Uno de los despropósitos de nuestro sistema, que incitan e invitan a la corrupción, al descontrol de las cuentas públicas y a la mala toma de decisiones con intereses diversos, y es que siguen sin cerrarse por completo ni siquiera las del 2009:
"Los ayuntamientos se escaquean de la obligación de someter su contabilidad al escrutinio de las Cámaras de Cuentas de sus respectivas comunidades autónomas. Y eso que la ley lo exige. Cerca de 2.240 municipios, aproximadamente un 30% del total que existen en España, tienen todavía pendiente esa tarea.
Las cifras, avaladas por las propias Cámaras y por el Tribunal de Cuentas, son todavía más llamativas si se tiene en cuenta que están calculadas "a fecha actual", es decir, mucho después del día 15 de octubre de 2011, la fecha tope en la que se supone que los alcaldes deberían haber puesto sus números bajo la lupa de la autoridad fiscalizadora.
Pero aún es posible tomar mayor conciencia del problema si se considera que ni el ejercicio 2010, ni tan siquiera el 2009 se pueden dar por completamente cerrados a este respecto.
Dentro de este panorama de incumplimiento generalizado, el descenso a los detalles revela un grado de rendición de cuentas muy dispar de acuerdo con la región que se considere (dentro de una estadística que no considera ni al País Vasco ni a Navarra).
En uno de los polos se hallan las Islas Baleares, donde el porcentaje de municipios que han hecho los deberes se sitúa en el 97,40%. Casi todo lo contrario ocurre en Asturias, donde aún queda más de un 40% de alcaldes por presentar los números, pero la situación llega a ser todavía más grave en Andalucía.
La comunidad autónoma que preside José Antonio Griñán, la más poblada de España, ve cómo sólo el 22,52% de sus municipios ha tenido a bien someterse a los controles de la Cámara de Cuentas. Con todo, no son los peores resultados de 2011, dado que que se acumula todavía mucha información que dar de ejercicios anteriores. Del correspondiente a 2010 sólo hay un 43,88% de las cuentas presentadas, pero es que ni siquiera un año ya tan alejado como 2009 se puede dar por cerrado, puesto que el grado de rendición de Andalucía se queda en el 50,92%.
De hecho el cien por cien de los deberes hechos en ese ejercicio sólo lo presenta, una vez más, Baleares. Y no hay visos de que pueda subsanarse lo que queda en poco tiempo. De hecho son multitud los ayuntamientos que aducen excusas de todo tipo para no someterse al escrutinio.
Pretextos frecuentes
De acuerdo con los inspectores el pretexto más frecuente es la ausencia de medios, sobre todo, en lo que respecta a los ayuntamientos más pequeños. Y de poco sirve que se incrementen los plazos para la presentación.
Con todo, estas mismas fuentes abogan, para solucionar el problema, por no cargar toda la presión sobre los municipios, sino también hacer un llamamiento a las comunidades autónomas. "Los gobiernos regionales", apuntan, "podrían desempeñar una labor de asesoramiento técnico y de asistencia que pudiera servir para que los alcaldes no se vieran tan ahogados a la hora de cumplir con su obligación".
Sea como fuere, también es cierto que, en no pocas ocasiones, los municipios tienen cosas que ocultar y, por ello, eluden frecuentemente la fiscalización. Dentro de las faltas más habituales, se encuentran las que afectan a la convocatoria de concursos públicos. No es infrecuente que la adjucación de un servicio se produzca después de procesos en los que no se ha garantizado la máxima competitividad y concurrencia, según los funcionarios fiscalizadores que más de cerca tratan con las Administraciones locales.
Por otro lado, la dificultad de someter a un control efectivo al alto número de municipios que existe en España, los cuales son más de 8.200 de acuerdo con los datos más actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene unas consecuencias que van más allá de la pura logística. No en vano la reforma misma de la Administración local que aún tiene pendiente el Gobierno puede verse dificultada. Ésta requerirá de una auditoría profunda, que se desarrollará durante el plazo de un año, para conocer cuál es la verdadera fotografía de este ámbito del sector público en la actualidad y redimensionar donde sea preciso. Difícilmente podrá determinarse si aún no están todos los cabos atados de ejercicios tan lejanos como el propio de 2009."
Fuente: El Economista
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