Precios más altos y menos competencia: el coste de las profesiones reguladas

Domingo Soriano se hace eco del informe de la Comisión Europea sobre profesiones reguladas.

Unas regulaciones que crean privilegios y barreras de entrada a la profesión, perjudicando la competencia, encareciendo los servicios al consumidor y los costes a las empresas, dotando de poder a élites y de mayores salarios a sus miembros y creando intereses políticos por su apoyo y lobbies a su alrededor.

Y el más perjudicado? la familia con menor poder adquisitivo, esa a la que supuestamente se le pretende ayuda con más y más regulación.

Artículo de Libre Mercado: 

"Auditor, decorador, delineante, economista, enólogo, guía turístico, instalador de fontanería, tripulante de cabina en un avión o técnico en elaboración de vinos. Si usted quiere trabajar en cualquiera de estos sectores necesita un título (al menos en teoría, porque luego ya se sabe que hay mucha picaresca). España tiene hasta 186 profesiones reguladas. Y no es el país de Europa con más regulaciones de este tipo, ese honor le corresponde a Polonia, con 388.

La pasada semana, la Comisión Europea anunciaba la publicación del mapa de las profesiones reguladas. De esta forma, el Gobierno de la UE presenta una imagen de qué requisitos exigen los Veintisiete para ejercer determinados empleos. La idea sería facilitar a los candidatos la tarea, especialmente si quieren salir de su país de origen. También podría ser un intento por limitar o restringir este tipo de normativas, que ponen en peligro ese mercado único del que tanto se habla.

En este sentido, el comisario de Mercado Interior, Michel Barnier, aseguró que estas normas "responden a realidades, sensibilidades e historias reguladoras diferentes, pero también están en el origen de barreras a la libre circulación de profesionales cualificados. El valor añadido de este mapa es permitir que nos demos cuenta visualmente de estas barreras y orientar nuestros esfuerzos a sectores y profesiones en los que la modernización del entorno legislativo podría tener efectos más benéficos".

Como apuntamos, España aparece en una posición intermedia en el ránking, con 186 profesiones (aunque sumando los diferentes suptipos se ha apuntado que subiría hasta los 217 casos). Mientras, Polonia tiene 338 (o hasta 680 si se subdividen las diferentes categorías). Como podría esperarse, es el el campo de la sanidad y los servicios sociales donde hay más profesiones reguladas (el 37,6% del total), seguida de los servicios empresariales (19,4%) y el transporte (11,8%).

España. Profesiones reguladas por sector

Guías 'peligrosos'

Ni España ni la UE son la excepción. Esta misma semana, The Economist trata la cuestión con la excusa de la ley que obliga a los guías turísticos de Washington a sacarse una licencia (200 dólares y un examen) para poder operar, bajo amenaza de multa y hasta noventa días de prisión. ¿La excusa? Proteger a los visitantes de la capital norteamericana del peligroso guía no cualificado.

Según el semanario británico, en los años 50 sólo el 5% de los trabajadores estadounidenses necesitaba un permiso del Gobierno para ofrecer sus servicios, ahora hablamos de cerca del 33%. En realidad, como apunta el profesor Morris Kleiner, de la Universidad de Minnesota y experto en esta cuestión, "es difícil pensar en una institución del mercado laboral que haya crecido más rápido en los últimos años que la regulación ocupacional".

En el país norteamericano, casi todas estas regulaciones son competencia de los estados, que han ido sumando cada vez más categorías a la lista. Más de 800 casos están incluidos en estas legislaciones estatales. Desde los dentistas de caballos de Texas a los interioristas, hay todo tipo de ocupaciones para las que la administración exige algún tipo de requisito.

La lógica apunta a que este será un fenómeno creciente. Como explica Kleiner, los beneficios de imponer restricciones a la entrada en una profesión están muy concentrados. Los estudios apuntan a que estos puestos de trabajo tienen sueldos más elevados que otros equivalentes pero en los que no existen barreras. Las ventajas no acaban en el salario. Las asociaciones y colegios profesionales suelen tener control en el acceso (establecen cuántos entran cada año), gestionan las pruebas (en muchos casos financiándose con ellas) y, en muchas ocasiones, son los propios trabajadores actuales los que se ganan un buen sobresueldo formando a los candidatos.

También los políticos tienen fuertes incentivos a ampliar este tipo de normativas. Para empezar, eso les supondrá el apoyo de un grupo más o menos importante de la población: los profesionales del sector, que ven cómo es más difícil hacerles la competencia. De hecho, el creciente peso de los lobbies en el proceso de elaboración política está detrás de esta explosión normativa.

Para el ciudadano medio, el anuncio se disfrazará de protección del consumidor. De hecho, uno de los fenómenos más sorprendentes es que, aunque los estudios muestran que las barreras de entrada suponen precios más elevados, son apoyadas en muchos casos por la opinión pública. Por ejemplo, sólo en EEUU, hay informes que hablan de más de 1 billón (trillion en inglés) de dólares en transferencias de los consumidores a los grupos protegidos: "Un dato que incluye el coste de los precios regulados, las barreras de entrada y las obligaciones fiscales. Para una pequeña empresa, cumplir con todas las regulaciones puede llegar a suponer hasta 7.600 dólares al año".

Mientras tanto, como vemos, el coste está muy repartido. Muchos de los perjudicados (consumidores) ni siquiera saben que están pagando más por tal o cual servicio. Incluso si lo saben, probablemente no estarán directamente afectados en una cantidad muy elevada, por lo que será complicado que se alíen políticamente para acabar con la normativa que dio origen al privilegio.

Registros y licencias

Hay muchos tipos de restricciones para entrar en una profesión. Kleiner los divide en tres grandes grupos: registros, certificaciones y licencias. El primer grupo sólo exige que aquellos que quieran desarrollar su trabajo en un sector lo comuniquen a la administración (quizás con el pago de una tasa). En el caso de las certificaciones, lo que hace el poder público es realizar exámenes y dar un título a los que los aprueben. Eso no quiere decir que los demás no puedan ejercer en ese campo, pero el público sabrá que no tienen ese título estatal.

Por último, están las licencias, que son obligatorias. Las 186 profesiones de las que hablamos antes entran dentro de este campo. En realidad, registros y certificaciones hay a millares, pero tienen mucho menos impacto en lo que hace referencia a los mercados. Son una barrera (por dinero o tiempo) pero no imposibilitan a nadie que realmente quiera que ofrezca sus servicios a los clientes.

Sus defensores apuntan a que un sistema de licencias sirve para elevar la calidad de los servicios y para evitar el intrusismo profesional. En un trabajo de 2010 para EEUU y Reino Unido, Kleiner junto a Amy Humphris, de la London School of Economics y Maria Koumenta, de la Oxford Brookes Universit, no encontraban "ningún efecto positivo en la calidad de los servicios". Eso sí, los sueldos eran un 18% superiores en el país norteamericano y un 13% en el europeo respecto a ocupaciones similares pero sin barreras.

En lo que tiene que ver con los ingresos de los trabajadores de estas profesiones hay una cuestión paradójica. No todos resultan igualmente beneficiados. Cuando se impone una barrera de entrada, ésta favorece especialmente a los que ya están dentro. Normalmente, la nueva licencia tendrá un coste: tasas, pagar la academia o al preparador del examen, los años de espera mientras el candidato prepara la prueba, los estudios oficiales,... Luego, como ya se ha apuntado, el que apruebe tendrá un sueldo más elevado, pero a esas ganancias habrá que restarle esos gastos, por lo que el neto no será tan elevado.

De hecho, lo que se forma es un círculo vicioso. No hay más que imaginar la situación de un trabajador de uno de estos sectores: él soportó un coste elevado para acceder a su puesto y puede que incluso todavía esté pagando esos gastos. Muy probablemente, esperará recuperar parte de su inversión vendiendo su licencia (si hay un número cerrado) o formando a los candidatos. Por lo tanto, su oposición será fiera ante cualquier gobierno que trate de cambiar la regulación. Y es lógico, todos los incentivos le empujan en esa dirección. Es que el perjuicio económico para él y para sus compañeros podría ser muy elevado.

Del mismo modo, casi nunca se habla de los principales perjudicados: las familias con menos poder adquisitivo. En este caso, los hogares de rentas bajas salen perdiendo por dos vías. Como consumidores, puede que no puedan pagar el sobreprecio derivado de las barreras de entrada (quizás acaben en el mercado negro). Como posibles candidatos, lo tendrán más difícil, porque quizás no tengan recursos para hacer frente a los gastos apuntados anteriormente para obtener una licencia."