Cuando Pedro Sánchez (PSOE) ponía de modelo al socialismo andaluz para cambiar España, no lo decía en vano. Un modelo fracasado, de miseria, de elevado paro, de corrupción a espuertas, de control absoluto de la administración y medios, y cómo no de impuestos elevadísimos, de regulación y burocracia que frena el crecimiento y mantiene una sociedad dependiente y clientelar.
Eso es precisamente lo que está llevando a cabo a nivel nacional. La pretendida armonización de impuestos entre comunidades no es más que una nueva trampa para tratar de ocultar subidas masivas de impuestos a los ciudadanos.
Es la prohibición e impedimentos de que las Autonomías puedan bajar impuestos, obligándolas a subirlos para igualarlos a aquellas comunidades que tienen los mayores infiernos fiscales.
Es una nueva muestra de la hipocresía y falsedad, pues mientras hablan de diversidad, de descentralización de competencias a las autonomías, de gestión autonómica...solo es así para los gastos (para lo que les interesa), impidiendo la independencia o la autonomía en la gestión de los ingresos (cuando va en la dirección que no les gusta a estos autoritarios o según la región, pues para gobernar si las cede a ciertas autonomías).
Carmen Obregón se hace eco del impacto que tendrá en este caso para los madrileños la pretendida armonización fiscal de Montero (PSOE).
Artículo de El Economista:
María Jesús Montero. eE
La intención del Gobierno de Pedro Sánchez de poner en marcha la armonización de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones este próximo otoño ha recibido una cascada de reacciones, entre ellas la de la Comunidad de Madrid, una de las administraciones regionales que más perjudicadas se verían.
La medida, que no es más que la subida o gravamen de este tributo en las comunidades donde el impuesto está más bonificado, podría llegar a costar 2.000 euros al año a cada contribuyente madrileño, provocando un impacto económico negativo de 5.900 millones de euros en las arcas de la comunidad.
Fuentes de Hacienda de la región madrileña estiman, además, que a esta cantidad habría también que sumar el impacto de las subidas de impuestos del programa electoral estimado en 1.000 euros más.
En la actualidad, el impuesto de Patrimonio -delegado a las competencias autonómicas- solo existe en Suiza, Liechtenstein y Noruega. Con los años ha ido desapareciendo de Austria, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. En España se aplica de manera temporal desde 1977. Es en el año 1991 cuando queda fijado de forma permanente. Tiempo más tarde, en 2008, José Luis Rodríguez Zapatero lo suprimió, y justo tres años después, volvió a implantarlo con la crisis.
Enemiga pública de Andalucía
Como Madrid, Andalucía ha sido otra de las comunidades que ha puesto el grito en el cielo. Con la nueva administración del PP y Ciudadanos que ha tenido lugar una rebaja fiscal ha servido para recaudar más y para mejorar los servicios públicos, de manera que, en 2019 se han recaudado 550 millones de euros más con la bajada de impuestos, dice el consejero andaluz de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, quien insiste en que "Montero es el enemigo público número uno de Andalucía", sentenciaba.
Dispuesto a llegar hasta los tribunales, Bendodo afirmaba que, "bajando impuestos se reactiva la economía y se crea empleo y eso es lo que queremos seguir haciendo", recalca Bendodo, quien en su opinión, parece que a la ministra no le basta con decir que no va a pagar los 537 millones del IVA o con recortar 127 millones de las entregas a cuenta a Andalucía.
Desde CEOE-Cepyme Madrid, sus presidentes, Antonio Garamendi y Miguel Garrido, también han manifestado su rechazó hacia la armonización fiscal que pretende llevar a cabo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, razón por la que le piden que, de hacerla, se haga "a la madrileña"; es decir, exigiendo que todas las CCAA bonifiquen como Madrid estos impuestos. Para Garamendi, Madrid no ejerce dumping fiscal, por eso no entiende que el Ejecutivo pretenda reducir las competencias fiscales autonómicas mientras transfiere muchas otras.
Hasta ahora, la Comunidad de Madrid ha apostado por una política fiscal basada en impuestos bajos, lo que según datos de la Consejería de Hacienda ha permitido un ahorro medio a los madrileños de 15.000 euros, gracias a las distintas rebajas y bajadas desde 2004.
Nada más conocer la medida Montero, el consejero del ramo de Madrid declaraba que al Ejecutivo central "le molesta que Madrid sea la región con los impuestos más bajos, aunque es la región que más recauda en IRPF, IVA e impuestos especiales, siendo, además, la segunda que más ingresa en Sucesiones y Donaciones".
Según datos del negociado de Javier Fernández-Lasquetty, en los últimos 15 años, Madrid bajó una media de un 25% el IRPF a las rentas más bajas, lo que en su opinión, ha posibilitado que esta Comunidad sea la región que más ha crecido (un 3,7% en 2018), que más inversión atrae (64% en 2019), que crea más empresas (una de cada cuatro en España) y que genera más empleo (100.605 en el último año).
La paradoja vasca
La intención de armonizar estos impuestos, también ha suscitado el rechazo de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso advierte de que su Gobierno no piensa quedarse callado, y contempla la vía judicial.
Rescatando las transferencias que el Gobierno de Sánchez está dispuesto a conceder al País Vasco, Ayuso ha puesto el acento en la desigualdad de trato entre las comunidades, subrayando cómo estos días se habla del traspaso de la Seguridad Social al País Vasco, al tiempo que adelanta la intervención fiscal del Estado a competencias delegadas a las comunidades autónomas. Por ello dijo que "lo que está ocurriendo en España es gravísimo, ya que, mientras el Gobierno le da la Seguridad Social al País Vasco, rompe la igualdad entre todos españoles, y ahora pretende a partir de octubre hacer una subida de impuestos a todos los madrileños", señala la mandataria madrileña.
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