Juan Rallo analiza la cuestión de los elevados salarios de ciertos directivos en España.
Artículo de su página personal:
Los sueldos de la alta dirección del Ibex 35 crecieron de media un 22% en 2015 hasta totalizar los 180 millones de euros. La cifra ha sido motivo de airada crítica por parte de muchos españoles que acaso consideren que tales salarios son completamente inmerecidos y constituyen un robo al conjunto de la sociedad. El reproche puede estar ciertamente justificado respecto a aquellas grandes empresas que se lucran merced a los muy variados privilegios gubernamentales de los que son receptoras (como contratos públicos inflados o regulaciones que restringen artificialmente la competencia), pero en esos supuestos no deberíamos preocuparnos por lo accesorio (la remuneración de sus directivos) sino por lo crucial (la imperiosa necesidad de eliminar esas prebendas estatales).
Mas, desde luego, semejante reproche está completamente injustificado respecto a la alta dirección de aquellas otras compañías que logren sus voluminosos ingresos en abierta y libre competencia dentro del mercado: en tales casos, el sueldo de los presidentes o de los consejeros delegados no debería ser de la incumbencia de los ciudadanos, sino tan sólo de sus accionistas. A la postre, son los accionistas —y no los ciudadanos— quienes soportan el coste directo de tan altos emolumentos.
Tomemos el caso de Inditex: con 12 millones de euros, su consejero delegado Pablo Isla es el directivo mejor pagado de todo el Ibex 35. ¿Pero quién sufraga ese coste salarial? Pues, en esencia, Amancio Ortega (accionista mayoritario de Inditex con el 60% del capital). Si el Sr. Isla desempeñara su trabajo gratuitamente, los beneficios de Inditex aumentarían en 12 millones de euros, y éstos irían a parar en su mayor parte al bolsillo del Sr. Ortega. ¿Por qué, entonces, está dispuesto Amancio Ortega a entregarle a Pablo Isla 12 millones de euros cada año? Pues porque, acertada o equivocadamente, considera que su desempeño profesional contribuye a incrementar anualmente el valor económico de Inditex en más de 12 millones de euros. Si es así, los accionistas de la empresa textil harán bien en pagarle tales sumas a su consejero delegado; y si no es así, serán solo ellos quienes saldrán perdiendo por sus errores de cálculo. El resto somos meros convidados de piedra ante una transacción privada sobre la que podemos tener voz, pero sobre la que desde luego no deberíamos tener voto.
Preocuparse por lo mucho que cobran los directivos sólo equivale a desear que los accionistas ganen mucho más: mejor permitir que unos y otros negocien libremente entre sí.
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