sábado, 29 de septiembre de 2012

Siete de cada diez empresas públicas de entidades locales contratan "a dedo". (Política, Economía. 906)

El dato pertenece a Castilla y León pero es extendible a todo el ámbito nacional, donde se funciona exactamaente igual. Es decir, contrataciones a dedo, sin informes de control ni eficacia, sin inspecciones de su contabilidad por parte de organismos de Intervención... pero siguen funcionando con el elevado coste que tienen para el ciudadano, provocando recortes en temas más importantes y subidas de impuestos adicionales para mantener el tinglado:

"El 77% de los contratos de personal realizados por empresas públicas de las entidades locales de la Comunidad incumplen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad según un informe del Consejo de Cuentas sobre la gestión de recursos humanos en las empresas públicas dependientes de ayuntamientos y diputaciones correspondiente al año 2008.
De las 49 sociedades participadas al cien por cien por la misma entidad pública, sólo se ha rendido la información de forma completa de 23 sociedades (46,94 por ciento), de forma incompleta de 10 (20,41 por ciento) y no se ha recibido ninguna información de 16 (32,65 por ciento); de las 17 sociedades participadas mayoritariamente por ayuntamientos o diputaciones, no se han rendido las cuentas de nueve sociedades (52,94 por ciento); y no rindieron cuentas ninguna de las dos sociedades participadas por más de una entidad local de Castilla y León.
El informe pone de manifiesto que existen cinco sociedades que en 2008, a pesar de estar en proceso de disolución por inactividad o por tener un patrimonio neto inferior a la mitad del capital social, continuaban pagando dietas a los miembros de los consejos de administración.
En el informe, presentado este jueves en las Cortes de Castilla y León, se explica que ninguna de las nueve empresas analizadas dispone de un procedimiento escrito para la selección de personal y que cinco no se sometieron a un informe de control financiero o de eficacia en los ejercicios 2007, 2008 y 2009, por parte de la Intervención de la corporación local. "Además, la contabilidad de las sociedades analizadas, en ningún caso fue objeto de inspección por parte de la Intervención de la corporación local de la que dependían debido a que los respectivos plenos no habían dictado los procedimientos a seguir".
De las 49 de sociedades publicas que contabilizó el Consejero de Cuentas en 2008, seis son propiedad de las diputaciones provinciales, 13 de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, y 30 de ayuntamientos por debajo de dicho nivel de población. Además, el 59 por ciento adoptan la forma de sociedades anónimas y 20 son sociedades de responsabilidad limitada (41por ciento).
Teniendo en cuenta la actividad que desarrollan, 11 (22,45 por ciento) son sociedades de economía de mercado, dedicadas principalmente a la distribución de energía eléctrica (4), a la comunicación, radio y televisión (2), y a otras actividades varias como la hostelería, al cultivo de vid, a la industria de la madera, a congresos y exposiciones y a la gestión y explotación de una estación de invierno. 38 son sociedades de servicio público, de las que 33 son municipales y solamente una de ellas presta servicios mínimos obligatorios (transporte). Las 32 restantes prestan servicios públicos no obligatorios. En cuanto a los servicios públicos prestados destacan por su importancia 25 sociedades dedicadas a actividades inmobiliarias (urbanismo, vivienda y polígonos industriales), cinco a turismo, tres a promoción y desarrollo económico y tres a la gestión de residencias de tercera edad.
El informe también señala que en 32 de los 46 expedientes analizados relativos a la constitución de las sociedades mercantiles las razones invocadas por los ayuntamientos para justificar la creación de nuevas sociedades se basan, esencialmente, en la presunta ineficacia de las unidades administrativas que previamente gestionaban los servicios municipales, o en el caso de nuevas actividades en que la gestión a través de las sociedades sea más operativa y eficiente, "sin que esas razones hayan quedado adecuadamente justificadas en los expedientes", apunta el Consejo."

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