Adrià Pérez analiza la cuestión del Estado emprendedor, a raíz del último informe de investigación del Instituto Juan de Mariana en respuesta a las tesis de la economista italiana Mariana Mazzucato.
Artículo de Voz Pópuli:
Entre las muchas conclusiones que arroja el último barómetro que el CIS ha publicado hace unos días destaca el que la mayoría de españoles consultados considera que los servicios públicos más importantes están infrafinanciados. En opinión de los encuestados, la sanidad, la educación o la investigación en ciencia y tecnología, deberían recibir más recursos recaudados por las Administraciones Públicas vía impuestos.
Considerar que se gasta poco en estas partidas necesariamente implica pensar que es positivo que el Estado deba gastar en esta importante área de la economía y de la sociedad. Una idea que en el terreno académico ha sido defendida con creciente popularidad por la economista italiana Mariana Mazzucato en su influyente libro El Estado emprendedor. La tesis fundamental de la economista italiana es que el Estado debe invertir en investigación básica, para que luego pueda haber desarrollo, debido a que tal inversión sufre una enorme incertidumbre y su éxito es sumamente aleatorio.
Sostiene la economista, con la que probablemente estarán de acuerdo la mayoría de los consultados por el CIS, que los grandes avances tecnológicos han sido posible gracias a la intervención del Estado, motivo por el cual propone crear bancos públicos que financien este tipo de inversiones o que el Estado participe en el capital de las empresas beneficiadas por las ayudas públicas a la I+D+i. Es decir, toda una justificación para subir impuestos y que el Estado controle cada vez más la economía y nuestra vidas.
Sin embargo, el Instituto Juan de Mariana acaba de publicar un informe, Mitos y Realidades del Estado emprendedor: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación?, en el que se refuta y pone en tela de juicio los argumentos que da la economista italiana, con abundante bibliografía y una meticulosa labor de rastreo y detección de las inconsistencias y falta de evidencias de los argumentos y ejemplos utilizados en el libro de Mazzucato. Las ideas que justifican la intervención Estatal expuestas en el libro están erradas tanto desde un punto de vista histórico, teórico como empírico.
Informe del IJM: mitos y realidades del Estado emprendedor
Mazzucato toma como ejemplo de éxito de banco de desarrollo público el brasileño. Examinando los datos e indicadores en detalle se halla que, en realidad, este banco ha tenido una rentabilidad inferior a la media del sector bancario, sin contar con que, en general, según la diversa bibliografía existente sobre la materia, los bancos de desarrollo perjudican el desarrollo del sector financiero, contribuyendo a un menor crecimiento económico.
Otro de los sectores usados por los defensores del gasto estatal en I+D es el de las energías renovables. Se dice, y así lo expone la italiana en su libro, que el Estado ha liderado esta inversión y gracias a ello está habiendo una transición a las energías verdes. El informe, sin embargo, rastrea las fuentes en las que se basa la autora y detecta errores en los cálculos que, tras su corrección, se obtiene una conclusión diametralmente opuesta: es el sector privado y no el Estado quien más recursos ha invertido en este importante sector, tanto en EEUU como a nivel mundial.
Otro de los sectores que Mazzucato pone de ejemplo de acción estatal es el de la nanotecnología. Un campo creado por el Estado, en opinión de la economista, cuando en realidad el sector privado ya había iniciado sus inversiones en él y además es su principal inversor, de acuerdo con la investigación del informe.
Otros ejemplos de tecnologías revolucionarias como el avión, el ordenador, internet, son también áreas creadas e iniciadas por los agentes privados, inventores o empresas, y que hubieran seguido un desarrollo como en tantas otras áreas de una manera privada de no ser por la irrupción del Estado, que obviamente tuvo su influencia. Pero de ahí a afirmar que sin el Estado no hubieran existido, "hay un abismo que requiere de unas solidas evidencias que no existen".
De hecho, en múltiples ocasiones el sector privado se ha organizado para cooperar entre los agentes de una industria y llevar a cabo grandes y complejos proyectos (sobre todo cuando la propia normativa estatal no impide dicha colaboración). Por lo que otro de los argumentos de los defensores del gasto público en I+D y del Estado como creador de grandes consorcios también resulta innecesario por cuanto ya puede ser desarrollado por la sociedad civil, empresas o individuos de relevancia en las distintas industrias.
De hecho, también suele criticarse el cortoplacismo del sector privado que impide la investigación a largo plazo que sí proporciona el Estado. De acuerdo con el informe, no existe evidencia que muestre un cortoplacismo inversor y una miopía empresarial. De hecho, ocurre todo lo contrario: cuando el negocio de las grandes empresas depende de su actividad investigadora, la realizan. Y si dejan de hacerlo es porque prefieren adquirir las Pymes o startups que sí investigan. Aun así el informe también reivindica lo deseable de las inversiones a corto plazo y las mejoras incrementales por cuanto aportan más información relevante, rebajan los costes fijos haciendo factible (rentable) la I+D.
Quizá el ejemplo más pintoresco que esgrima Mazzucato para defender el gasto público en I+D es que sin éste el iPhone y Google no existirían. El informe estudia detalladamente las invenciones detrás de estos dos productos y llega a la conclusión de que el progreso en estos ámbitos ya se había iniciado antes de la intervención estatal, o que la financiación estatal que hubo no fue determinante y los inversores privados ya habían hecho acto de presencia.
Nosotros, el Estado
Con todo, parte del respaldo e interés en que el Estado capitanee la inversión en I+D no es tanto de naturaleza económica sino desde un carácter democrático, en el sentido grupal. La representación de la sociedad en la forma del Estado, su identificación total, hace posible que se destinen y despilfarren ingentes cantidades de recursos porque con ello se cree que el sujeto "nosotros", la "sociedad", está invirtiendo en este área fundamental. Una inversión innecesaria y perjudicial de la que nos consolamos pensando que es un coste más para el contribuyente, cuando en realidad no son recursos fácilmente reemplazables sino todo lo contrario, son difícilmente sustituibles y extremadamente específicos (científicos muy especializados en proyectos concretos de investigación y desarrollo).
Con esta premisa es difícil llegar a concebir que la sociedad sea quien lleve a cabo la importantísima labor de investigación y desarrollo, a través de las acciones de múltiples individuos a lo largo del tiempo, de manera descentralizada, sin obedecer a una única voz ni mandato (sea de la agencia gubernamental o empresa pública que sea), y coordinados por mecanismos que no se aprueban en los parlamentos (precios, intereses de los investigadores -no impuestos por la autoridad-, necesidades de la sociedad, pasiones, rentabilidad...).
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