Más y más muestras de la estupenda gestión pública del dinero, y del despilfarro que supone. Pero no se cansarán de escuchar la necesidad imperiosa de que el Estado abarque más, de la necesidad de la gestión pública de cualquier cosa, blablabla.
La práctica siempre demuestra los efectos nocivos que supone esto, y las consecuencias económicas.
Artículo de El Confidencial sobre el descontrol y la continua falta de justificación de las subvenciones denunciados por la Intervención General del Estado (IGAE) en cualquier materia (música, cine, ciencia, vivienda, fundaciones públicas o entidades de la seguridad social. Una auténtica tomadura de pelo para la sociedad:
"Más de 400 compañías teatrales recibieron en 2010 ayudas económicas del Ministerio de Cultura. Hubo para todos, desde 1.500 a 112.000 euros. El departamento de Ángeles González-Sinde financió giras por territorio nacional, la programación en salas privadas e incluso iniciativas de “nueva creación teatral”. Todo, eso sí, con cargo a los Presupuestos del Estado. Sin embargo, los beneficiarios no siempre han acreditado en los últimos años el buen uso del dinero que reciben. De hecho, la Intervención General del Estado (IGAE) denuncia en su último informe el descontrol existente a la hora de documentar el empleo de esos fondos.
“En el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música [Inaem] se han apreciado tanto deficiencias en la justificación de las subvenciones nominativas, como en las subvenciones en concurrencia competitiva”, reza el documento, publicado hace apenas días por el organismo dependiente de Elena Salgado y que analiza el desempeño del sector público empresarial en 2008. El Inaem convocó el año pasado dos programas de ayudas. Y no por cuantías baladíes. Uno se centró en el teatro –con una dotación de 7,4 millones de euros- y otro en la danza, lírica y música –con subsidios por valor de 6,7 millones-.
El informe del IGAE reconoce que el principal problema para realizar el control financiero de los fondos es que muchas veces la justificación simplemente no llega. “La Ley General de Subvenciones establece que el órgano concedente debe comprobar la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que haya determinado la concesión o disfrute de la subvención. Sin embargo, de los informes se desprende que en algunas ocasiones la documentación presentada por los beneficiarios no permite realizar estas comprobaciones”, establece la Intervención en un documento que ha venido desglosando este diario.
El Inaem es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura cuyo objeto es “articular y desarrollar los programas relacionados con el teatro, la danza, la música y el circo”. Entre sus funciones figura “la distribución de ayudas para proyectos de producción, exhibición y giras nacionales e internacionales”, subraya el departamento de Ángeles González-Sinde en su página web. Su presupuesto para 2011 roza los 162 millones de euros, una cifra que supone un descenso del 10% respecto a los casi 180 millones con los que contó el pasado ejercicio.
En todo caso, dotaciones importantes que apoyan la necesidad de estrechar el control sobre el organismo. Y es que los problemas en los subsidios no son los únicos detectados por la Intervención General del Estado en el Inaem, que tampoco cumple con Hacienda. “En el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música no se han remitido a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, para su recaudación en vía de apremio, el 87,5% de las resoluciones de reintegro emitidas en el 2008, no ingresadas en el período voluntario”.
Un 20% sin justificar en Vivienda
El problema de las subvenciones no justificadas no es exclusivo de actores y músicos. Resultan especialmente llamativas las deficiencias que se observan en la gestión de las ayudas por parte del Ministerio de Vivienda, suprimido por José Luis Rodríguez Zapatero en la última crisis de Gobierno. Por ejemplo, “en las subvenciones para la adquisición y rehabilitación de viviendas que son gestionadas en colaboración con las comunidades autónomas, en las que la cuantía pendiente de justificar a finales de 2008 superaban el 20%”.
En esta línea, resulta “imposible” controlar las subvenciones en Ciencia y Tecnología, en tanto el departamento de Cristina Garmendia directamente difumina el objeto de las ayudas. “Se observan, por ejemplo, para determinadas subvenciones nominativas y de capital, importantes deficiencias e indefiniciones en los convenios correspondientes, sobre todo en cuanto al objeto y la comprobación de la subvención por el órgano concedente. Al no encontrarse suficientemente definido el objeto de la subvención, prácticamente resulta imposible verificar la adecuada justificación de la subvención”, denuncia el IGAE.
El informe subraya igualmente el coladero de ayudas que suponen las fundaciones públicas, que carecen de normas internas que les obliguen a conceder las subvenciones en base a principios de publicidad y concurrencia. Tampoco existen procedimientos para la comprobación de las actividades financiadas, un déficit que se extiende a las entidades de la Seguridad Social. “Esta circunstancia se advierte con mayor claridad en subvenciones concedidas por la Tesorería General de la Seguridad, al ser varios los órganos implicados en su gestión”, remata el análisis de las auditorías".
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