Un artículo sobre la enorme presión de los lobbies y el juego político en el que todos salen muy beneficiados a costa del contribuyente y del progreso (pues dichas regulaciones suponen enormes trabas a la competencia, a la libre empresa y a la mejora de la producción y a su incentivo, encareciendo enormemente los productos y afectando negativamente al empleo.
Un juego de presiones, sobornos, corrupción y legislación a golpe de intereses varios, que no tienen nada que ver con el interés del ciudadano.
Son las consecuencias del intervencionismo, la regulación, la burocracia y el ataque constante al libre mercado. Por supuesto, lo sabrán vender muy bien para que el ciudadano lo acepte de buen grado y en su interés.
Afortunadamente, la evidencia y los daños causados por tanta burocracia va abriendo los ojos a más de uno.
Artículo de El Mundo:
"Cuando el Parlamento Europeo estaba negociando la aún inconclusa reforma de la directiva de protección de datos, el eurodiputado conservador británico Malcolm Harbour presentó una serie de enmiendas que contenían párrafos copiados literalmente de las propuestas que habían hecho grandes empresas tecnológicas como eBay o Amazon. Durante el trabajo preparatorio de la Comisión Europea para definir los objetivos medioambientales de la UE hasta 2030, varios grupos de presión, como Business Europe o la Mesa de Industriales Europeos, mantuvieron distintas reuniones con el colegio de comisarios hasta conseguir rebajar las expectativas de aquella propuesta.
Son sólo dos ejemplos de lo que sucede a diario en Bruselas, la segunda ciudad del mundo con mayor concentración de grupos de presión ('lobbies'), sólo superada por Washington. En una capital donde se decide aproximadamente el 70% de la legislación que afecta a 500 millones de ciudadanos europeos, la actividad de esta industria formada por despachos de abogados, patronales y grandes empresas es frenética. Según el Observatorio Corporativo Europeo, una organización que promueve la transparencia de la política comunitaria, en Bruselas ya hay casi el mismo numero de 'lobistas' (30.000) que de funcionarios de la Comisión Europea (33.000).
Una gran industria de 'lobbistas'
El objetivo de esta industria, que copa la gran mayoría de edificios de oficinas del barrio europeo, se centra sobre todo en la Comisión Europea, encargada de elaborar las propuestas normativas, y sobre los eurodiputados, quienes presentan enmiendas y concluyen el trabajo legislativo. Durante la última legislatura su impacto se ha dejado notar especialmente en las negociaciones para regular el sector bancario, según denuncia el eurodiputado alemán Sven Giegold, quien reconoce que en sólo dos años ha recibido 142 peticiones de encuentros por parte de grupos de presión de la industria financiera. Se calcula que existen aproximadamente 700 organizaciones relacionadas con el sector financiero que gastan una media de 120 millones de euros al año para conseguir modificar las directivas europeas a su gusto.
Después del escándalo destapado en 2011 por el diario británico 'Sunday Times' en el que se descubrió que dos eurodiputados aceptaron sobornos de 100.000 euros al año para influir en la legislación comunitaria, la Eurocámara tomó cartas en el asunto creando un registro para los 'lobbies' y estableciendo un código de conducta que deben respetar sus señorías. El eurodiputado del PP Pablo Zalba también apareció en uno de los vídeos grabados con cámara oculta donde aseguraba que él podía cambiar "cualquier informe que prepare el Parlamento Europeo", aunque advertía después de que no iba a introducir ninguna enmienda que no se hubiese estudiado cuidadosamente y rechazaba el dinero que los supuestos 'lobistas' le ofrecían a cambio.
Código de conducta
El código de conducta que entró en vigor en enero de 2012 define lassituaciones en las que un eurodiputado puede tener conflictos de intereses, obliga a presentar una declaración detallada de sus intereses económicos y pone límites a los regalos y obsequios que pueden recibir durante el desempeño de su función. Enrique Guerrero, eurodiputado del PSOE, defiende la existencia de estos grupos de presión, siempre que estén regulados y sean transparentes, porque los considera una parte fundamental de la democracia participativa.
En 2011, la Comisión estableció un registro voluntario para los grupos de presión, 'think tanks' y, en general, cualquier organismo público o privado que pretenda influir en las normativas europeas. Ya hay casi 7.000 instituciones registradas pero, según denuncia el analista Olivier Hoedeman, "algunas de las 100 mayores corporaciones y agencias privadas están boicoteando este sistema de registro porque les es más efectivo trabajar en la sombra".
Sólo en la industria financiera hay cerca de 500 organismos que no están bajo la supervisión de las instituciones. Otros grandes 'lobbies' cuya tarea no está supervisada son el Consejo de la Industria Química Europea, con más de 170 empleados que representan a un total de 29.000 empresas, la oficina de la City londinense y Foraton, que engloba a la industria nuclear y que gasta cada año más de 1,7 millones de euros en hacer presión sobre los políticos europeos.
La plataforma 'Ethics regulation' y la Alianza por la Transparencia (ALTER-EU) están promoviendo una mayor regulación de estos grupos de presión para evitar casos bochornosos como el que tuvo lugar con la reforma de la directiva del Tabaco, que obligó a dimitir al ex comisario europeo de Sanidad y Política de Consumo, John Dalli, por actuar en favor de la industria tabaquera. "Necesitamos que se dé un paso ambicioso para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas. Un código que sólo hace transparentes los conflictos de interés pero no hace nada por detenerlos fracasa en este objetivo", denuncia la activista Natacha Cingotti."
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