martes, 2 de agosto de 2016

El PSOE enchufó al 61% de la plantilla de un pueblo de Sevilla

Es otro gran ejemplo de lo que es la política. Un juego de poder, en la que élites extractivas luchan por rentas crecientes y privilegios extraídos al indefenso ciudadano. Una lucha de poder en la que pretenden acapararlo en beneficio propio y de los suyos y cercanos. A cambio, eso sí, deben pagar un precio para mantener el poder. El pago de favores y réditos (vía subvenciones, colocaciones, leyes favorables, rescates...) a diversos grupos de presión y lobbies para ganar su apoyo, comprar su voto y mantener lo que realmente importa, el poder. 


Este ejemplo es otra muestra vomitiva en la que se ponen de manifiesto la falta de higiene democrática, los enormes incentivos a la corrupción, a la ilegalidad, al despilfarro y a la irresponsabilidad y la profunda indefensión del ciudadano ante cada ataque a su bolsillo por parte del político. 

Contratos irregulares con colocaciones a dedo a diestro y siniestro: Consecuencia para el infractor y responsable? Ninguna. 

Incentivo Perverso: Apoyo político y votos de familias con empleo público (eso es lo que se ve. NO se ve, la destrucción de empleo en el sector privado que ello supone, el incremento de impuestos que ello supone, la mal asignación de recursos que ello supone, el incremento de déficit y deuda, con pago de intereses que paga el contribuyente, el recorte de recursos en donde sí haga falta pues son empleados en pago de puestos innecesarios e improductivos, la destrucción de riqueza que se produce al dirigir recursos de economía productiva a improductiva...). 
Forma de combatirlo: Ninguno. Los políticos no tienen responsabilidad patrimonial ni penal, ni pública alguna. Como mucho, si se descubre el pastel al cabo de x años, se dirá "mala gestión", y probablemente no tiene ni castigo electoral. No se les deshabilita para siempre de la vida pública, no se prohíbe y se permite tales contrataciones, no se les multa fuertemente al ayuntamiento (no pudiendo extraer más dinero del contribuyente hasta que lo salde con recortes de gasto), no se les multa fuertemente a los responsables con su propio dinero y patrimonio. No se produce despidos inminentes y fulgurantes sin derecho de ningún tipo a todos los contratados ilegalmente, a sabiendas que lo son y que están participando en un fraude (al contrario, se les premia y privilegia, lo que es todo un mayor fraude y discriminación frente al resto de ciudadanos y/o empleados públicos legales) o manteniendo el puesto o pagándoles enormes indeminizaciones, lo que supone un doble castigo para el ciudadano que tiene que pagar todavía más por una irregularidad pública. 

Pero esto es España, esto es lo que nadie quiere cambiar (ni siquiera debatir). Luego vienen las sorpresas por corrupción, fraudes, irregularidades, impuestos, deuda...

No es una cuestión de cambiar caras, sino incentivos y capacidad arbitraria por parte del político. Y esto lejos de pretenden resolverse, reduciéndolos drásticamente, se pretende bien no haciendo nada (en cuanto a incentivos), bien aumentando enormemente el poder arbitrario del político para hacer y deshacer (más intromisión en la vida del ciudadano y en los acuerdos voluntarios de la sociedad civil o mercado). 

Manuel García (dcha.), ex alcalde de El Viso, durante una visita de Susana Díaz,. ESTHER LOBATO

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