sábado, 17 de septiembre de 2016

El impuesto de patrimonio lastra el empleo

José Ramón Sanz sobre los muy negativos efectos de los impuestos al patrimonio, que se están volviendo a instaurar o incrementar en España por diversos partidos.


Un auténtico error que va contra la creación de empleo, la financiación empresarial, la inversión empresarial, el consumidor y trabajador (lleva a menores contrataciones, a menores salarios y a mayores precios de los productos y peor calidad de los mismos por la menor inversión y menor aumento consecuente de la capitalización, del ahorro y de la productividad).
Lleva a su vez a la fuga de capitales, a la deslocalización de empresas, al abuso expoliatorio por doble imposición del mismo dinero (primero por renta o beneficios y luego doblemente por patrimonio)...
Artículo de El Economista: 
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CEIM, la confederación de empresarios mayoritaria de la Comunidad de Madrid, está integrada por empresas asociadas directamente y por asociaciones empresariales de carácter sectorial horizontal; siendo mayoría las empresas familiares. El propósito de todo empresario es contribuir con la creación de riqueza al empleo, al equilibrio fiscal y al soporte del estado de bienestar, buscando asegurar la sostenibilidad de sus actividades empresariales en beneficio del interés general.
Uno de los fines de CEIM es propiciar el desarrollo del mejor marco económico, financiero, político, legal y fiscal que favorezca el crecimiento y sostenibilidad de sus asociados y de todas las empresas de Madrid.
La crisis financiera mundial provocó una fuerte caída de la actividad económica y una insuficiente financiación a disposición de las empresas, que supuso un extremado aumento de los concursos de acreedores, muchos de los cuales no terminaron en quiebra debido a que sus accionistas soportaron con su patrimonio la financiación de sus empresas, bien por aportación directa de capital o satisfaciendo las garantías solidarias solicitadas por las entidades bancarias para la concesión de créditos.
Pese al gran esfuerzo realizado por los empresarios y sus familias, el desempleo, afectaba en 2013 a más de seis millones de personas. A día de hoy, esta tragedia continúa para las familias de más de 4 millones de desempleados, por lo que, si bien la situación ha mejorado, para los empresarios y los trabajadores la crisis sigue estando muy presente en nuestra vida diaria.
Es sabido que el Impuesto sobre el Patrimonio es injusto y confiscatorio; ya que supone una doble imposición, tanto en su generación como en su tenencia; distorsiona las decisiones de inversión; favorece la deslocalización de actividades empresariales, así como de capitales y penaliza el ahorro. Y detrae recursos económicos de familias y empresarios que podrían destinarse al consumo y la inversión, provocando un efecto negativo sobre el crecimiento económico y la generación de empleo, tal y como se ha reflejado en diversos estudios, como el realizado para veinte países de la OCDE (Hansson, 2010). Y así lo han entendido nuestros vecinos de la Unión Europea, donde únicamente Francia mantiene un impuesto similar.
En este contexto, y teniendo en cuenta que el patrimonio de los empresarios es una de las principales fuentes de financiación para autónomos, pequeñas y medianas empresas (que son mayoría en España), no se entienden las declaraciones de los que piden la restauración y la armonización del Impuesto sobre el Patrimonio y del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todas las comunidades autónomas.
Desde CEIM, con plena conciencia de nuestra responsabilidad vamos a seguir dialogando con todos los partidos políticos, instituciones públicas, sindicatos, y demás agentes sociales y económicos para transmitirles nuestra preocupación por los efectos negativos que tendría la reimplantación de estos impuestos en el crecimiento y sostenibilidad de las empresas porque limitan su financiación, y penalizan la creación de empleo.
Por tanto, los empresarios de Madrid proponemos la total eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en todas las Comunidades Autónomas del país, convencidos de que actuamos en defensa de todas las empresas españolas y madrileñas y, en especial, de los autónomos y pequeñas y medianas empresas (mayoritariamente empresas familiares) y de que así, contribuiremos a disminuir la vergonzante lacra del desempleo.
En cualquier caso, nos opondremos de forma firme y activa a la eliminación de las bonificaciones existentes de estos impuestos en la Comunidad de Madrid desde el 2008 que, sin duda, han ayudado a reducir las dramáticas consecuencias de la crisis para muchos ciudadanos y empresas en nuestra región.

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