía ser menos. Aunque, eso sí, aquí el panorama es algo más alentador.
En 2015, las empresas del sector privado pagaron las facturas a sus proveedores, de media, 84 días después de que estas fueran emitidas, un plazo que viene siendo casi idéntico desde que este índice de morosidad empezara a ser medido por ATA.
El plazo del sector privado es de apenas dos días menos que el del sector público, aunque con una salvedad: mientras las administraciones públicas están obligadas a pagar en un máximo de 30 días, el plazo legal para las empresas privadas es de 60 días, con lo que el retraso que muestran las cifras no es (tan) alarmante.
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| PLAZO LEGAL | 85 | 85 | 75 | 60 | 60 | 60 |
| PLAZO REAL | - | - | - | 85 | 84 | 84 |
Las grandes empresas duplican el plazo legal
En principio, la lógica podría llevarnos a pensar que, dentro del sector privado, las grandes empresas deberían ser las menos morosas dado su tamaño y el volumen de sus recursos financieros. Sin embargo, la realidad dice todo lo contrario.
Según los datos, las compañías de más de 1.000 empleados tardan de media 132 días en pagar sus facturas pendientes, duplicando el plazo legal de 60 días. También duplican el plazo las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores, que tardan 124 días en afrontar sus pagos.
¿Hay algún tipo de empresa o profesionales que sí cumpla la ley? Sí: las microempresas y los autónomos. Las microempresas (de 1 a 9 empleados) tardan 53 días en abonar sus facturas, mientras que los autónomos lo hacen en 51.
| TIPO DE EMPRESA | PLAZOS DE PAGO |
| Más de 1.000 empleados | 132 |
| 250-1.000 empleados | 124 |
| 50-250 empleados | 78 |
| 9-50 empleados | 66 |
| 1-9 empleados | 56 |
| Entre autónomos | 53 |
La ley, por supuesto, contempla sanciones económicas para los morosos: si la deuda es superior a 30.000 euros, el acreedor deberá abonar además un recargo del 15% de la cantidad adeudada.
Sin embargo, dichas sanciones tienen dos trampas para los emprendedores que quieran cobrar a sus morosos: en primer lugar, el moroso "no estará obligado a pagar la indemnización cuando no sea responsable del retraso en el pago", lo cual abre un amplio abanico de posibilidades para que, al final, el emprendedor en cuestión siga cobrando tarde.
En segundo lugar, las sanciones no son aplicadas de oficio ante un retraso, sino que es el emprendedor el que debe denunciar a su moroso, una casuística que se antoja complicada si el emprendedor quiere mantener como cliente a dicha administración pública o empresa privada.
Un panorama, en definitiva desolador. En 2010 la Unión Europea obligó a España a implantar una ley para evitar que las administraciones públicas y las empresas privadas ahogasen financieramente a los emprendedores con su morosidad. Y España la implantó... pero ha venido incumpliéndola de manera sistemática a lo largo de sus seis años de vigencia. Y a ver quién se atreve a denunciar a su moroso.
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