miércoles, 6 de febrero de 2013

Corrupción y actividad económica. (Política, Economía. 1.226)

Un interesante y completo artículo acerca de la corrupción y los incentivos para corromper y su relación con la actividad económica y el intervencionismo de Juan Manuel López Zafra:
 
 
"Cuanto más corrupto es el Estado más numerosas son las leyes"
Tácito
 
"La corrupción es la vía de la naturaleza para restaurar nuestra fe en la democracia"
Peter Ustinov
 
El análisis económico se ha preocupado históricamente por casi todos los aspectos que rodean la actividad humana. Son conocidos los trabajos de Becker sobre la familia, el crimen o la discriminación, los de intención de voto de Shapley o las bases contractuales y constitucionales de la teoría económica de Buchanan. En general, la aparición de nuevos problemas en las relaciones humanas genera el interés de los economistas, que investigan las causas y consecuencias de los mismos. La corrupción, compañera del ser humano desde sus inicios, ha sido sin embargo una línea de investigación tabú para los economistas, tal y como señaló el Nobel Myrdal. Artículos como el clásico de Rose-Ackerman (“The economics of corruption”) fueron escasos hasta los años 90, momento en el que la literatura económica abordó el problema desde múltiples perspectivas.

Uno de los aspectos más interesantes es el que relaciona la corrupción con el crecimiento económico. Según el Banco Mundial, todos los años se distraen de la actividad económica formal entre 1 y 1,5 billones de dólares (trillones norteamericanos). Distintas agencias internacionales como la Cámara Internacional de Comercio, el Foro Económico Mundial o las Naciones Unidas apuntan a que la corrupción alcanzaría un 5% del PIB mundial. La Unión Europea emitió un informe en 2011 en el que alertaba sobre la pérdida anual de alrededor del 1% del PIB de la UE (unos 120.000 millones de euros) en actividades relacionadas directamente con ella. En China, de acuerdo con diversos informes, el PIB estaría dejando de recoger del orden de un 14% de la actividad económica real. Los análisis del Banco Mundial señalan que la mortalidad infantil podría disminuir nada menos que alrededor del 75% y la actividad económica tres puntos más en los países más afectados.

Son varias las causas de la corrupción, todas ellas relacionadas siempre de forma general con la intervención del Estado en la economía y, de forma particular, con la política gubernamental. Ya Krueger planteaba que las restricciones al comercio eran fuente de corrupción (el título de su artículo, "The rent-seeking society", es revelador al respecto). Ades y Di Tella observaron cómo a mayor grado de apertura de la economía, menos corrupción, y en un artículo anterior señalaron que los subsidios a las manufacturas mostraban una significativa correlación positiva con los índices de producción. La abundancia de recursos naturales (como indican Sachs y Warner), los bajos salarios de los empleados públicos (junto con la percepción ser inmunes a las sanciones, como señalan Haque y Sahay, del FMI) o tanto la obra pública como la industria militar (de acuerdo con Shleifer y Vishny, que las señalan como ejemplo de actividades en las que el precio de mercado es difícil de determinar) son elementos coadyuvantes. Goel y Nelson, del Banco Central de Finlandia, señalan la íntima relación entre el tamaño y el alcance del Gobierno con la corrupción, señalando que a mayor descentralización, menor corrupción. No son los primeros en presentar la presencia histórica de un país como un elemento cultural a considerar.

Las consecuencias económicas de la corrupción (de las morales no voy a hablar aquí) son variadas. Mauro efectúa un muy interesante análisis del efecto de ella en la estructura de gasto de los países, empleando una muestra de más de 100, y comprueba una primera, terrible. Una mayor corrupción afecta al gasto en educación. Previamente había observado cómo una mejora de una desviación típica en el índice de corrupción se asociaba a un incremento de la inversión de un 5% y un crecimiento del PIB de 0,5 puntos.

Las soluciones posibles pivotan entre dos extremos, ambos moralmente objetables. La coacción (representada por el ejército de inspectores de Hacienda, al servicio de un Estado Leviatán en la concepción de Brennan y Buchanan) y la compra de voluntades individuales por el Estado (como la de las loterías señalada por Wan en su “The incentive to declare taxes (…)” de 2010; la idea, en vigor desde los años 50 en Taiwán y adoptada recientemente por China, consiste en incentivar a los ciudadanos por no defraudar, en vez de sólo perseguir la evasión con todos los gastos (y frustración) que ello supone, mediante la incorporación de un número de lotería en el recibo oficial de venta.

Según el autor, y a pesar de que señala que los premios deberían ser mayores para conseguir una optimización del efecto, los ingresos fiscales se incrementaron un 17% en el período de estudio). Aunque lo que claramente ha probado la historia es que el arma más eficaz es la reducción de los impuestos; desaparece el incentivo a no pagar el IVA cuando este disminuye a niveles razonables y, como probó el denostado por muchos economistas del mainstream Arthur Laffer, mejorar con ello la recaudación fiscal (que si a nivel macroeconómico a algunos no nos deja ninguna duda, a nivel micro aún menos; De Boer, por citar sólo un ejemplo, prueba cómo una reducción del 1% de los impuestos en las loterías genera un incremento de las ventas en un 1.2%). Sin duda es esta la solución menos objetable moralmente, al no generar estímulos al fraude ni reducir la voluntad individual a un objeto del tráfico mercantil.

La libertad económica contra la corrupción

Hace pocos días, Diego Sánchez de la Cruz, en un interesante artículo, planteaba que la libertad económica era la receta más efectiva contra la corrupción. Citaba el informe de Pavellas de 2010, que relaciona la posición de un país en el índice de Transparency International con el de libertada económica de la Heritage Foundation. Una somera actualización de la relación permite observar que los cinco primeros países del último ranking de libertad económica están situados entre los 14 primeros del Índice de Percepción de Corrupción 2012 de Transparency International; ninguno de ellos obtiene menos de 77 puntos (en una escala de 100, en la que el mejor obtiene 90). De los cinco últimos con menos libertad económica, sólo Cuba se encuentra en una posición intermedia (48 puntos en la escala de Transparency International), encontrándose los otros cuatro entre los 25 más corruptos del mundo. En el siguiente gráfico relaciono la puntuación en el Índice de Libertad Económica de 2012 (eje horizontal) con la del Índice de Percepción de la Corrupción de la misma fecha (eje vertical); a diferencia de Pavellas, he optado por un ajuste exponencial, frente al suyo lineal. Ambas características presentan un 67% de causas comunes. Se comenta por sí mismo.



Así pues, parece claro que, en economías como la nuestra, sin acceso a recursos naturales pero en las que la actividad económica se rige fundamentalmente por los designios públicos, la solución pasa por una reducción de la intervención estatal en la economía. Piensen en el Plan PIVE (que planteo simplemente como ejemplo, sin segundas intenciones): el Gobierno subvenciona la adquisición de vehículos con ciertas características, con el sano deseo de recuperar la actividad productiva y el empleo. ¿No podría darse el caso, hipotéticamente, de que los fabricantes presionasen al Gobierno para mejorar su posición? ¿No sería más razonable reducir los impuestos que gravan el sector? Claro que entonces el Ejecutivo dejaría de tener el control sobre esa parte de la actividad económica, permitiendo al ciudadano tomar sus propias decisiones sin otras restricciones que las de su propio presupuesto.

A mayor cantidad de normas, a mayores restricciones a la libertad, a más control público, más incentivos para corromper. Como le dije a Diego, sólo con más libertad se combate la corrupción."

Fuente: El Confidencial

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