La masacre impositiva en Grecia sigue su evolución sin frenos, machacando la generación de empleo y la actividad económica.
La receta es bien obvia, reducir impuestos para facilitar el pago de deudas del sector privado, el incremento de la inversión, la actividad económica permitiendo salir a flote a las empresas (obtener beneficios y no pérdidas), generar empleo, y aumentar el poder adquisitivo de las familias.
A su vez, e igualmente, reducir drásticamente el gasto público de un Estado absolutamente insostenible y elefantiásico que ha llevado al país a la quiebra devorando los recursos de las familias y empresas, para permitir dicha bajada de impuestos, eliminar el déficit y obtener superávit para permitir pagar las deudas del país y generar confianza en la economía y el gobierno (mejora de rating, mayor capacidad de financiación, atracción de capital e inversión, mayor capacidad de generación de riqueza y crecimiento económico...).
La tercera pata, por supuesto es la liberalización económica reduciendo trabas y burocracia, reduciendo la intromisión estatal en la actividad económica, aumentando la flexibilidad laboral...para permitir favorecer la creación de empresas y empleo, aumentar la seguridad jurídica y en consecuencia la inversión interna y externa, favorecer una mejor y más rápida reasignación de recursos hacia donde son más eficientes y demandados...
Desgraciadamente, al igual que en España, no es el camino seguido para salir de la crisis con mucha mayor velocidad y de manera no artificial ni temporal, sino sosteniblemente.
Artículo de Libre Mercado:
Alexis Tsipras | EFE
Mientras la Hacienda helena multiplica sus esfuerzos para combatir el fraude con nuevos instrumentos disuasorios y más controles, la recaudación renquea no solo por la tópica avidez de los griegos a la hora de defraudar al Estado sino por la imposibilidad de muchos de afrontar su factura impositiva.
La última iniciativa del Gobierno de Alexis Tsipras para combatir el fraude, que se registra desde tiempos inmemoriales, en el sector de la restauración y el turismo ha sido publicar un decreto que contempla el cierre durante 48 horas de toda empresa que no emita facturas, informa Efe. Además, ha anunciado que los inspectores de Hacienda efectuarán nada menos que 30.000 controles en destinos turísticos griegos, y ha recordado a los consumidores que "no están obligados a pagar si no reciben una factura legal".
El Gobierno ha decidido enfocar sus controles en las islas del mar Egeo, las que más ingresan por turismo, pero también las que más han visto incrementarse la presión fiscal, tras quedar abolida la tarifa insular, lo que se ha traducido en un aumento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) del 13% al 24% que rige en todo el país.
Una de las primeras empresas que ha tenido que cerrar sus puertas durante 48 horas por no dar los ticket correspondientes ha sido precisamente una firma en la isla de Santorini, foco del turismo caro en el mar Egeo. Los inspectores constataron que la empresa en cuestión, propietaria de un restaurante, un bar y una tienda de ropa de lujo no había emitido 57 facturas en un día.
"Pero el turismo en las Cícladas no lo componen solo los clubes de noche o los hoteles de lujo. Hay también tiendas que con el trabajo de los cuatro meses del periodo turístico deben vivir todo el año", lamenta a Efe María, directora de un pequeño hotel de Santorini, que reconoce abiertamente que si estos pequeños comercios actuaran como lo exige la ley, no podrían sobrevivir.
El propietario de una tienda de ropa en Paros, otra de las islas de las Cícladas afectadas por el fuerte aumento del IVA, sostiene que si trasladara el incremento a sus clientes, nadie compraría. "La evasión fiscal para mí no es una opción, es una condición necesaria para poder sobrevivir", asegura este comerciante.
Al aumento del IVA se añaden otros incrementos, como el del impuesto sobre la renta para las empresas, que ha subido del 26% al 29%. A ello se suma el continuo aumento del pago de impuestos por adelantado que tienen que hacer empresas y autónomos: del 55% al 75% este año; y al 100% a partir de 2017.
Los cambios constantes de las leyes tributarias hacen imposible una planificación y abocan a muchos a no disponer de las reservas necesarias cuando llega el momento de pagar. Según un estudio sobre la evolución de la presión fiscal de autónomos y propietarios de pymes en los últimos cincuenta años, el impuesto sobre la renta para estos dos colectivos casi se duplicó tan solo entre 2010 y 2013.
La situación ha empeorado aún más desde este año, cuando entraron en vigor las medidas fiscales previstas por el segundo plan de rescate de Grecia, que incluían un incremento abrupto de los impuestos, la introducción de nuevas tasas y la eliminación de la exoneración fiscal para los primeros 9.500 euros anuales.
Desde entonces, las deudas morosas con la Hacienda se incrementan a un ritmo mensual de entre 1.000 y 1.200 millones de euros y en junio ya rozaban los 90.000 millones de euros, casi la mitad del PIB. Un autónomo con una base imponible de 20.000 euros anuales debe pagar este año un impuesto sobre la renta del 38,5%; un pequeño comerciante incluso el 49,5%.
Alexis Tsipras llegó en enero de 2015 al poder con la promesa de instaurar un sistema impositivo razonable y luchar contra la evasión fiscal. En los primeros meses de su Gobierno la recaudación de los impuestos mejoró gracias a la esperanza que suscitó esta promesa. Además, ofreció a los deudores la posibilidad de devolver sus deudas a Hacienda en cien plazos, con cuotas razonables, posibilidad a la que recurrieron centenares de miles de deudores, el 90% de los cuales tenían deudas menores a 5.000 euros.
Sin embargo, el buen ritmo de recaudación no duró mucho. La imposición del control de capitales (corralito bancario) y nuevos aumentos de la presión fiscal decretados, tras la firma del tercer rescate, han hecho que las deudas de los contribuyentes vuelvan a aumentar exponencialmente.
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