Este país es cada vez menos democrático y ataca los derechos del ciudadano sin el más mínimo rubor.
Ahora resulta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha avalado, con dos votos conservadores en contra , un anteproyecto legal que, en la práctica, supone un recorte de garantías ciudadanas, puesto que restringe y endurece la posibilidad de los ciudadanos de que sus casos lleguen hasta el Tribunal Supremo.
Éstas son algunas de las vergonzosas nuevas medidas (eso sí, claro, llevadas a cabo para agilizar la justicia):
La normativa que debe aún aprobar el Parlamento endurece uno de los tres requisitos para que un ciudadano pueda acudir a la Sala de lo Civil del Supremo en asuntos civiles y contencioso-administrativos.
-Hasta ahora podías acceder al Supremo, si, tras perder el juicio en la Audiencia Provincial, el afectado demuestra que en su pleito se dirime una cuantía mínima de 150.000 euros. Este requisito se ha endurecido: la cuantía tendrá que superar los 800.000 euros. Esto supone un gran recorte de garantías dificultando mucho poder ir al Supremo.
-Otro punto importante de la reforma, que afectaría a miles de ciudadanos, es que se suprime la posibilidad de recurrir contra la decisión de un juzgado de primera instancia si se trata de un juicio verbal y la cuantía es inferior a 6.000 euros. Lo que falle el juez de primera instancia sería irrecurrible y la sentencia devendría firme. Como indican Fuentes del Consejo del Poder Judicial "Lo que está en juego son las garantías ciudadanas. Aquí se pretende agilizar la justicia, pero no incrementando los medios y recursos de que dispone, sino recortando derechos que hasta ahora tenían los litigantes".
-Otro elemento es el pago de una tasa, que iría en función del volumen y cuantía del asunto, para todos los ciudadanos que interponga una demanda civil. Ahora no existe tal tasa. Es decir, si un vecino, por ejemplo, tiene un conflicto con otro y lo demanda tendrá que pagar una tasa para que el juez empiece a ver su asunto.
-Otro caso grave se produce en los pleitos contenciosos que interponen los ciudadanos contra la Administración. Actualmente, difícilmente los jueces fijan costas si el pleito se pierde finalmente, salvo que el juez entienda que el demandante había actuado de mala fe o con temeridad. La norma que se pretende poner en marcha establece que si los ciudadanos pierden un pleito contra la administración, paguen las costas haya o no habido mala fe. Pero no ocurre con la Administración, que nunca paga las costas aunque pierda, en un nuevo abuso de poder.
Las costas son los gastos de abogados de ambas partes. Por tanto, si un ciudadano recurre un multa, por ejemplo, y su demanda es desestimada, tendría que pagar las costas de los abogados de la Administración.
Así que fácil es agilizar la justicia, eh?.
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